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El presidente en funciones Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que puede tener una función importante en la política fiscal española esta legislatura / EFE

¿Se convertirá España en una prisión fiscal?

Los expertos analizan la subida de impuestos que prevé Sánchez, apenas concretada en su programa electoral, así como los efectos que puede tener la presión de Podemos en esas medidas

03.05.2019 00:00 h.
8 min

El plan de subida de impuestos previsto por Pedro Sánchez no por sabido ha causado menos polémica. Ciudadanos se ha agarrado a ese aumento de la presión fiscal, que los socialistas ya contemplaban en los presupuestos de 2019, para criticar duramente ese proyecto con el que el Gobierno del PSOE prevé recaudar 5.600 millones de euros en 2020. La presión fiscal en España está 5,7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, y 6,9 puntos de la media de la zona euro. Por lo tanto, cabe pensar que hay margen de maniobra.

Aunque el programa electoral de Sánchez es ambiguo, pues no detalla sus políticas fiscales –Podemos sí que hace un desglose--, en el mismo se establece como objetivo reforzar la progresividad del sistema convergiendo paulatinamente con el promedio de recaudación de la UE, incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con más patrimonio. Asimismo, el objetivo es mejorar la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, y reducir la carga de las pymes.

Tasas Google y Tobin

Habilitar impuestos sobre servicios digitales –tasa Google— y sobre las transacciones financieras, así como el impuso de la fiscalidad medioambiental, son algunos de los objetivos. Esa subida de impuestos, unida a las posibles presiones que pueda ejercer Podemos, ¿puede convertir España en una prisión fiscal?

Esaú Alarcón, abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales), analiza para Crónica Global esas medidas, contempladas en el Programa de Estabilidad 2019-22 y el Programa Nacional de Reformas de 2019 que Bruselas deberá validar.

El experto ve inminente la aprobación de los impuestos en las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, y en los servicios digitales, la tasa Google, pues “se trata de proyectos compartidos por PSOE y Podemos y que, además, figuran en sendos anteproyectos de ley que al acabar la pasada legislatura estaban en tramitación”. Considera que se trata de medidas “cortoplacistas” que pueden mermar la competitividad del país. El impuesto a la banca, uno de los grandes lemas del PSOE, puede acarrear un aumento de las comisiones, que lógicamente repercutirá en el ciudadano, que al final será el que acabará pagando la fiesta”.

El 'impuesto al sol'

A Alarcón le llama la atención “la creación de una unidad contra grandes patrimonios que ya existe actualmente”, así como la eliminación del llamado “impuesto al sol” –gravamen del autoconsumo de energía renovable ideado por el PP “pero que no está en vigor”. Considera que la anunciada puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital estatal “también existe, pues son los mínimos del IRPF”. Respecto a la reforma de la Ley General Tributaria dirigida a aumentar la tributación de las grandes empresas, avisa de que “esta legislación no puede regular, por su propia naturaleza de norma procesal, el Impuesto sobre Sociedades”.

Es precisamente en este gravamen donde el fiscalista realiza más advertencias.

Esaú Alarcón, abogado y profesor de Derecho Financiero. / CG

Esaú Alarcón, abogado y profesor de Derecho Financiero. / CG

“Alegar que se ha perdido recaudación del Impuesto sobre Sociedades por las ventajas fiscales que tienen las grandes empresas, como dice Podemos, es pura demagogia. La recaudación cayó, a plomo, por una crisis económica de la que las empresas no han acabado de salir”, explica el profesor. En este sentido, recuerda que el informe de Aedaf desmiente ese trato de favor con datos económicos.

Las medidas a implementar para conseguir este objetivo pasarían por un tipo mínimo efectivo de entre un 15% y un 20% sobre el resultado. “Esto generará situaciones de evidente doble imposición que podrían ser declaradas inconstitucionales por ir en contra del principio de no confiscatoriedad. A ello se une el reclamo, imposible de conseguir, de reducir ese impuesto para empresas de menos de un millón de euros al 23%”, explica.

'Stock options'

Respecto a la mejora de la tributación de las stock options, Alarcón recuerda que fue precisamente el PSOE el que promovió una penalización fiscal de este tipo de productos entre 1999 hasta 2015.

Instaurar un impuesto a las grandes fortunas, como sostiene el partido de Pablo Iglesias, “supone en realidad aumentar la base y los tipos del Impuesto sobre el Patrimonio, con unos tipos tan elevados --el mínimo sería un 2% a partir de un millón de euros-- que teniendo en cuenta la rentabilidad actual de cualquier tipo de inversión, también generaría situaciones contrarias a la capacidad contributiva que indica la Constitución".

Sobre la mejora del IRPF, aumentando las rentas más altas y las rentas del capital al 47% y 55% “no solo depende del Estado sino de las comunidades autónomas, que tienen competencia en la configuración de la mitad de la tarifa”. Y avisa de que aumentar de esta manera la tributación del capital puede provocar que “el dinero vuele en dos minutos del país, perdiéndose la poca competitividad fiscal que tenemos”.

Lucha contra el fraude fiscal

Esaú Alarcón vuelve a criticar las propuestas de Podemos, pues “la oficina contra el fraude fiscal que sugiere ya existe en la Agencia Tributaria, por lo que es tan solo un brindis al sol. La reducción del quantum del delito supondría un colapso de los juzgados penales y curiosamente penalizaría la recaudación. La publicación de los amnistiados retroactivamente sería claramente inconstitucional. Si a eso le unimos la devolución del impuesto a las hipotecas retroactivamente, y la eliminación de unos supuestos privilegios de la Iglesia católica que además dependen de un Tratado Internacional bilateral, imposible de modificar unilateralmente, se visualiza que son medidas dirigidas claramente a su perfil de votante”.