El Govern incumple su promesa de destinar las herencias intestadas a alquiler social

Cataluña sufre una situación de emergencia social que impide a muchas familias acceder a una vivienda. Pero la Generalitat, en lugar de acelerar los trámites para destinar las herencias intestadas a familias en riesgo de pobreza, opta de nuevo por la venta de ese patrimonio al mejor postor. Un sistema que en 2016, el exvicepresidente económico, Oriol Junqueras, prometió abandonar en un convenio con las entidades sociales que, al parecer, ha quedado en papel mojado.

La Generalitat decidió a principios de mayo sacar a subasta 47 inmuebles procedentes de herencias intestadas --bienes que al no tener herederos pasan a formar parte del patrimonio de la Administración--, todos ellos situados en Cataluña excepto un piso que ubicado en Vinaroz (Castellón). Se trata de dos edificios enteros emplazados en Girona y Barcelona, 26 viviendas y 8 solares, así como parkings y trasteros.

La subasta tendrá lugar el 5 de julio y el Govern pretende obtener unos ingresos mínimos de 4,9 millones de euros que serían invertidos en establecimientos de asistencia social o instituciones culturales.

Edificio con una de las viviendas subastadas procedentes de herencias intestadas situada en la Gran Vía Carlos III de Barcelona / GENCAT

Una de las viviendas subastadas procedentes de herencias intestadas situada en la Gran Vía Carlos III de Barcelona

Sin embargo, Catalunya en Comú Podem avisa de que ese sistema de gestionar las herencias intestadas supone una pérdida de patrimonio para la Administración. Pero, sobre todo, advierte de que “actualmente hay una situación de emergencia social respecto a la falta de vivienda pública”, explica a Crónica Global el diputado David Cid. Recuerda que, hace dos años, la Consejería de Economía, con Oriol Junqueras al frente “anunció un convenio, que ahora incumple, por el que las fincas procedentes de herencias intestadas se destinarían a las entidades sociales para ser destinadas a vivienda social”.

En efecto, el 22 de septiembre de 2016, Oriol Junqueras; la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs; y el presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Oriol Illa, firmaron un convenio según el cual, los pisos de herencias intestadas serían destinados a personas "en situación de emergencia social” en lugar de venderlos como se hacía hasta entonces. Rubricó ese compromiso con la entrega de 32 inmuebles a la Taula.

"No vale la excusa del 155"

Sin embargo, la pista sobre el destino de las herencias intestadas se pierde. “Aquí no vale la excusa de la aplicación del 155”, afirma el diputado de Catalunya en Comú Podem, quien ha presentado una batería de preguntas sobre el número de herencias intestadas que ha recibido la Generalitat en los últimos tres años, cuántas subastas se han hecho desde el acuerdo suscrito con las entidades sociales y cuántos pisos se han destinado a alquiler social.

La venta de este tipo de patrimonio público da lugar a situaciones de incertidumbre, como la del Mesón del Café, un negocio centenario situado en un edificio de la calle Llibretería que forma parte del paquete de inmuebles que la Generalitat sacará a subasta. Tal como publicó Crónica Global, la amenaza de que un fondo de inversión gane en la puja del 5 de julio y ejerza un mobbing inmobiliario planea sobre este establecimiento.

El Código Civil de Cataluña indica en su artículo 442-13.2 que la Administración catalana ha de destinar preferentemente las fincas urbanas que herede, o su valor, a políticas de vivienda social.

Paralizar la subasta

David Cid, junto a la responsable de vivienda de Catalunya en Comú Podem, Susanna Segovia, y la portavoz, Elisenda Alamany, han presentado una propuesta de resolución en el Parlament en la que se insta al Govern a paralizar la subasta prevista para el 5 de julio, ceder los edificios, viviendas y solares heredados a entidades sociales o a los ayuntamientos para que sean destinados a alquiler social o a la construcción de viviendas de alquiler social, y destinar los recursos procedentes de la venta del resto de inmuebles a aumentar el presupuesto de vivienda pública de la Generalitat. “Tememos no llegar a tiempo”, lamenta Cid, en alusión a los retrasos en los trámites parlamentarios.

En esa iniciativa de los comunes se recuerda que, en Cataluña, el porcentaje de vivienda social respecto al conjunto del parque inmobiliario no supera el 1,3%, cifra que dista mucho del 5% que se fijó en el Plan Territorial Sectorial de Vivienda y está muy alejada de los niveles de capitales europeas como Viena, donde se llega al 20%.

Según el último informe de la Cámara de la Propiedad Urbana, los precios de alquiler en Barcelona repuntó un 9,5% en 2017 y en Cataluña subió un 10%. Los comunes reclaman que, en paralelo a la revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos solicitada en el Congreso, la Generalitat impulse medidas para ampliar el parque público de alquiler.