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Los políticos presos en el Tribunal Supremo / EFE

El independentismo se ata otra vez al victimismo de sus políticos presos

La justicia suspende el tercer grado y endurece las condiciones penitenciarias de los dirigentes independentistas, que levantan la bandera de la resistencia a pocos meses de las elecciones

8 min

Un enroque sin posibilidad de saltar el principal obstáculo: la situación de los políticos presos, que afecta a las dos principales fuerzas independentistas, aunque en un mayor medida a ERC porque su líder, Oriol Junqueras, volverá a prisión para cumplir su condena en segundo grado. La decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de Lledoners, después del recurso de la fiscalía, comporta la suspensión del tercer grado penitenciario que permitía a los presos salir cada día, dormir en prisión sólo de lunes a jueves y estar en casa durante el fin de semana. La medida se aplicó desde este mismo martes, y ha provocado un cierre de filas del independentismo que se ata, otra vez, al victimismo de sus presos.

El mismo martes se produjo una concentración ante la prisión de Lledoners, y los mensajes de los políticos presos fueron una constante llamada a la “resistencia”. Según Oriol Junqueras, el Gobierno y las estructuras del Estado tienen “miedo” de los políticos independentistas, y ahora acoge su encarcelamiento como una etapa “necesaria, aunque dolorosa, para ganar”. También se pronunció al respecto el exconsejero Raül Romeva, que señaló que han “nacido para ganar”.

Cohesión de los reclusos

La medida judicial cohesiona al colectivo de los mandatarios condenados, y dificulta que los partidos independentistas salgan de ese bucle victimista. Pero lo decidido por la juez, tras el recurso de fiscalía, era algo previsible después del acelerón que el propio Departamento de Justicia de la Generalitat, en manos de la republicana Esther Capella, había dado a la política penitenciaria. Habían sido las juntas de tratamiento de las cárceles los que proponían las distintas medidas, hasta ese tercer grado a presos que tienen condenas de entre 9 y 13 años de cárcel, y de las cuales algunos han cumplido cerca de tres años.

La juez suspendió el tercer grado para los presos que están en Lledoners: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Las defensas tienen ahora tres días para presentar recurso contra la suspensión. Quedará pendiente la situación de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. En estos tres casos, la fiscalía todavía no ha presentado recurso.

Un segundo grado más duro

La situación penitenciaria ahora cambiará. Volverán al segundo grado pero, además, sin la posibilidad de acogerse al artículo 100.2 del régimen penitenciario que otorgaba salidas para poder ir a trabajar o ejercer un voluntariado en un régimen similar al tercer grado, al que se habían acogido los políticos presos desde hace meses.  

La juez admitió el recurso de la fiscalía a las pocas horas de producirse. Ésta presentó su escrito contra el tercer grado siguiendo estrictamente lo que había establecido el Tribunal Supremo en una resolución que dictó la pasada semana. Lo que ha ocurrido es que la fiscalía pidió la suspensión del régimen de semilibertad del que disfrutaban los políticos presos, en línea con el Supremo, mientras se examina el recurso contra la medida.

Oriol Junqueras, en el vídeo de su perfil de Twitter / @junqueras
Oriol Junqueras, en el vídeo de su perfil de Twitter / @junqueras

¿Qué actitud tienen?

Pero, al margen de las consideraciones jurídicas y formales, la fiscalía presentó el recurso al considerar que los políticos presos no habían cumplido una cuarta parte de la condena --que es lo que habilita para poder acceder al tercer grado-- ni estaban inmersos en un programa de tratamiento relacionado con el delito de sedición por el que fueron condenados. De hecho, pone ante el espejo a la Generalitat, al entender que vacía de contenido la sentencia del Supremo y que se ha provocado un efecto de total impunidad. A todo eso se añade el hecho de que los dirigentes independentistas presos han utilizado todos estos días en régimen de semilibertad para reivindicar todas las acciones políticas cometidas y protagonizar actos políticos ya en clave electoral, con la inminencia de una convocatoria de elecciones al Parlament.

La clave de la nueva situación se encuentra en la decisión de Manuel Marchena, que preside la sala segunda del Tribunal Supremo. Fue él quien la pasada semana objetó la aplicación del artículo 100.2 en el caso de Carme Forcadell y se atribuyó la competencia para decidir sobre la aplicación de ese artículo del reglamento penitenciario. Con ello, dio pie a que la fiscalía presentara los recursos correspondientes para el resto de políticos presos, como ocurrió este martes con los dirigentes que cumplen pena en Lledoners.

"Venganza, no justicia"

Para el independentismo, la decisión supone un cierre de filas y comenzar una campaña electoral, que de nuevo tendrá en el centro la situación de los presos. En el caso de ERC, su posición se puede endurecer de cara a la negociación de los presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Les puede el ánimo de venganza y no de justicia”, clamó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, con un mensaje que fueron repitiendo el resto de dirigentes republicanos.

Pero es también un arma para ERC frente a Junts per Catalunya y Carles Puigdemont. De hecho, lo ha exhibido Junqueras estos días en sus diferentes actos. Él se ha “chupado” casi tres años de prisión, mientras que Puigdemont sigue libre en Bruselas. Ahora, de nuevo desde la cárcel, y con un régimen penitenciario más restrictivo, hará bandera de su condición para “ganar la libertad” y, si se puede, las elecciones a la Generalitat.

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