La justicia catalana, colapsada por las causas derivadas del ‘procés’

La resaca del proceso independentista, cuyo culmen se vivió en la votación ilegal del 1-O, impacta de forma directa en la justicia de Cataluña. La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo confirma sin miramientos: el número de diligencias abiertas a causa del proceso secesionista ha contribuido a ralentizar y saturar la actividad judicial en la comunidad como hacía ocho años que no se veía.

Jesús María Barrientos, presidente del tribunal, destaca en la memoria de la institución que, en 2017, ocurrieron dos hechos que impactaron “sobremanera” en la actividad de la justicia en el territorio. Por un lado, destaca los procedimientos abiertos a causa de los atentados terroristas perpetrados el pasado agosto en la Rambla de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils, en Tarragona. Por otro, asegura que el procés ha generado “centenares de causas judiciales” en todo el territorio.

Diligencias abiertas por el 1-O

La institución no ha ofrecido un número exacto de causas registradas en el último año que están relacionadas directamente con la excepcional situación que sufre el territorio catalán.

Las fuentes consultadas han alegado no poder facilitar este dato por la “subjetividad” que implica relacionar --o no-- ciertas denuncias interpuestas con los sucesos por la independencia. Sin embargo, un documento al que ha tenido acceso Crónica Global corrobora que los juzgados de las cuatro provincias catalanas contaban con cerca de 200 diligencias abiertas “relacionadas con el 1 de octubre” a finales de diciembre de 2017.

Un centenar de diligencias en Amposta

Las causas de las diligencias son variadas: desde denuncias contra Mossos d’Esquadra por su inactividad en diferentes localidades hasta causas por delitos de incitación al odio, pasando por denuncias contra la Generalitat por permitir la votación, diligencias abiertas por uso de datos personales y por lesiones. Además, aunque algunas de ellas se cerraran sin juicio, sólo el procedimiento a seguir para estimar o desestimar el caso ralentiza la respuesta de las instituciones judiciales.

Uno de los casos más destacados y evidentes de la saturación que sufren los juzgados con este tipo de diligencias es el de Amposta. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad abría la tramitación de 99 diligencias por delitos de lesiones. Finalmente, se acordó el sobreseimiento provisional de 95 de ellas y las cuatro restantes se acumularon en un solo procedimiento.

Cambio de tendencia

Por primera vez desde 2010, las diferentes instituciones y salas de la justicia catalana ingresaron más procesos de los que cerraron. En el conjunto de los juzgados y tribunales de Cataluña ingresaron 898.467 procedimientos durante el pasado ejercicio mientras que, al finalizar el año, contabilizaron 873.258 resueltos. El notable incremento de asuntos generados en 2017 ha provocado que, por primera vez en seis años, se haya incrementado el número de casos en trámite --es decir, abiertos-- al final del año. Concretamente un 9,7% más. Además, los procesos entrantes han aumentado un 5,74% respecto a 2016.

El nivel de resolución de casos se ha mantenido respecto al año 2016. Sin embargo, el alto número de diligencias ha afectado a la tasa resolutiva, que se ha situado en el 97,19% mientras que, desde 2011, estaba por encima del 100% (es decir, se resolvían más casos de los que entraban anualmente). La memoria del TSJC apunta que el “altísimo nivel de entrada” de asuntos en el conjunto de las jurisdicciones incide en “unas oficinas judiciales ya saturadas”. Achacan a los “problemas estructurales y de gestión” la imposibilidad de ofrecer una “respuesta judicial de calidad y en tiempo razonable”.

Causas por jurisdicciones

En el ingreso de asuntos por jurisdicciones puede observarse un notable incremento en el orden civil, que ha pasado de 284.687 causas entrantes a 329.142, un 15,6% más.

Sin embargo, las causas penales son las que mayor peso acaparan en el total de asuntos ingresados, con un 55% del total. Le siguen las causas civiles (37%) y, con mucha diferencia, los asuntos de orden social (6%) y contencioso-administrativo (2%). Este último es el único que ha descendido en número de casos con respecto a 2016.