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La presidenta del Parlament, Laura Borràs / PARLAMENT

Laura Borràs o el arte de reinterpretar las normas del Parlament

Tras la expulsión de dos diputados de Cs, este grupo reclama un protocolo a los letrados, que solo pueden actuar si se lo pide la propia presidenta de la Cámara o una Mesa con mayoría independentista

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Laura Borràs (JxCat) interpreta las normas del Parlament a su manera, sin que hasta ahora haya admitido un posible error. ¿Qué hacer en caso de una discrepancia de criterio? Una solución sería que los letrados de la Cámara catalana elaboraran un protocolo y directrices jurídicas en este sentido. Pero solo pueden actuar si la propia Borràs o su mano derecha, la secretaria general, Esther Andreu, se lo piden. También podrían hacerlo a instancias de una Mesa donde hay mayoría independentista. Romper esta dinámica es el objetivo de la queja presentada por Ciudadanos, después de que la presidenta de la Cámara haya expulsado a dos diputados de su grupo por discrepar de su interpretación del reglamento.

El detonante de esta denuncia es la expulsión de Matías Alonso del hemiciclo el pasado 27 de abril después de que éste protestara por la reinterpretación que hizo Borràs del artículo 169 del reglamento del Parlament, que regula la lectura de las declaraciones institucionales de la Cámara. La independentista elevó una declaración de la Junta de Portavoces sobre el caso Pegasus a esa categoría, obviando la palabra “unánimemente” como requisito.

Lo que dice el reglamento

Se denominan declaraciones del Parlament las acordadas unánimemente por el presidente y por la Junta de Portavoces. Estas declaraciones se publican en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña y son leídas en sesión plenaria o en la comisión correspondiente, según determine la Mesa”, reza el citado artículo.

Alonso y el portavoz de Cs, Ignacio Martín Blanco, quisieron advertir de esa literalidad, pero Borràs no les dejó intervenir y expulsó del hemiciclo al primero. No era la primera vez que la neoconvergente actuaba de esta manera. El 14 de diciembre de 2021, Borràs echó de la sala a Martín Blanco cuando éste replicó su discurso político sobre la condena del diputado de la CUP Pau Juvillà.

El portavoz parlamentario de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco / EFE
El portavoz parlamentario de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco / EFE

De ahí que, en su escrito de queja, la formación naranja denuncie que, “en demasiadas ocasiones en esta legislatura, la señora Borràs ha repetido el mismo modus operandi: realiza una actuación manifiestamente contraria al reglamento, seguidamente silencia al portavoz o a cualquier otro miembro del grupo parlamentario de Cs cuando éste intenta poner de manifiesto el incumplimiento realizado e insta a observar el reglamento, y finalmente lo expulsa del hemiciclo si no acata sus órdenes de guardar silencio”. Una actitud, avisan, de que deja “en situación de desamparo e indefensión a los diputados” y “le impide ejercer su derecho fundamental a la representación política recogida en el artículo 23 de la Constitución”.

Juristas cualificados

El problema es que los letrados de la Cámara, “juristas cualificados que gozan de un estatuto de inamovilidad que les protege contra toda posible arbitrariedad y, en último término, defensores de la legalidad, no han podido nunca manifestar su postura en derecho ante este modo de proceder, ya que según el artículo 10F de los estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament, solo pueden elaborar informes y dictámenes concretos sobre cuestiones parlamentarias a requerimiento, entre otros, del presidente o presidenta del Parlament, la Mesa o el secretario o secretaria general”. “No nos consta que tales informes o dictámenes hayan sido solicitados y, si lo han sido, que se hayan hecho llegar a los grupos parlamentarios”, exponen.

Por ello, Cs pide a la secretaria general que consulte a los letrados sobre el modo de proceder en caso de diferente interpretación del reglamento. Es decir, qué postura deben tomar la propia secretaria y los letrados. La formación naranja insta a redactar un protocolo de actuación y un dictamen sobre estas cuestiones.