Menú Buscar
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas (izquierda), y el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell (derecha), en los pasillos del Parlament / EFE

La Sindicatura aflora la mala gestión de Artur Mas durante la crisis

El Govern malvendía su patrimonio inmobiliario mientras se convertía en coladero de altos cargos; a la Comisionada de Transparencia, Núria Bassols, se le pagó un trienio que no le correspondía

23.10.2018 00:00 h.
5 min

Sendos informes de la Sindicatura de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar las administraciones catalanas, ponen de manifiesto la mala gestión que el presidente Artur Mas, con Andreu Mas-Colell al frente de la Consejería de Economía, llevaron a cabo durante la crisis económica. Así, mientras el patrimonio inmobiliario era malvendido para lograr ingresos extra para las maltrechas arcas públicas, el Govern se convertía en un coladero de altos cargos con retribuciones que no se ajustaban a las normas.

La Sindicatura ha presentado un informe de fiscalización de los gastos de personal de la Consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales correspondiente a 2015. En el mismo, se denuncia que las retribuciones de los altos cargos no estaba legalmente establecida y el importe se concretaba en un documento anexo a los presupuestos de la Generalitat que no era objeto de publicación oficial.

La polémica Núria Bassols

Destaca el trienio pagado “en contra de los que determina la normativa” a Núria Bassols, magistrada fichada por Artur Mas para ocupar el cargo de Comisionada para la Transparencia. Su designación fue interpretada como un premio por haber archivado la causa contra un diputado de CiU implicado en el caso Adigsa, cuando ejercía de magistrada del TSJC. Tras el cambio de gobierno, ERC pidió su cabeza y regresó al TSJC. Bassols está casada con uno de los empresarios detenidos en la operación contra el 3%, Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglés (Girona).

Núria Bassols en una imagen de archivo / CG

Núria Bassols en una imagen de archivo

Por otro lado, recuerda el informe que las normas de la función pública establecen que la Administración puede contratar personal laboral de forma temporal por razones de urgencia y debidamente motivadas, pero “doce de las personas que durante 2015 constaban en la plantilla de la Consejería en régimen laboral temporal tenían una antigüedad media de diez años”. Complementos salariales fuera de convenio o funcionarios en categorías superiores a las que les corresponden son otras de las irregularidades detectadas.

Activos inmobiliarios

Asimismo, la Sindicatura ha emitido un informe sobre los activos inmobiliarios de la Generalitat entre 20111 y 2014. Una tarea que se reveló difícil para este organismo ya que constataron la ausencia de datos centralizados de todo el patrimonio del Govern. Concluyen los expertos que la Generalitat malvendió sus edificios con la finalidad de conseguir dinero en efectivo. De hecho, el consejero Mas-Colell elaboró sus presupuestos contando con esos ingresos que, finalmente, no obtuvo.

En efecto, en 2013 el Govern creó el Plan de racionalización y optimización de espacios de la Generalitat, cuyo objetivo era una gestión más eficiente de los espacios ocupados por servicios administrativos. Como consecuencia de la implementación del Plan, algunos inmuebles propiedad de la Generalitat podrían ser desocupados y ser objeto de enajenación para obtener unos ingresos extraordinarios.

Alquileres hasta 2034

Según el informe del Síndic, un total de catorce edificios se vendieron por debajo de su previo de coste y en dos fincas no consta que se haya hecho ninguna tasación previa a la venta. Por ejemplo, un edificio situado en la Gran Vía adquirido por 22,8 millones fue vendido por 12,1 millones. Y otro emplazado en la avenida Meridiana comprado por 17 millones fue vendido por 9 millones. Calcula la Sindicatura que el importe de alquileres asociados a las ventas que tuvieron lugar en el período 2011 y 2014 suponen una carga estimada de 787 millones hasta 2034.

A 31 de diciembre de 2014 había 120 inmuebles vacíos, de los que 45 eran de la Administración autonómica y 75 de sus entes dependientes. La no ocupación de esas fincas comportaron unos gastos de 3 millones de euros. “Había un total de 1.961 viviendas, párkings y locales vacíos del Institut Català del Sòl (INCASOL) y del Consorci del Barri de la Mina”, explica.

¿Quiere hacer un comentario?
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información