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La vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, en una jornada sobre el odio como eurodelito

El proceso independentista, referente en la regulación del odio como eurodelito

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua presenta una Cartografía del Odio con 80.000 datos recopilados entre 2015 y 2020

7 min

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha defendido hoy la necesidad de abordar el debate técnico y social pendiente sobre los delitos y discursos de odio “para legislar mejor y proteger los derechos de los ciudadanos y el Estado de Derecho, en línea con la propuesta de la Comisión Europea”.

“Tenemos que poder hablar de este tipo de delitos sin que se convierta ni en un tabú analizarlo, ni en una guerra de guerrillas ideológica. Porque si no, en el barullo, las víctimas quedan solas y, lo que es peor, bajo sospecha”, manifestó Pagaza en la inauguración de una Jornada sobre Odio e Intolerancia Política celebrada en Barcelona.

La diputada de Cs destacó que este debate ha llegado con fuerza a Europa con la presentación en diciembre pasado por parte de la Comisión de una propuesta para convertir los delitos de odio en delito grave de ámbito europeo, junto a la trata o el narcotráfico.

Discurso del odio

“El discurso de odio no se encuentra amparado por la libertad de expresión, pero no todos los discursos que nos inquietan son de odio. Es necesario encarar el debate para poder marcar el perímetro de la libertad de expresión y diferenciar discursos hostiles y discriminatorios del odio puro y duro. Diferenciar lo que puede ser abordado desde el reproche social, el derecho administrativo o el penal”, explicó.

Pagaza en la impulsora de la Cartografía del Odio, que a partir de hoy cuenta también con una web en español e inglés, muestra incidentes y discursos de odio al alza, así como el incremento y la normalización en España de discursos de hostilidad ideológica y discriminatorios. “España ha sufrido décadas de propaganda terrorista y ahora, por otras circunstancias políticas, la polarización y la hostilidad ideológica ha inundado el debate público. En otros tipos de vulnerabilidad o discriminación social también hay actores normalizando discursos discriminatorios”, apuntó.

El análisis pormenorizado de los 80.000 datos recopilados revela que entre 2015 y 2020 existen 225 actos de odio donde no hay una única motivación o grupo atacado, sino que una vez que el odio se manifiesta, se desata en distintas formas y contra personas de diferentes grupos. En 2019 en España se registraron 22 actos en los que los ataques a profesionales de las Fuerzas de Seguridad y/o sus familias se manifestaban simultáneamente como actos de intolerancia política, todos ellos en el contexto de Cataluña. Para los agresores, las Fuerzas de Seguridad, los políticos constitucionalistas y los miembros del sistema judicial, es legítimo señalar, perseguir y atacar, provocando que muchos de estos incidentes deban ser catalogados como ataque al Estado de derecho en España.

Separatismo

Durante la jornada de trabajo celebrada en Barcelona, Pagaza contó con la presencia, entre otros, de Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED; Félix Ovejero, profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona y Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vidal destacó la cláusula específica de prohibición de la discriminación que se refiere habitualmente a las minorías étnicas, sexuales, religiosas, las personas con discapacidad y los inmigrantes. “Pero el concepto de minoría étnica no necesariamente debe vincularse a la pertenencia a otra raza; creo que, por ejemplo, en determinados lugares podría considerarse minoría étnica aquel grupo de ciudadanos que, en un entorno separatista, desean continuar formando parte del Estado al que ese territorio pertenece. Se trataría de una minoría que se identifica por la lengua que utiliza, por algunos rasgos culturales y por su sentimiento de pertenencia a la comunidad política de la que desea separarse la aparente mayoría social, en muchos casos artificialmente construida y exagerada. Si bien a veces no será posible llegar a hablar de discurso del odio, sí se trata de acoso discriminatorio”, expuso.

Regulación pública

Por su parte, Ovejero, destacó que la libertad de expresión es inseparable de la regulación pública. “Porque la libertad de expresión requiere garantías para ejercerse. Por ejemplo, para prevenir frente al odio concreto”. Asistir a un mitin de ciertos partidos en determinados lugares o pasearse con una bandera constitucional o reclamar el cumplimiento de las sentencias judiciales en algunas regiones “es imposible sin protección policial: el ejercicio de derechos y libertades no se puede sostener en el heroísmo de los ciudadanos”.

Por último, Rafael Arenas resaltó en las conclusiones que debe diferenciarse entre actuaciones o declaraciones de particulares y del poder público. “Este último no goza de la libertad de expresión y está rígidamente ligado a los principios democráticos y demás elementos estructurales de la identidad de la comunidad política en cuanto a tal, resultando necesario rechazar cualquier complicidad con grupos, dentro de esa comunidad política, identificados a partir de elementos como la religión, la raza, la lengua o la ideología”.