El juez sienta en el banquillo a Germà Gordó y Daniel Osàcar por el 'caso 3%'

Punto y final a la instrucción del caso 3%. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesa a los exdirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó, Daniel Osàcar --extesorero de la formación-- y Andreu Viloca por corrupción política.

De la Mata los acusa de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Financiación "encubierta"

Asimismo, el magistrado incluye a otras 28 personas físicas --entre las cuales se encuentra Francesc Xavier Sánchez Vera, exresponsable jurídico de Convergència-- y 16 jurídicas (empresas y partidos) en la macrocausa por la corrupción del extinto partido político nacionalista fundado por Jordi Pujol.

En un auto de 304 páginas, el juez concluye una investigación iniciada en 2015 constatando que CDC mantuvo una estructura paralela para financiarse "legalmente y en forma encubierta".

Una fuente de recursos imprescindible

Para De la Mata, la trascendencia de esta organización en la vida de CDC era muy relevante, pues los ingresos que tuvieron origen en sus fundaciones significaron una fuente de financiación que supuso, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 (años de los que se dispone información), una media del 11,5% de la "financiación privada" del partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada).

Se trata "de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta". Así, la operativa se ha mantenido en el tiempo incluso después de los hechos del caso Palau, por lo que se puede concluir que los altos cargos "no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantuvo, al menos, durante 11 años".

La cúpula de la trama

En lo más alto de la organización criminal que describe el auto, el juez incluye a Gordó, Osàcar y Viloca, quienes llevaban a cabo un "control" y "seguimiento" de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones de Catalunya, todas bajo la esfera de poder de CDC, e "influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas asociadas a este pacto criminal".

Los tres llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes en las adjudicaciones a dedo y "por supuesto recibían los pagos".

Las empresas colaboradoras

En un segundo escalón, sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, "alteraron concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las compañías de los empresarios".

En un tercer nivel habría estado el grupo de empresarios que, "sistemáticamente", se concertaron con altos cargos de CDC para hacer pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones Catdem y Fundación Fòrum Barcelona.

Concursos amañados

El juez detalla adjudicaciones y donaciones investigadas, siguiendo una metodología en la que ha analizado los documentos intervenidos de licitaciones en el despacho de Viloca, ha identificado empresas y ha examinado las reuniones entre los tesoreros con los empresarios, así como las donaciones a CDC.

Destaca la "íntima relación temporal y causal entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los actores, la adjudicación de una obra o servicio investigado y las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC". Pero no siempre existía una "exacta concatenación temporal" entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque con las donaciones también se buscaba mantener la "buena relación con el partido" ante futuros contratos.

PDECat sale salpicada

El magistrado, el mismo que ha procesado a la familia Pujol-Ferrusola, dirige el procedimiento no solo contra varios cargos políticos y funcionarios de administraciones e instituciones públicas catalanas, sino también contra más de diez sociedades.

Entre estas destacan CDC, el PDECat, TeyCo, Urbaser, Fundación ACS y Grupo Soler Constructoras, entre otras, aunque archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica.