La hacienda catalana, abocada a la amnistía fiscal

Prescindir de las 52 oficinas liquidadoras, con las que la Generalitat colaboraba desde hace 40 años, va a pasar factura a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). La imposibilidad de asumir todo el trabajo que hasta ahora realizaban los Registradores de la Propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia, aboca a la hacienda catalana a una amnistía fiscal durante al menos un año, según aseguran a Crónica Global fuentes sindicales. Es decir, que el Govern ya no podrá hacer bandera de su capacidad para hacer aflorar el fraude fiscal. Un mérito atribuible a esas oficinas liquidadoras, aunque poco reconocido por el exvicepresidente económico Oriol Junqueras.

En febrero de 2017, el exnúmero dos de la Generalitat --actualmente en prisión preventiva-- informó de que, durante 2015 y 2016, la ATC detectó un fraude de 360,42 millones de euros. La mayor cantidad se registró en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con 145,2 millones, un 40,2% del total; seguido del impuesto de sucesiones y donaciones con 133,4 millones (37%), el impuesto sobre patrimonio con 59,9 millones (16,6%), y los tributos sobre el juego con 20,1 millones (5,58%). Se da la circunstancia de que las oficinas liquidadoras eran las responsables de revisar el impuesto de transmisiones y el de sucesiones y donaciones, precisamente los que más fraude fiscal afloraron.

Una "estructura de estado"

La ATC debe absorber ahora la labor de estas 52 oficinas liquidadoras a través de sus propias oficinas territoriales, algo que, según las mismas fuentes, puede provocar un bloqueo y la pérdida de unos 100 millones de euros. De hecho, gracias al convenio con las oficinas liquidadoras, en 2013 se evitó el colapso, dado que la ATC no se veía capacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona. Para la ATC, no ha sido fácil encontrar a profesionales con larga experiencia en labores de ejecución y revisión de expedientes. Lo demuestra el hecho de que las últimas convocatorias de oposiciones y concursos para cubrir plazas en la hacienda catalana, llamada a ser una "estructura de estado", no fueron cubiertas.

En octubre de 2016, la secretaría de Hacienda de la Generalitat comunicó a los representantes de los Registradores su intención de denunciar el convenio el 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de lo previsto. Por ello, este colectivo ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo en fase de resolución.

La decisión de Junqueras (ERC) de revocar el convenio con los Registradores de la Propiedad provocó un goteo de mociones municipales favorables a la continuidad del mismo. El caso más curioso tuvo lugar en Cerdanyola, donde ERC era favorable al mantenimiento de su oficina.