La nueva prórroga presupuestaria lastra el inicio del curso escolar

La Generalitat ha decidido prorrogar los presupuestos de 2020, que ya quedaron obsoletos debido a la pandemia, lo que limita los recursos destinados a servicios básicos, como la educación, donde los alumnos con necesidades especiales vuelven a ser los principales damnificados, aumentando así la segregación escolar. Cuestiones como ratios profesor/alumno, salud mental, la universalización de la educación de 0 a 3 años, la falta de plazas en FP o las competencias lingüísticas se resienten de esas limitaciones presupuestarias.

“Después de 10 años de parálisis y abandono por parte de los diferentes gobiernos independentistas, desgraciadamente éste puede volver a ser un curso perdido, en términos de pérdida de oportunidad de hacer una inflexión”, explica la diputada y responsables de política educativas del PSC, Esther Niubó. Añade que “venimos de dos cursos extraordinarios marcados por la pandemia y por las desigualdades que se han agravado, pero el actual Govern renunció a aprobar un presupuesto por la vía de urgencia con las consecuencias y limitaciones que tiene”.

Diez años sin presentar cuentas a tiempo

En efecto, la Generalitat, como ya hizo en 2018, 2017, 2016 y 2013, prorrogará los presupuestos, en este caso los de 2020, aprobados en marzo de ese año. O sea, antes de la pandemia, por lo que ya quedaron obsoletos. En 2019, el Govern no llegó a presentarlos en el Parlament ante la falta de apoyos. La Generalitat lleva diez años sin presentar a tiempo sus cuentas, algo que los expertos consultados por Crónica Global consideran perjudicial para la economía catalana. Es más, creen que una prórroga presupuestaria es la mayor muestra de parálisis de un gobierno.

Ante la falta de cuentas públicas actualizadas, la Generalitat se ve abocada a aprobar ampliaciones de crédito para hacer frente a gastos adicionales. También puede reasignar partidas en un mismo departamento, pero todo ello complica la gobernabilidad y pone al Ejecutivo en manos de la negociación con los grupos parlamentarios.

Falta de recursos en Educación

Una de esas limitaciones afecta al ámbito educativo. “No se dispondrán de los recursos suficientes para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo o para afrontar la emergencia en salud mental en la etapa de secundaria de manera adecuada”, denuncia Niubó.

La diputada del PSC, Esther Niubó, ha presentado una batería de preguntas sobre las ratios escolares / CG

Y es que la población joven y adolescente ha sido el colectivo más castigado en la pandemia, pues fueron los únicos a los que no se garantizó el 100% de la presencialidad en el anterior curso escolar y son los que más dificultades de socialización han tenido fuera de su núcleo familiar. Los expertos apuntan a un incremento del 25% del número de trastornos alimentarios y adiciones entre los jóvenes, y una subida alarmante de consultas por crisis de ansiedad e intentos de suicidio.

Falta de oferta pública de 0 a 3

Tampoco se podrá avanzar hacia la universalización de la etapa educativa de 0 a 3 --el Gobierno de Artur Mas eliminó las subvenciones, cargando ese gasto a los ayuntamientos-- o impulsar la oferta de FP, a la vista de la falta de plazas existentes. O fomentar una estrategia de país como debería ser una mejora de las competencias lingüísticas en inglés.

Comparativa de centros de alta complejidad antes y después de los nuevos criterios de Educació / aFFaC

Los socialistas denuncian que se mantienen desigualdades y ratios por encima de los que serían deseables. La Consejería de Educación también ha confirmado que mantendrá los 7.647 trabajadores que contrató el año pasado para reducir los grupos escolares con motivo de la pandemia, de los cuales 4.141 son profesores de los centros públicos. Pero este año no reforzará la plantilla con contrataciones adicionales, como reclaman los sindicatos educativos.

Riesgo social

Sin olvidar los recortes en los centros de máxima y alta complexidad, a raíz de la nueva catalogación de centros. Tal como publicó este medio, la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña ha cambiado los criterios de clasificación educativa que reducen un 20% los centros de máxima complejidad. Esto es, las escuelas que atienden a alumnos en situación de riesgo social. Ese nuevo sistema ha utilizado datos de 2019, es decir, anteriores a la pandemia.

Por último, la situación de infrafinanciación que sufre Cataluña impide avanzar en la aplicación del Pacto contra la Segregación.

Los datos de la Consejería de Educación demuestran la desproporción existente entre las plazas que la escuela pública dedica a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE en catalán) y la de la concertada. Una diferencia que abunda en la segregación y que llega a triplicarse en el área metropolitana de Barcelona. Sin embargo, el colectivo Escoles contra la Segregació asegura que las diferencias son todavía más abismales en el caso de Barcelona.