Sindicatos de Policía instan a acabar la "discriminación" a los agentes en la vacunación de Cataluña

La secretaria regional del sindicato de Jucil de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Milagros Cívico, ha agradecido este martes que "se haga justicia" y que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya dado un plazo máximo de 10 días para que se inicie el proceso de vacunación a los agentes de los dos cuerpos.

Según ha explicado en un vídeo, el TSJC les ha dado la razón, ha aceptado las medidas cautelares que pedían los sindicatos de Policía Jupol y de la Benemétia, Jucil, y ha dado un plazo para que se vacune a los policías "sin excusa ni pretexto" en el mismo porcentaje en el que ya lo están los Mossos d'Esquadra.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, ha celebrado que "al fin sea una realidad para que se deje de jugar con la salud de los Guardias Civiles destinados en Cataluña y sean vacunados".

"Discriminación"

Ambos sindicatos han expresado su malestar por la inacción de la Generalitat, y también del Gobierno, ante la "aparente discriminación" apuntada por el TSJC en la campaña de vacunación del Ejecutivo autonómico hacia los agentes.

Jucil, compartiendo la resolución judicial en sus redes sociales

Así, Jucil aplaude la resolución judicial, que en su opinión llega "entre el silencio de la directora del cuerpo, el gobierno y lo que el ministro del interior llama disfunción, y es discriminación", apuntan en su perfil de Twitter, donde reclaman la dimisión de este último con el hashtag #MarlaskaDimisión.

Por su parte, otro sindicato, Jusapol, destaca que "ha tenido que ser el TSJC quien diga a la Generalitat que no puede discriminar así a la Guardia Civil y a la Policía en Cataluña", y lamentan que debería haber sido el Gobierno, mediante los ministerios de Sanidad e Interior, "los encargados de velar por la salud y derechos de los policías", al tiempo que reclama la "equiparación" con otros cuerpos policiales.

Opinión de Jusapol sobre la resolución del TSJC

Depurar responsabilidades

Por lo que respecta al Sindicato Unificado de Policía (SUP), su portavoz Carlos Moralres recuerda que ya denunciaron que no se puede hacer política con un tema tan serio como la salud pública y que con la salud de los policías, y por extensión con la de los ciudadanos, no se juega.

Asimismo, ha lamentado que hayan tenido que ser los tribunales "los que arreglen, tarde, la falta de acción" de la Administración, por lo que ha advertido de que seguirán pendientes del proceso de vacunación y, una vez completado, pedirán que se depuren responsabilidades.

"Acto de xenofobia"

Desde la Unión Federal de Policías (UFP), su portavoz José María Benito ve "positivo" el auto judicial al considerar que una comunidad autónoma no puede decidir a quién vacuna y a quién no porque, según este portavoz, es "una discriminación y un acto de xenofobia".

En su opinión, la actuación de la Generalitat demuestra "un odio visceral" hacia las fuerzas de seguridad del Estado y "no es ni justo, ni ético, ni legal ni moral".

La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil considera "vergonzoso" que hayan tenido que ser los tribunales quienes ordenen que se suministre la vacuna a policías y guardias civiles, consecuencia de que "en Cataluña no se ha respetado la estrategia nacional de vacunación", poniendo en riesgo la salud de los agentes y las personas con las que tratan a diario".

Quejas de la 'consellera' Vergés

Mientras tanto, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha acusado al TSJC de "interferir" en la estrategia de vacunación con la obligación de reanudar la administración de dosis a policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. 

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que el TSJC haya dado un plazo máximo de 10 días al Govern para reanudar dicha vacunación y alcanzar "la misma proporción" de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y es que el 70% de los policías autonómicos ya han recibido al menos una dosis del antídoto contra el Covid, mientras que el porcentaje de inoculados en los cuerpos estatales se queda en el 15%.