Tambores de recesión y euforia independentista
La inflación en la zona euro llega al 9,1% y el BCE subirá los tipos. Txapote y Parot, a prisiones del Gobierno vasco. El independentismo saluda con entusiasmo la "condena" a España de la ONU
1 septiembre, 2022 08:17Malas perspectivas económicas. El dato de la inflación en el conjunto de la Unión Europea, el 9,1%, aventura una subida de los tipos de interés y más dificultades para familias y empresas. Hay quien sostiene que se ha llegado al pico de la curva y que a partir de ahora se contendrán los precios, pero el factor Putin puede desestabilizar esta previsión. Viene la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de descartar el racionamiento del gas, pero el plan de contingencia que tiene que presentar España ante la UE sí contempla ese escenario, según apunta El País en un suelto de portada.
Según dicho plan, el racionamiento es un escenario de riesgo plausible, una posibilidad que debe ser tenida en cuenta en un contexto de chantaje ruso en relación al suministro de gas. En cuanto a la inflación, el referido diario da por seguro una subida de los tipos de interés. El texto es de Manuel V. Gómez: "La anhelada moderación de la inflación no llega a la zona euro. Al contrario, ha vuelto a subir: dos décimas respecto a la marcada en julio. Ha llegado al 9,1% y supera por primera vez desde que se creó la moneda única los nueve puntos. Ya se ve el listón simbólico y oscuro de los dos dígitos —por encima del 10%— , un hito que parece estar más en manos del Kremlin, y su poder sobre el grifo del gas, que del Banco Central Europeo, por mucho que lo previsible en su reunión de la semana que viene sea una nueva subida de los tipos de interés. Sea como sea, la combinación de una energía a precios inimaginables hace tan solo un año y una autoridad monetaria subiendo los tipos de interés para contener la inflación abocan, casi sin remedio, a una recesión en esta segunda mitad del año".
Líneas después, la nota apunta que "el nuevo aumento de la inflación, especialmente en países como Alemania, donde el dato homologable con el resto del continente ha llegado al 8,8%, anima a los halcones del consejo de Gobierno del BCE a presionar para que en la reunión del próximo 8 de septiembre el aumento de tipos sea de 75 puntos básicos, como recuerda el servicio de estudios del banco holandés ING".
La escalada de precios tiene como consecuencia inmediata la caída del consumo de gas en hogares y empresas, un descenso cifrado en el 15%, según una información de Carlos R. Cózar en El Independiente: "Las empresas y los españoles ahorran gas por causa de fuerza mayor. El encarecimiento de la materia prima en el último año, que ha sobrepasado el 300% desde el verano pasado, ha provocado que el consumo convencional se haya hundido un 37,7% en el último mes. El saldo también es negativo si ampliamos el foco. Durante el 2022, los hogares y las grandes empresas han dejado de consumir un 15% respecto al mismo período del año pasado (hasta el 31 de agosto), según los datos de Enagás".
Sigue la pieza: "Fuentes del sector energético reconocen que esto se debe a que los hogares “empiezan a notar el incremento del precio del gas” y sobre todo, la paralización de la industria. “Muchas empresas han tenido que cerrar parte de su producción por el alto coste del gas”, que se ha disparado por culpa de la invasión de Rusia en Ucrania".
En el plano político, El Mundo abre su portada con el traslado a prisiones del País Vasco de trece etarras, entre ellos Txapote, el asesino de Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, entre otros, y Henry Parot, a quien se le imputaron más de ochenta asesinatos. Josean Izarra firma en el diario de Unedisa una crónica que alude a las condiciones de los etarras en las prisiones que, como en Cataluña, dependen del gobierno autonómico. Del texto de Izarra: "Soledad Iparraguirre Anboto, una de las pocas mujeres que llegó a la cúpula de ETA y arrastra condenas de 400 años de cárcel, es la encargada de hacer los cafés para presas y funcionarias en el módulo de mujeres de la prisión de Zaballa. Anboto, como el resto del medio centenar de presos de la banda de la prisión alavesa, cumple su condena en un módulo de respeto, goza de un salario pagado por el Gobierno vasco y, como el resto de los jefes de la banda encarcelados ya en prisiones vascas, espera que Arnaldo Otegi cumpla su palabra y logre que los gobiernos de Sánchez y Urkullu aceleren su puesta en libertad. Una política de acelerada reinserción de los etarras que, tras los traslados anunciados este miércoles por el Ministerio del Interior, indigna a los colectivos de víctimas de ETA".
Continúa el texto: "Los ex dirigentes de ETA 'Txapote' y Mobutu y el pistolero Henri Parot se instalarán en los próximos días en las cárceles vascas que desde el 1 de octubre gestiona el Gobierno de Iñigo Urkullu. (...) Representantes institucionales de la coalición abertzale como el parlamentario Julen Arzuaga y el diputado Jon Iñarritu se reúnen periódicamente con los presos de ETA y con los directores de las cárceles vascas para compartir las condiciones de los beneficios de los que disfrutan los presos de la banda. Los condenados por terrorismo no sólo disfrutan de la flexibilidad de los módulos de respeto (espacios autogestionados sin la presencia física de funcionarios) sino que, según fuentes penitenciarias, exigen celdas unipersonales y ser incluidos en las ocupaciones remuneradas dentro de la prisión, como el economato en el que Anboto reparte cafés y coca-colas".
Euforia en el independentismo por la resolución del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dictamina que España violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull por no dejarles ejercer como diputados antes de ser condenados en firme. La historia abre la portada de La Vanguardia. Escribe Josep Maria Calvet: "Al juez que instruyó la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se le acumulan los reveses internacionales después de los sucesivos fiascos con las euroórdenes y los reproches reiterados contra la prisión preventiva de los encausados planteados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. En esta ocasión, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una resolución publicada ayer, considera que España vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspender los derechos y deberes de representación parlamentaria del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, antes de ser condenados".
Y: "Los cuatro políticos, junto con otros cinco líderes independentistas, –todos ellos en prisión preventiva en aquel momento– fueron procesados por Llarena en marzo del 2018 por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento, y en julio fueron suspendidos como diputados en aplicación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos solo cuando se les acusa de rebelión. El comité considera que la suspensión constituyó una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos".
Dos minutos después de trascendido el "fallo", sin consecuencia jurídica alguna, el club de amigos de Laura Borràs se lanzó a exigir que se aplique la doctrina a la expresidenta del Parlament y se le permita dirigir la cámara hasta que no haya la sentencia de lo suyo, la concesión de subvenciones a un buen amigo. Así lo cuenta Nicolas Tomás en El Nacional: "¿Los casos del 1-O y de Laura Borràs tienen puntos en común o no? Es un debate que ha impactado de pleno este verano en los dos socios del Govern de la Generalitat. Hoy a raíz de la resolución de las Naciones Unidas que condena España por haber arrebatado los derechos políticos a los entonces presos políticos. Desde el mismo entorno de la presidenta suspendida del Parlament se han apresurado a invocar el dictamen para defender la inviolabilidad parlamentaria. En cambio, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desmentido estos paralelismos y ha recordado que el de la presidenta de Junts es un caso de posible corrupción. Este mismo jueves la Mesa del Parlament debatirá la petición de reconsideración contra la suspensión, que previsiblemente se mantendrá".
Y: "Ha sido uno de los principales colaboradores de Laura Borràs, el diputado Francesc de Dalmases, que en un tuit en su cuenta ha defendido que "lo que ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es puro sentido común", que "no se puede vulnerar la inviolabilidad parlamentaria sin sentencia previa". En la misma línea, la diputada y secretaria de la Mesa del Parlamento, Aurora Madaula, ha recordado que mañana está convocada la Mesa "donde el único punto será la reconsideración presentada ante la suspensión de Laura Borràs", y que "teniendo en cuenta los argumentos previos, y ahora con esta sentencia, ERC y la CUP tienen la oportunidad de revertir la injusticia. No hay excusas"".
Más noticias. La AP-7 se ha convertido en un inmenso punto negro después de la desaparición de los peajes, una de aquellas reivindicaciones colaterales que contribuyeron a engordar el engrudo del proceso independentista. "Un año después, la Generalitat propone restituir los peajes de la AP-7 en forma de viñeta", apunta la apertura de Crónica Global. El texto viene con las firmas de Sara Cid y Aleix Mercader: "Un año después del fin de los peajes en la AP-7, la Administración sigue sin adaptar la movilidad en la autopista más importante de Cataluña. A falta de un control de acceso a esta vía de alta capacidad, el tráfico y la siniestralidad se han disparado en un solo ejercicio. Una coyuntura que, para más inri, ya fue advertida por patronales como Foment del Treball y Pimec cuando las barreras se levantaron hace justo 365 días. Si el problema se detectó con antelación, la solución, también. La implantación de la llamada euroviñeta se ha perfilado en los últimos años como la opción más efectiva para solventar los problemas en la AP-7, a la vez que para garantizar el mantenimiento de la infraestructura. Pero la falta de acuerdo entre Gobierno y Generalitat ha retrasado sine die la adopción de esta medida. Ello pese a que de forma paradójica es la alternativa favorita por ambas Administraciones y que la institución autonómica ha reclamado desde hace años su aplicación".
1 de septiembre, santoral: Josué, Abigail matriarca, Arturo de Irlanda, Constancio de Aquino, Egidio, Gil de Casaio, Leto cartaginense, Lupo de Sens, Prisco de Capua, Sixto, Terenciano de Todi, Verena, Vicente cartaginense, Vicente de Dax y Victorio de Le Mans.