El Instituto de Estudios del Autogobierno defiende el castellano en la enseñanza

Un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), organismo asesor de la Generalitat que depende de la Consejería de Presidencia, avala que la reforma de la Ley de Política Lingüística debe reconocer la posibilidad de que el castellano sea utilizado como lengua en la enseñanza y garantizar una regulación flexible que permita a los centros escolares adaptarse a las realidades lingüísticas. Este documento considera que esos cambios son adecuados para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de horario lectivo en castellano.

El estudio, que consta de 35 páginas, está elaborado por el director del IEA, Joan Ridao, y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Gerard Martin. Su título es muy claro: La modificación de la normativa reguladora de la lengua en la enseñanza para dar respuesta a la sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020. Dicho de otra manera, mientras el gran acuerdo alcanzado por ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y PSC, que contempla la reforma de la Ley de Política Lingüística como vía de resolución --debía tramitarse por la vía de urgencia-- y sigue bloqueada por la resistencia de los neoconvergentes se ha estancado, los juristas arrojan luz sobre cómo deben hacerse esos cambios para que tengan rigor jurídico.

Portavoces de educación de PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem tras registrar la reforma de la ley de política lingüística

En sus alegaciones para rechazar la ejecución forzosa de la sentencia de 2020, la Consejería de Educación aludía a esa reforma legal, que difícilmente podrá estar vigente antes de los 15 días de plazo que ha dado el TSJC a la Generalitat para garantizar que se cumplen esas cuotas mínimas de castellano en las aulas.

El informe del IEA avala esa vía, pues “una modificación de la Ley de Política Lingüística, que se configura como una ley de desarrollo básico del Estatut, otorgaría un mayor grado de solemnidad a la regulación aprobada, dado que, por un lado, se trata de una norma de extraordinaria relevancia, que refleja los consensos esenciales de las fuerzas políticas catalanas y de la propia sociedad en el ámbito lingüístico y que, por otro, solo ha sido modificada dos veces en aspectos puntuales desde su aprobación en 1998”.

“En otras palabras --añade--, una modificación de la Ley de Política Lingüística afianzaría y pondría de manifiesto un nuevo y relevante consenso político sobre uno de los aspectos primordiales de la sociedad catalana como es el régimen de las lenguas”.

Joan Ridao, director general del Instituto de Estudios del Autogobierno

Una segunda opción sería la modificación de la Ley de Educación de Cataluña, alternativa propuesta en un informe conjunto de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y de la Dirección General de Derechos y Asuntos Constitucionales, del Gabinete Jurídico de la Generalitat, de 3 de agosto de 2021, para ejecutar la sentencia TSJC. “Esta opción se podría justificar en el carácter más específico de esta ley que regula el sistema educativo de Cataluña, pero estaría carente de la relevancia institucional de la que goza, como se ha dicho, la Ley de Política Lingüística”, indican Ridao y Martin, quienes insisten en la necesidad de que la nueva norma cuente con amplios consensos, y cumpla con un doble criterio de simplicidad y precisión.

Ambos advierten de que “la posibilidad de utilizar el castellano en la enseñanza no es una cuestión que pueda decidir el Parlamento de Cataluña, sino que, de acuerdo con la interpretación que han hecho los tribunales, se trata de un uso necesario que deriva directamente de las normas que integran el bloque de la constitucionalidad. Por tanto, la modificación legislativa ha reconocer esta posibilidad de uso”.

Regulación flexible

Asimismo, sostienen los expertos que el redactado de la ley “debe incorporar una regulación flexible en el régimen de uso de las lenguas” porque “las realidades lingüísticas no son homogéneas en todo el territorio de Cataluña y, por supuesto, en todos los centros docentes”. Estas soluciones diferenciadas “deben tener como objetivo que los alumnos, al terminar sus estudios, conozcan perfectamente el catalán y el castellano”. Por ello, consideran que la administración educativa debe ser proactiva y dar el máximo apoyo a los centros docentes a la hora de fijar el régimen de uso de las lenguas.

Los centros docentes son los que mejor conocen la realidad lingüística de su alumnado, por lo que la nueva regulación les podría atribuir un papel determinante a la vez de fijar el régimen de uso de las lenguas en sus actividades educativas, en el marco sus proyectos educativos y lingüísticos”. Asimismo, el informe aboga por una norma que tenga en cuenta el aranés como lengua oficial de Cataluña y ajustar su uso en el sistema educativo.

En realidad, tanto el acuerdo alcanzado por ERC, JxCat, En Comú Podem y PSC como el dictamen del IEA no distan demasiado del documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural aprobado cuando Josep Bargalló era consejero de Educación. En el mismo se ponía de manifiesto la necesidad de flexibilizar la inmersión para adaptarla a la realidad sociolingüística. Puede leerse en este enlace.