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Germà Gordó y Artur Mas, responsables del desmantelamiento del Observatorio Catalán de la Justicia, hablan en el Parlament en una foto de archivo / EFE

El Observatorio Catalán de la Justicia lleva cuatro años inactivo

ERC quiere recuperar este órgano, creado por Montilla con la principal finalidad de luchar contra la violencia machista y que Artur Mas desmanteló

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La Consejería de Justicia, en manos de ERC, quiere recuperar el Observatorio Catalán de la Justicia (OCJ) creado en 2009 por el Gobierno de José Montilla y que el Gobierno de Artur Mas desmanteló. Cuatro años lleva inoperativo este órgano, concebido como instrumento de comunicación entre los diferentes agentes judiciales y al que se encomendó la tarea de buscar respuestas penales al fenómeno de la violencia de género en Cataluña.

El OCJ nació como “foro de análisis, debate, participación y propuesta de actuación en materias relacionadas con la Administración de Justicia de Cataluña”. Asimismo, pretendía “promover la comunicación e intercambio entre los operadores y las instituciones” implicadas en esta materia. Tiene su génesis en 2002, cuando el Govern --entonces presidido por Jordi Pujol-- creó el Consejo de Justicia de Cataluña, pero para evitar confusiones con el mismo organismo que preveía el Estatut de 2006 como fórmula de desconcentración judicial, los socialistas le cambiaron el nombre a la espera de que se llevara a cabo una reforma de la ley orgánica del poder judicial que nunca se produjo.

Adscrito a la Consejería de Justicia, el Observatorio tenía encomendado, a modo de prioridad, incorporar las perspectivas de género para conocer las repercusiones judiciales sobre los derechos de las mujeres.

Representación de todos los actores judiciales

Forman parte del OCJ representantes del Govern, así como de los diferentes colegios profesionales, Fiscalía y asociaciones de jueces, entre otros colectivos relacionados con la administración de Justicia. Sin embargo, el cambio de gobierno y el acceso de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat dio la puntilla a este órgano, que permanece inactivo desde 2014, fecha en la que Germà Gordó era consejero de Justicia.

Durante su gestión, el Plenario del OCJ aprobó los “Criterios para los usos lingüísticos en la Administración de Justicia” y “Valoración del impacto de las tasas judiciales” (ambos en 2013), así como una “Propuesta de Justicia de proximidad” y “La Carrera horizontal del personal al servicio de la Administración de Justicia de Cataluña” (2014).

La última vez que se reunió el Pleno del Observatorio fue diciembre de 2014 y la Comisión Permanente no lo hace desde 2015. Ser miembro del OCJ no está retribuido.

Ningún trabajo desde 2014

“Desde entonces, no se ha elaborado ningún informe de trabajo, ni se han reunido los grupos de trabajo para elaborar propuestas de actuación en el ámbito de la Justicia”. Así lo denuncia Ciudadanos, quien hace cinco meses presentó una propuesta de resolución sobre el impulso del Observatorio.

La parálisis registrada en el Parlament tras las elecciones del 21D condenó esta iniciativa al olvido a pesar de que, según recuerda la formación naranja en su exposición de motivos, “existe numerosa problemática relacionada con la Administración de Justicia” como “las preocupantes cifras de procedimientos vinculados a la crisis económica, el incremento en 2016 de denuncias presentadas por violencia de género, el alto nivel de entrada de asuntos en el conjunto de las distintas jurisdicciones, la no reducción de la tasa de litigiosidad y el incremento de la tasa de congestión”.

Actualizarlo o eliminarlo

Por ello, Cs reclama que se dé impulso a los grupos de trabajo “Los ciudadanos y la justicia”, “El personal al servicio de la Administración de Justicia” y “Violencia machista”, con la finalidad de actualizarlos o, en su caso, finalizarlos.

En 2016, las competencias en materia de Justicia pasaron a manos de ERC. Pero han tenido que pasar dos años para que este departamento, cuya titular actual es Ester Capella, se haya comprometido a recuperar el Observatorio como instrumento de comunicación entre los diferentes agentes judiciales y con el objetivo principal de “estudiar respuestas aplicables del sistema penal al fenómeno de la violencia machista en Cataluña”.