Dos guardias urbanos de Barcelona denuncian “maltrato y abandono institucional” en la etapa de Colau

En un momento dado, los agentes fueron requeridos para cubrir "una brecha de seguridad" a la altura del Hotel W, donde se estaba celebrando el acto de clausura del Círculo de Economía, presidido por Pedro Sánchez.

En el agua, junto al hotel, una lancha con varios activistas de Greenpeace desplegaban varias pancartas contra las políticas medioambientales del Ejecutivo socialista. Fue entonces, en aras de evitar cualquier conflicto y alejar la embarcación de la zona del evento, que la patrullera Guaita de la Urbana, con tres agentes a bordo (Javier, Óscar y un agente en prácticas), se aproximó para identificar a los tripulantes de la zódiac.

A pesar de las señales sonoras y luminosas que se activaron, perceptibles incluso desde la orilla de la playa, los activistas hicieron caso omiso y se dieron a la fuga. Ahí empezó la pesadilla de los agentes.

La zódiac les pasó por encima varias veces

"Atención, atención, a todos los indicativos. Las dos embarcaciones están dándose a la fuga. La primera huye, la segunda nos está interrumpiendo con navegación peligrosa. Estamos pidiendo apoyo marítimo de Guardia Civil. No tenemos máquina para detenerlos, vamos con la Guaita, esto no tira", dijo uno de los agentes por la radio.

Embarcación 'Guaita' de la Guardia Urbana de Barcelona Cedida

Las maniobras para esquivar los ataques directos de la zódiac que acababa de darse a la fuga provocaron que los policías saliesen disparados de un lado al otro de la embarcación, golpeándose contra "una fornida estructura metálica", colocada para sujetar el toldo de la lancha policial. 

Asimismo, y según consta en la querella que han presentado los agentes contra varios funcionarios del consistorio barcelonés, el suelo de la embarcación policial, que carece de ningún sistema antideslizante, se convirtió en una pista de patinaje. Todo ello obligó a que los tres policías tuvieran que compaginar el pilotaje agresivo de la persecución con la retransmisión de los hechos por la radio —pidiendo refuerzos—, mientras luchaban con todas sus fuerzas por no caer al mar.

"La barquita se nos llenaba de agua, resbalábamos, nos caíamos, yo intentaba sacar la pistola para que no nos pasasen por encima, pero era imposible disparar", recuerda Óscar M. 

Ese fue su último servicio

La agonía, que se alargó varios minutos, terminó con los agentes malheridos, sobreviviendo a un ataque que, en la actualidad, comparan con el que vivieron los agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024. Uno de ellos sufrió una fractura vertebral, y el otro un desgaste en las vértebras lumbares.

Como consecuencia de estos hechos, tanto Óscar como su compañero Javier han recibido la incapacidad permanente. Absoluta, del primero, y total, en el caso del segundo. 

"Intentaron matarnos" recuerda Óscar a preguntas de Crónica Global. Desde entonces, nunca más han podido regresar a su puesto de trabajo. De hecho, les notificaron su jubilación por su incapacidad a través de una carta que les llegó al buzón de casa. Extremo que agravó las secuelas psiquiátricas con las que los dos agentes deben lidiar desde que fueron extraídos de los sanitarios de la embarcación Guaita.

Dos procedimientos judiciales en marcha

Este incidente marcó un punto de inflexión en sus vidas, llevándolos a iniciar dos complejos procesos judiciales: por un lado, contra los dos pilotos de Greenpeace, que ya están procesados por resistencia y lesiones por el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona. La defensa de los agentes pide para ellos 21 años de cárcel, también por tentativa de homicidio. 

En paralelo, recientemente han presentado una segunda querella criminal contra ocho funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, principalmente cargos políticos y policiales que ocupaban roles de responsabilidad cuando sucedieron los hechos, en junio de 2021.

Un vigilante de SP4, con la Guardia Urbana de Barcelona en el Port Olímpic CG

En este sentido, y según ha podido saber esta redacción, esta denuncia ha llegado, por reparto, al Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona, liderado por la magistrada Olalla Herrero, quien deberá decidir si se aprecian indicios de criminalidad en el comportamiento de los querellados.

Oscar M. y Javier G., representados por el letrado Jesús Nieto, consideran que los ocho acusados fueron autores de un presunto delito contra los trabajadores y otro de lesiones graves, en su modalidad de comisión por omisión. 

Ni medidas de seguridad ni una buena formación

En la querella, los agentes de la Urbana denuncian que la patrullera Guaita, propiedad del departamento de Parques y Jardines, no cumplía (ni cumple en la actualidad) los requisitos de seguridad y administrativos necesarios para operar como una embarcación policial en alta mar.

Además, reconocen que los agentes del Grupo de Playas carecían de formación para manejar embarcaciones, más allá de poseer la titulación básica de patrón de embarcaciones de recreo (PER), que obtuvieron por su cuenta, pagándolo de su propio bolsillo. 

Dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona en la playa de Bogatell, en una imagen de archivo / EP

En este sentido, Óscar M. lamenta que tanto desde Capitanía Marítima como desde la GUB se permitiera la salida al mar de una embarcación que no cumplía los requisitos de seguridad, con agentes que no tenían la formación mínima necesaria para operar de manera segura.

De hecho, el querellante asegura que se les impartió únicamente un cursillo básico de seguridad marítima, pero que se veían obligados a completar sus conocimientos a través de tutoriales de YouTube. 

Llevaban años advirtiéndolo 

Sin embargo, desde el verano de 2019, tanto Óscar como el sindicato CSIF presentaron sendas quejas ante los mandos de la Urbana de Barcelona alertando sobre las deficiencias detectadas. "Pero nadie hizo nada", lamenta el agente. Ahora esperan que la magistrada admita a trámite su querella y que de forma urgente aplique las medidas cautelares que se proponen. 

Entre ellas, Óscar M. destaca la "inmovilización todas las embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona para impedir su participación en el ámbito de la seguridad, prevención, protección y tantas misiones como le sean encomendadas en la mar". Así como, y de forma especial, su no participación en la Copa América de Vela, que empieza el próximo 22 de agosto. 

Denuncian un constante "maltrato institucional"

En la cúspide de su querella, Óscar M. y Javier G. lamentan el maltrato institucional al que han sido sometidos desde el accidente. "Este abandono es un delito", denuncian. De hecho, ambos siguen en tratamiento psiquiátrico para paliar las secuelas que les provocó el salvaje ataque por parte de las lanchas de la ONG. 

Además, y a pesar de lo duro que es para ellos haber tenido que renunciar a sus vidas y carreras profesionales, ambos siguen teniendo las placas y los uniformes en casa, pues nadie en la Guardia Urbana se ha molestado en ir a recogerlos. Objetos que les recuerdan, a diario, que la mañana del 18 de junio de 2021 sus vidas cambiaron para siempre.