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Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública de la Generalitat y responsable de distribuir la vacuna contra el coronavirus en Cataluña / CG

El nacionalismo catalán muestra su lado más radical: ni una vacuna a la Policía y la Guardia Civil

Govern y activistas independentistas espoleados por Puigdemont arremeten contra el TSJC por ordenar que la inmunización de los agentes nacionales se equipare a Mossos y fuerzas locales

8 min

Uno de los tópicos generados durante la pandemia del coronavirus decía que esta tragedia ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos. Sin embargo, en el caso del nacionalismo catalán parece que esta máxima solo se cumple a medias, como se ha comprobado con la virulenta reacción contra la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña.

Desde el propio Govern al fugado Carles Puigdemont, pasando por activistas independentistas e influencers, se han multiplicado las muestras de rechazo de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) --tras la petición de dos sindicatos policiales-- al Ejecutivo autonómico para vacunar a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la misma prioridad que se ha aplicado a Mossos d’Esquadra y policías locales. 

Discriminación

El arrebato de ira colectiva del nacionalismo catalán comenzó tras conocerse la decisión del tribunal. Esta fue nítida y contundente. La Generalitat estaba obligada a vacunar a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña, unos 7.300, “de inmediato” y “sin excusas ni dilaciones”. Para ello, la Consejería de Salud deberá modificar el Plan de vacunación de personal esencial.

Es más, el Govern tiene un plazo de diez días para igualar la proporción de policías nacionales y guardias civiles inmunizados con la de mossos d’esquadra y policías locales. La diferencia que certifica que se les ha tratado de forma discriminatoria es difícilmente refutable: a 22 de abril, un 6,3% de guardias civiles y un 9,9% de policías nacionales estaban vacunados, frente al 80,3% de los mossos, el 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona y el 71,2% de los policías locales. Y, en todos los casos, se trataba de una responsabilidad del Gobierno autonómico catalán.

“Retrasaremos la vacunación a los de 70”

El Govern fue el primero en reaccionar. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, rechazó cualquier discriminación, tildó de “ridículo” el criterio de vacunación ordenado por el TSJC. Y remachó: "Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo".

Pero no lo dejó ahí, sino que insistió en que si ahora Salud se dedica “a vacunar a personal esencial, sea guardia civil, bombero, mosso o maestro, dejará de vacunar a los de más de 60 ó 70 años, sean guardias civiles o no”. “Me da igual si es un mosso o un guardia civil, me importa un pepino la profesión que tienen”, añadió. Y denunció que este caso “se ha politizado y judicializado desde Madrid”.

“Interferencia” de la justicia

La consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), ha criticado la “interferencia” del TSJC en la estrategia de vacunación y ha justificado el bajo porcentaje de policías nacionales y guardias civiles inmunizados con el argumento de que, al poco de empezar a suministrarles las dosis, “quedó paralizada en todo el Estado” la vacunación con AstraZeneca, la utilizada para trabajadores esenciales, que pasó a ser indicada solo para mayores de 60 años.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), se ha posicionado de forma similar, y ha rechazado que las cifras de vacunación demuestren la discriminación de los policías nacionales y guardias civiles respecto a los mossos y guardias urbanos.

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Tuit de Puigdemont contra la vacunación de policías nacionales y guardias civiles

Puigdemont: “Los que agredieron, privilegiados”

Más contundente ha sido el expresidente autonómico Carles Puigdemont. El dirigente independentista fugado ha aprovechado la ocasión para cargar sin contemplaciones contra la Policía Nacional y la Guardia Civil.

“Los que agredieron ciudadanos al grito de ‘¡a por ellos!’ continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el día 1 de octubre de 2017”, ha indicado en un tuit.

Vacunas antirrábicas

El mosso y activista independentista Albert Donaire también se ha sumado a la campaña con un tuit en el que insta a inocular a policías nacionales y guardias civiles (“los del a por ellos”) con una vacuna antirrábica.

Mientras que el exlíder de Podemos en Cataluña Albano Dante Fachin ha indicado: “Retrasamos la vacunación de personas de 70 años para vacunar a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El puto diálogo”.

“Odio eterno”

Otros conocidos influencers independentistas han ido más allá. Joan Mangues ha denunciado que “los mismos que les partían la cara [a la gente de 70 años] por votar hace 4 años, ahora les quitan las vacunas”. “Odio eterno”, ha concluido.

Cristina de Haro, más conocida como @gallifantes, apuntaba con frases como: “¿El cuento de que estáis para servir y proteger quitándoles las vacunas a ancianos, es de ser unos cobardes del 15 o me lo parece?”. Unos ataques que se han multiplicado en las redes.

Críticas del constitucionalismo

Los ataques a la decisión del TSJC, en cambio, han sido criticados por partidos y entidades constitucionalistas. El PP catalán ha tildado de “miserables” las palabras de Argimon y ha acusado a Puigdemont de fomentar el “odio”. Mientras que Cs ha anunciado que denunciarán al expresident fugado ante el Parlamento Europeo, del que es miembro.

Por su parte, Societat Civil Catalana ha lamentado “el rencor y la frustración” del líder de JxCat. Y la organización estudiantil S’Ha Acabat ha denunciado que “no quieren vacunar a policías y guardias civiles, pero en inocular odio a la sociedad el Govern lleva la delantera”.