Guerra interna en una Sindicatura de Cuentas con mandatos caducados

La Sindicatura de Cuentas es uno de los veinte organismos dependientes de la Generalitat con mandatos caducados. Sin embargo, la pugna entre los socios de gobierno, ERC y Junts per Catalunya, azuzada por la cuenta atrás de un procés que culminará en un previsible adelanto electoral, impide toma decisiones en este sentido. Sea por esa situación de interinidad, sea por antiguas rencillas, lo cierto es que la gestión del día a día está generando conflictos internos.

El más reciente tiene que ver con la propuesta del síndico Jordi Pons –elegido en 2013 por ERC— de cambiar el sistema de promoción de los auditores. Hasta ahora, el criterio para progresar –lo que implica un aumento de sueldo-- dentro de la Sindicatura se basaba en los méritos y en la antigüedad. Pero Pons sugiere que ahora se haga mediante una prueba de conocimientos generales. “El tema no está cerrado y decisión no está tomada todavía. La idea es que esa prueba complemente otros criterios. De todas formas, los órganos de dirección están negociando con el personal”, explican fuentes de la Sindicatura.

Oposiciones recientes

No obstante, la propuesta ha provocado, según explican a Crónica Global funcionarios con larga trayectoria en la Sindicatura, una “verdadera guerra civil” entre la hornada de funcionarios que se incorporaron en 2004 a este órgano dedicado a fiscalizar las cuentas de las administraciones catalanas, y que han elaborado la mayoría de los informes, y los 21 funcionarios que recientemente aprobaron las oposiciones para ingresar en el escalafón más bajo del cuerpo de auditores.

La síndica Maria Àngels Servat junto al Síndic Major, Jaume Amat, en una comparecencia parlamentaria / CG

La síndica Maria Àngels Servat junto al Síndic Major, Jaume Amat, en una comparecencia parlamentaria / CG

Los veteranos creen que ese nuevo criterio, basado en la prueba de conocimiento, beneficia a los nuevos auditores, que tienen más reciente los estudios realizados para presentarse a las oposiciones. Asimismo, cuestionan que una “decisión estructural” de este tipo se tome cuando la mitad de los síndicos tienen el mandato caducado --cuatro de sus siete miembros deben ser renovados--.

Posible recurso

La situación, dicen esas fuentes internas, es tan tensa que “hay amenazas de acudir a la vía de lo contencioso-administrativo si finalmente se cambian los criterios”.

Los ánimos están revueltos desde hace meses. Tal como publicó este diario, la larga baja temporal de la síndica Maria Àngels Servat  --ya reincorporada--, la existencia de un remanente presupuestario que genera suspicacias --según la Memoria de actividades de 2017, ascendió a 2,8 millones que se podían haber destinado a consejerías sociales que han sufrido recortes-- y el fichaje de una doctora ha caldeado mucho el ambiente en esta etapa final de un mandato pendiente de renovación.

Otras instituciones bloqueadas son la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el Consejo de Garantías Estatutarias, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA) o el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).