Moncloa apunta a Puigdemont y El Prat de Juli Fernández

La reforma del Código Penal podría facilitar la extradición de Carles Puigdemont. Esa tesis del Gobierno, expresada por la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, en los siguientes términos: "Hoy estamos más cerca de que los fugados rindan cuentas a la Justicia española, algo que fue imposible con el anterior Código Penal". Es una incógnita. Las cosas de los tribunales europeos van tan despacio como las de palacio en España. Pasados cuatro días hábiles de entrada en vigor de la reforma legal, los letrados de indultados y fugados no tienen nada claro cómo puede afectar a sus clientes. Mientras tanto, Puigdemont aprovecha que la actualidad pasa por su lado para recuperar posiciones en el espacio independentista.

Agitación e incertidumbre forman el marco mental de las fuerzas vivas del proceso, que preparan con entusiasmo la manifestación contra la cumbre hispano-francesa en la que participará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Al hilo, editorializa El País que "no es fácil explicar la esquizofrenia política de un president que entiende la relevancia de acoger un importante acuerdo que afecta de forma directa a Barcelona (por la conexión con Marsella para el nuevo conducto para el hidrógeno verde) y a la vez milita en un partido que protesta en la calle por la misma causa que aprueba Aragonès en la Generalitat. La cumbre en Barcelona es algo más que un gesto de Sánchez hacia Aragonès. La traslación práctica de una conciencia plural de España pasa por la habilitación efectiva de las autonomías como partes de la urdimbre social, política y económica de una España que no se agota en Madrid. Resulta enigmático sin embargo el papel que el independentismo reserva a la Barcelona (y la Cataluña) del futuro cuando Esquerra defiende a la vez dos posiciones incongruentes. Mantener en la marginalidad a Barcelona y Cataluña sigue siendo una mala idea".

Portada de 'El País' del 17 de enero de 2023

Sea como fuere, El Confidencial señala que "Moncloa rescata la extradición de Puigdemont tras su plan de 'desjudicialización'" y abunda que "el Gobierno intenta frenar el desgaste de sus alianzas con ERC en el arranque del ciclo electoral y matiza su argumentario para endurecer el discurso sobre los efectos de su reforma". El texto es de Iván Gil: "El Gobierno sigue marcando distancias con ERC y el independentismo para reducir el coste electoral de estas alianzas. Una estrategia habitual en precampaña, pero que ahora va un paso más allá para matizar su argumentario sobre la reforma del Código Penal y tratar con ello de combatir el discurso de la despenalización del procés. Tanto es así que, como en la campaña de 2019, cuando Pedro Sánchez prometió "traer de vuelta" a Carles Puigdemont, en la Moncloa se vuelve a rescatar la hipótesis de la extradición para defender que la supresión del delito de sedición y el de malversación que pactaron con ERC dentro de la estrategia de la denominada desjudicialización "la facilita", una vez se reformule".

Y: ""Sería una muy buena noticia para nosotros y para el país", defiende un ministro socialista, complementando así la escalada de mensajes para dar por muerto el procés y negar la posibilidad de debatir las bases para un referéndum, como ha demandado el president Pere Aragonès. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, abundaba en este renovado argumentario este lunes desde Ferraz. Por un lado, defendía que los hechos de octubre de 2017 "fueron delito con el anterior Código Penal y, desde luego, con la actual reforma siguen siéndolo, como es indiscutible después de conocerse el auto del juez Llanera". Por otro, defendía que con la "europeización" del Código Penal, al equipararlo, según su interpretación, a los de países de nuestro entorno, aumenta la probabilidad de éxito de las euroórdenes".

En El Mundo ponen el foco en los que aún están pendientes de juicio por el 1-O. "Jove y Salvadó, los dos cerebros de ERC cuya condena arruinaría el plan de Sánchez en Cataluña", se titula la pieza de Víctor Mondelo, quien escribe que "se está topando ERC con enormes dificultades para justificar ante el independentismo que la «desjudicialización» pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez va a alcanzar los objetivos esperados. Más allá de privar al Estado de las herramientas necesarias para impedir ese nuevo ataque a la unidad territorial que el separatismo promete tozudamente volver a acometer en cuanto se haya rearmado, las debilidades halladas por el juez Pablo Llarena para impedir el gratuito retorno de Carles Puigdemont amenazan con inminentes derivadas que desmontarían el argumentario republicano, ya no ante sus ex socios y siempre adversarios de Junts, sino ante la propia militancia de su partido".

Portada de 'El Mundo' del 17 de enero de 2023

Líneas después se pregunta Mondelo "¿cómo deglutirían sin más los cuadros republicanos el eventual encarcelamiento de sus mártires más postreros: el de los arquitectos del 1-O, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó? ¿Cómo podría seguir defendiendo Aragonès la utilidad de la mesa de negociación, de la granítica alianza con el PSOE de Sánchez, si dos de los más fieles combatientes de Junqueras en ese inflamado otoño de 2017 afrontan una dura pena de cárcel aún después del rediseño secesionista del Código Penal? «El objetivo de la desjudicialización es que nadie más entre en la cárcel y que el exilio vuelva», proclamó Aragonès en septiembre, poco antes de que se fraguara la última concesión del Ejecutivo al soberanismo".

En cuanto al papel marginal de Barcelona que apunta el editorial del diario de Prisa, es relevante la apertura de Crónica Global: "La propuesta del Govern contra los vuelos 'low cost' eliminaría el 70% de pasajeros en El Prat". Otra "jugada maestra". El negocio de las cabras en versión posmoderna. "La medida del consejero de Territorio para relanzar el aeropuerto choca con la normativa del sector, según advierte la patronal ALA", se añade en el sumario. El texto es de Aleix Mercader: "La sugerencia que hizo ayer el consejero de Territorio de la Generalitat, Juli Fernández, de sacar a las aerolíneas low cost del aeropuerto de El Prat para derivar su operativa a instalaciones secundarias como Girona y Reus no solo choca con la normativa del sector, como advierte la patronal ALA, sino que además vaciaría de pasajeros el primer aeródromo catalán. Según las cifras de 2022 recabadas por Aena, cinco compañías de bajo coste alcanzaron una cuota cercana al 70% de viajeros en el último ejercicio. El mismo año en que El Prat encajó el cierre áereo de Asia y, en menor medida, la falta de rutas con Rusia y Ucrania debido a la guerra, que provocaron una caída de 11 millones de usuarios en la infraestructura metropolitana".

Y: "Las cinco aerolíneas fueron Vueling --con un 41,7% de los 41,63 millones de pasajeros que usaron El Prat--, Ryanair --17,8%--, Easyjet --5,07%--, Wizz Air --2,88%-- y Level --Aena no ofrece datos desglosados para la marca barcelonesa ya que la incorpora dentro de Iberia, que como hólding registró un 3,74%--. Una suma que se aproxima al 70% del pasaje. Al margen de la pérdida de usuarios en cifras absolutas, transversal para todos los operadores, los datos de Aena constatan la buena salud de los vuelos asequibles en Barcelona. Así, Vueling ha ganado en porcentaje sobre el total en comparación con 2019: en el año pre-Covid transportó el 38,68% de viajeros, frente al 41,7% actual. También ha ganado presencia sobre el total Ryanair, que ha pasado del 14,85% al 17,84%".

El consejero Juli Fernández también fue noticia ayer porque le explicó a Gemma Nierga cómo se pinta las uñas y que también se las pinta a su esposa. Es un prospecto de "dandy", el consejero más a la moda de todo el Govern.

El caso es que la Generalitat no quiere ampliar el aeropuerto de El Prat pero se pondera instalar un molino eólico experimental en aguas de la Costa Brava, según explica Anna Cabeza en el Abc: "La batalla de las energías renovables tiene una lucha importante en Cataluña. La comunidad, que cubre la mitad de su demanda eléctrica con la producción de sus tres reactores nucleares en activo, busca alternativas para disponer de energía cuando estos cierren en los próximos años y, a la multitud de parques eólicos que se están proyectando, se le suma con cada vez más fuerza la posibilidad de contar con aerogeneradores en el mar, unos proyectos que este mismo año pueden empezar a ver la luz verde cuando el Gobierno apruebe, en cuestión de meses, su regulación".

Continúa la nota: "A la espera de que esto ocurra, y con muchos vecinos cada vez más armados para luchar contra estas instalaciones en sus territorios, la Generalitat se ha puesto cada vez más de lado en un tema que requiere de mensajes claros. «Cataluña necesitará contar con 1.000 megavatios de eólica marina instalada en 2030«, defendió la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, hace un año desde Dinamarca, donde precisamente visitó un parque eólico ubicado frente la costa de Copenhague y añadió que en 2050 esperaba que fueran los 3.500 los megavatios generados por esta vía. Sin embargo, el Govern, ha intentado no posicionarse sobre la instalación de aerogeneradores de proyectos concretos y se escuda en que quién tiene competencias en los parques eólicos de gran envergadura, como los eólicos marinos, es el Estado".

Portada de 'Abc' del 17 de enero de 2023

O sea que para algunas cosas Cataluña es un Estado en ciernes y para otras, lo que diga el Gobierno.

Noticias de sociedad. El exdirector de la agencia catalana de noticias y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, deberá declarar en un juzgado de Badalona por la segunda denuncia de una redactora del digital que dirigía. En este caso, al cargo de agresión sexual se une el de sumisión química. Del texto de Mayte Piulachs en El Nacional: "La segunda redactora detalla en la denuncia que fue agredida sexualmente cuando estaba bajo los efectos de alguna droga o medicamento, el que se conoce por sumisión química, puesto que se despertó dentro del coche con Gordillo agrediéndola. Al día siguiente a la supuesta agresión, la víctima fue al hospital porque se encontraba mal, y le hicieron analíticas, que han indicado que tenía restos de diazepan, un ansiolítico, que mezclado con alcohol puede provocar el estado inconsciente que ella relata en la denuncia, según fuentes conocedoras del caso".

Mala pieza en el telar. Los medios recogen este martes que el Institut del Teatre ha pasado página de las denuncias de algunas alumnas sobre supuestos abusos en el centro. "“El Institut del Teatre ha de ser seguro para los alumnos, pero también para los profesores”, asegura la directora del centro, Sílvia Ferrando", titula Jacinto Antón una pieza que escribe en El País: "El Institut del Teatre (IT), el centenario centro catalán oficial de enseñanza de artes escénicas dependiente de la Diputación de Barcelona, quiere pasar página de la crisis a la que lo abocaron las denuncias de alumnas por abusos y recuperar la normalidad sacudida por el episodio, cuyo protagonista más destacado fue el fallecido director de teatro y profesor Joan Ollé. La directora del centro, Sílvia Ferrando, que accedió al cargo en julio de 2021 tras la dimisión de Magda Puyo y en medio de la tormenta, ha querido este lunes dar por cerrada “una etapa”, mirar al futuro y explicar los proyectos del centro en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha tenido sin embargo que referirse a la polémica por las denuncias y al caso Ollé. Ferrando ha manifestado que el IT “ha de ser seguro para los alumnos, pero también para los profesores”, y para ello cuenta ya con un “Observatorio del bienestar”, en el marco de un “Proyecto Bienestar” que está en desarrollo, destinado a garantizar un marco de seguridad y la presunción de inocencia. Ha sido taxativa al afirmar: “El Institut del Teatre está hoy limpio de acoso”".

Antón explica también que "todos los casos han sido archivados por falta de pruebas, haber prescrito o no estar incluidos en el acoso sexual, ha recordado el gerente. No obstante, ha señalado la doble jurisdicción que se ha ocupado de las denuncias, penal y administrativa, y cómo esta última sí que actuó contra dos personas que tenían relación laboral con el IT y decidió un despido y una sanción temporal de empleo y sueldo (por “mala praxis y conducta invasiva”) a una persona que ya ha sido reincorporada, con seguimiento. Sílvia Ferrando ha subrayado: “Hemos ido hasta el final en el marco legal”, y siempre “con las máximas garantías para todos los involucrados”".

En cuanto a Ollé, la crónica señala: "Preguntada acerca de si se ha hecho una reflexión en el IT sobre el caso Ollé, ha contestado que son conscientes de su impacto humano y el dolor que ha acarreado. Ha apuntado que “hay actitudes y respuestas diversas” en el centro, pero que ella no se atreve a establecer relaciones de causa y efecto entre la polémica y la muerte del director denunciado. Ha valorado que toda la situación, con sus “claroscuros” y “habiendo provocado dolor en mucha gente”, ha hecho del IT un espacio de reflexión sobre el tema".

17 de enero, santoral: Antonio abad, Jenaro Sánchez Delgadillo, Julián Saba, Marcelo obispo, Roselina y Sulpicio Pío.