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Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, en la entrega de los Premios Pelayo 2018 / EFE

El Supremo apartará temporalmente a Marchena del juicio del 1-O

El alto tribunal estudiará la recusación del juez a petición de los políticos presos, lo que obliga al magistrado afectado a inhibirse durante la tramitación

22.11.2018 08:27 h.
3 min

El Tribunal Supremo tramitará las alegaciones presentadas por seis acusados del procés para recusar a Manuel Marchena como juez del 1-O. La Sala de lo Penal nombrará un instructor que decidirá si la solicitud se eleva a la sala correspondiente --la 61-- para  este tipo de reclamaciones. Mientras se tramite, Marchena quedará apartado del procedimiento, y le sustituirá en la presidencia del tribunal el magistrado de más antigüedad: Andrés Martínez Arrieta.

El instructor, según publica El Confidencial citando fuentes jurídicas, sería Francisco Monterde. El juez Arrieta, que ya fue presidente provisional del juicio del procés durante las semanas en que Marchena fue propuesto para dirigir el Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asumirá el caso hasta que el asunto haya quedado resuelto.

Procedimiento

El pasado mes de septiembre, la Sala 61 inadmitió otras recusaciones contra miembros del tribunal, entre ellos, su presidente. En la misma participan el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y los presidentes de las cinco salas de este tribunal, menos el afectado. Y también el magistrado más antiguo y más reciente de todas ellas.

Los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde hace un año por el referéndum ilegal del 1-O, han pedido apartar a Marchena después de haber trascendido los polémicos whatsapps del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que justificaba su nombramiento como presidente del Supremo y del CGPJ, poniendo además en cuestión la independencia del poder judicial. Y piden que este último declare como testigo.

Las defensas de los acusados del procés independentista denuncian una presunta "politización general de la Justicia". Varios de los procesados por delitos de rebelión y malversación han pedido, además, una ampliación del plazo para presentar sus escritos de defensa. Y, en algunos casos, tener hasta 90 días para estar en igualdad de condiciones respecto a las acusaciones, que tuvieron tres meses para entregar sus calificaciones provisionales. La intención, pese a todo, es no alterar el calendario previsto y arrancar la vista oral en diciembre. La tramitación de la recusación también afectará.

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