El Govern deja colgadas a las familias necesitadas de las becas comedor

Es la llamada de auxilio de una madre desesperada. “Estoy indignadísima. ¿Cómo son capaces de retirar una ayuda ya concedida para alimentar a niños? Esto es increíble. Estoy intentando llamar a la Diputación, a Ensenyament, a mi ayuntamiento, etc... y los pocos que me cogen el teléfono me mandan de un sitio para otro”.  

Como ella, miles de familias han visto cómo la Consejería de Educación de la Generalitat anunciaba la caducidad de las tarjetas monedero a fecha 31 de julio, sin que, a tres semanas del inicio del curso escolar, se haya concretado la forma en cómo el Govern piensa garantizar las ayudas a familias que no pueden pagar el comedor escolar. Sin partida económica conocida, sin determinar el sistema de pago de esas ayudas, el departamento dirigido por Josep Bargalló afronta la reapertura de las aulas sin resolver la cuestión de las becas comedor, fundamental en la lucha contra la segregación escolar.

A esta situación se une la resistencia del Govern a recuperar la sexta hora y revertir así una medida aplicada por la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC) en el marco de los recortes sociales del Gobierno de Artur Mas, con la finalidad precisamente de ahorrar mediante la supresión de los comedores escolares. La retirada de esa hora en centros de alta complejidad, que acoge a alumnos desfavorecidos, a instancias del Govern, ha sido duramente criticada por Escoles contra la Segregació. Por su parte, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) denunció la decisión de la Generalitat de "quedarse" con el dinero de las tarjetas comedor.

"A mí nadie me avisó"

“Hacía días que no podía usar las tarjetas de la beca comedor y miré el saldo en la página web con la sorpresa de que me han retirado todo el dinero. A mí nadie me avisó de nada, no sabía que tenía que gastarlo antes de una fecha concreta ya que en la visa pone caducidad 12/2020. Me parece injusto. Si no quieren dar más ayudas lo puedo llegar a entender, pero retirar una ayuda que ya habían concedido? Me parece fatal”, explica esta madre, que se ha dirigido a Crónica Global para denunciar una situación que sufren otras muchas familias.

Una vez más, el Govern incumple los compromisos contraídos en el Parlament donde, el 18 de junio, apoyó una moción negociada entre los diferentes grupos a favor de “dar cobertura a las ayudas alimenticios para menores vulnerables, durante los meses no lectivos del verano de 2020, conjuntamente con el resto de administraciones, y utilizando también los fondos que se reciban del Estado, para garantizar que el alumnado en riesgo de exclusión social tenga cubiertas las necesidades alimentarias, con el mantenimiento de las tarjetas monedero o con otras fórmulas”.

Pese a ello, la Consejería de Educación anunciaba poco después la caducidad de las tarjetas monedero. Las explicaciones dadas por Bargalló fueron bastante contradictorias. Según dijo, estas ayudas solo estaban concebidas para el período lectivo, pero según le recordó la diputada de PSC-Units, Esther Niubó, esas becas también se pagaron durante las vacaciones de Semana Santa. La Consejería también argumentó que el sistema de tarjeta monedero era muy caro, que los costes bancarios suponían medio millón de euros y que unas 8.000 tarjetas habían sido devueltas.

La diputada del PSC, Esther Niubó, ha valorado el anuncio del Govern sobre la gratuidad de las guarderías / CG

En este sentido, los alcaldes encargados de repartir este sistema de ayudas --el Govern encomendó la distribución a los consistorios en plena crisis pandémica-- creen que esas tarjetas nunca llegaron a sus destinatarios porque no fueron localizados o nunca supieron que podían tener acceso a esas ayudas.

Hay que tener en cuenta que muchos beneficiarios pertenecen a familias desestructuradas, que han sufrido desahucios y han cambiado de domicilio. “Los alcaldes ya advirtieron de esos casos y de que los servicios municipales no daban abasto”, recuerda Niubó.

De nuevo, en manos de los ayuntamientos

La Generalitat vuelve ahora a poner en manos de los ayuntamientos la gestión de ayudas alimenticias en concepto de emergencia social que, según anunció el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, sustituirán a las becas.

El anuncio se hizo poco antes de que comenzara agosto, impidiendo así la planificación de los consistorios, cuyo personal ya había comenzado las vacaciones. Así, grandes ciudades como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet, con un gran volumen de familias necesitadas de ayudas, denunciaron las dificultades para ejercer esa función.

La Generalitat abrió la posibilidad de que las empresas de catering envíe la comida a los domicilios de los beneficiarios o que éstos vayan a buscarlas a los Servicios Sociales municipales. “No hay suficientes monitores y el movimiento de personas supone un riesgo, sobre todo ante previsible aumento de contagios tras la vuelta al cole”, añade la diputada socialista, quien recuerda que el Gobierno “destinó 320 millones de euros a Cataluña en ayudas a la educación. El Govern dice que las tarjetas monedero supone un gasto de tres millones cada semana. Otras comunidades autónomas sí han mantenido el sistema”.

Investigación del Síndic

En la citada moción parlamentaria, la Generalitat también se comprometía a iniciar “durante el curso 2020-2021, la recuperación de la sexta hora en la escuela pública para compensar las desigualdades educativas y fomentar refuerzos o actividades educativas complementarias a los centros educativos, priorizando los centros que lo requieran por su situación de complejidad”.

Por el contrario, la Consejería no solo ha endurecido las condiciones para recuperar esa hora, sino que las instrucciones de inicio de curso permiten a las direcciones de Centros de Máxima Complejidad (CMC) si la quieren mantener. La mayor parte de estos centros, aproximadamente unos 400 en cifras de 2011, acogen alumnado socialmente desfavorecido.

Ante esa postura de la Consejería, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunció una investigación sobre la situación de la sexta hora en la educación pública, mientras que Escoles contra la Segregació, que agrupa a AMPAs y familias de CMC, ha criticado duramente la supresión de la sexta hora.