Las propuestas de la CUP para acabar con el castellano en los comercios y en la escuela

Las encuestas no son nada halagüeñas para la CUP ante el 12M. Todos los sondeos auguran que los antisistema perderán apoyos en las urnas y entre 2 y 5 diputados (ahora tienen 9), por lo que los estrategas han puesto el foco en uno de los asuntos con los que pueden retener votantes: la lengua catalana. Así, los radicales independentistas han emprendido una dura campaña contra el castellano, aunque con contradicciones.

La CUP quiere erradicar el castellano de los comercios y de las escuelas. En este sentido, los cupaires de Barcelona han interpuesto más de 120 denuncias a establecimientos comerciales de la ciudad por no rotular en catalán en el marco de su campaña Defensem la Llengua. Los señalados son "establecimientos que participan en procesos gentrificadores y elitizadores de la ciudad y no en pequeños comercios de subsistencia". Consum deberá resolver.

"El fin de la inmersión lingüística"

Para los anticapitalistas, el catalán "está viviendo un proceso de suplantación lingüística en favor del castellano y el inglés" en comercios, algo que consideran que genera un clima de discriminación lingüística y compromete la cohesión de la ciudad, en sus palabras. Pero, en paralelo, la CUP ha presentado un decálogo "para afrontar la situación de emergencia que vive la lengua", aunque, en el mismo documento, añade que hay 10 millones de hablantes del catalán. Algo no cuadra.

Entre esas 10 propuestas figura la "derogación de la ley que certifica el fin de la inmersión lingüística en el sistema educativo". Una ley, por cierto, que no se aplica. En la misma línea, propone un "plan de choque en la escuela" para "garantizar la adquisición del catalán", con "más formación", más "aulas de acogida" y "más soporte lingüístico". También pretende la CUP catalanizar la formación profesional y que el catalán sea la lengua de docencia en la universidad.

Una consejería de Lengua

También quiere una consejería de Lengua con el equivalente al 0,5% del presupuesto de la Generalitat. Este departamento debería "garantizar los derechos lingüísticos que dependen del Govern, como la atención sanitaria en catalán". Y entre sus medidas tampoco faltan una agencia pública de traducción y doblaje de productos audiovisuales y recursos educativos, y una discográfica pública.

En los últimos puntos, a CUP quiere imponer "cláusulas lingüísticas en contratación y subvenciones", "impulsar el catalán en el trabajo" con el establecimiento del "derecho a aprender catalán en horario laboral costeado por la empresa", y "garantizar y difundir el derecho de acceso al aprendizaje y uso de la lengua catalana como herramienta de igualdad de oportunidades, cohesión e inclusión".