Varapalo europeo a la lucha contra el fraude fiscal de Montoro

Se trata de un procedimiento abierto hace tres años, pero las conclusiones se han conocido ahora. La Comisión Europea ha dado un enorme varapalo a los mecanismos de lucha contra el fraude que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aplicó durante el Gobierno del PP con la finalidad de cuadrar sus presupuestos. Considera esta institución europea que España vulneró varios tratados con la obligación de información sobre los bienes situados en el extranjero a través del controvertido formulario ‘modelo 720’.

Los hechos se remontan a 2012, cuando Mariano Rajoy necesitaba nada menos que 2.500 millones para cuadrar sus presupuestos. Fue entonces cuando Montoro impulsó una amnistía fiscal, que luego sería declarada inconstitucional. Esa medida, que estaba dirigida a los contribuyentes con bienes ocultos en el extranjero, presentaba una gran inseguridad jurídica, por lo que fueron muy pocos los que se sumaron a esa amnistía. Montoro rebajó del 10 al 1-2% del capital oculto la alícuota a pagar. Solo se recaudaron 1.000 millones, por lo que el ministro puso en marcha una obligación informativo, el famoso modelo 720. Dicho de otra manera, los contribuyentes debían informar de sus bienes en el extranjero, creando un nuevo hecho imponible del IRPF, con independencia de que se tratara de rentas prescritas.

Libertades fundamentales

En su “Dictamen motivo dirigido al Reino de España”, al que ha tenido acceso Crónica Global y que puede leerse en este enlace, recuerda la CE que en 2015 avisó a las autoridades españolas sobre las consecuencias derivadas de la obligación de información sobre los bienes situados en el extranjero y la desproporción del régimen sancionador.

Dichas disposiciones, afirma la CE, pueden afectar a diversas libertades fundamentales protegidas por el Derecho de la UE, como el de libre circulación de personas y capitales. Asimismo, la institución europea considera desproporcionada la imposición de una sanción del 150% de la renta no declarada

La Comisión Europea denuncia que el modelo 720 impone “obligaciones tributarias específicas vinculadas a la posesión de bienes o derechos en el extranjero cuyo cumplimiento no se exige en caso de posesión de bienes o derechos en España”.

“Los defraudadores utilizan medios muy diversos para ocultar sus prácticas fraudulentas y en la respuesta de las autoridades españolas no se justifica por qué ubicar nienes y derechos en el extranjero exige una reacción jurídica más severa que la prevista en los demás casos de fraude”, afirma la resolución.

Esaú Alarcón García y Alejandro del Campo Zafra han participado en el proceso de denuncia ante la Comisión Europea. El primero, como representante de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), el segundo como denunciante.