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Manifestación en contra del bilingüismo en las escuelas catalanas / CG

Un estudio jurídico demuestra que eliminar el castellano como lengua vehicular es inconstitucional

La 'ley Celaá' vulnera la libertad de los padres de escoger la educación de sus hijos, según el análisis efectuado por el 'think tank' Club Tocqueville

4 min

Un estudio jurídico demuestra que eliminar el castellano como lengua vehicular es inconstitucional. Como también lo es vulnerar la libertad de los padres de escoger la educación de sus hijos.

El Club Tocqueville, think tank constitucionalista, ha analizado el Proyecto de ley de educación conocida como ley Celaá desde un punto de vista jurídico. El análisis La ruptura educativa en la ley Celaá: Un análisis jurídico, que ha sido llevado a cabo por el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Internacional de Catalunya y vocal de la junta del Club Tocqueville, Juan José Guardia, llega a la conclusión de que la Lomloe va contra doctrina del Tribunal Constitucional y presenta grandes dudas de constitucionalidad.

La ministra de Educación, Isabel Celaá / EP
La ministra de Educación, Isabel Celaá / EP

En el análisis se constata como el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha optado por presentar "una ley que no cuenta con las aportaciones del sector educativo, ni con las asociaciones de madres y padres, ni con las de los sindicatos, ni con las de las patronales, ni de los partidos de la oposición, porque vetó tales comparecencias en el Congreso de los Diputados".

Contra los centros concertados

La nueva ley de educación, tal y como se constata en el documento, "pretende suprimir, en un futuro inmediato, los centros concertados, retirar el apoyo económico a los centros de educación diferenciada, suprimir los centros de educación especial, eliminar el castellano como lengua vehicular y que al cuerpo de inspectores de educación se llegue por una valoración positiva y no por una oposición. Recuerda el jurista que, tal como ha dictaminado la Unesco, "una buena gobernanza en el sector de la educación requiere múltiples alianzas del gobierno y la sociedad civil, y la política nacional de educación debería ser fruto de una amplia consulta social y un consenso nacional".

Respecto a la eliminación del castellano como lengua vehicular, Guardia recuerda que "el TC ha afirmado que el castellano es lengua vehicular también en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, de tal modo que no es suficiente con que se impartan clases 'de' castellano en castellano (ver sentencias 6/1982 y 337/1994). Es interesante la sentencia 31/2010, según la cual el catalán y el castellano en las escuelas catalanas 'han de ser no solo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación'".

Sistema educativo catalán judicializado

"Como es conocido --añade--, el sistema educativo catalán es el más judicializado de España. Las distintas sentencias del TC, del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instan a impartir un mínimo de asignaturas no lingüísticas en castellano. En alguna resolución judicial se cifra ese mínimo en un 25%. Lo cierto es que ese porcentaje no se respeta en absoluto".

La ley Celaá "se ha llevado a cabo desoyendo al Tribunal Constitucional, a la Unesco y obviando la libertad de enseñanza y la libertad de las madres y los padres, así como a los expertos y a los partidos de la oposición" y dada la situación de crisis sanitaria, el Gobierno de Sánchez pretende aprobar la ley con una contestación social menor".

El profesor Guardia observa que "las evaluaciones internacionales de nuestros alumnos nos indican problemas no resueltos, las disciplinas humanísticas continúan su devaluación y el conocimiento de lenguas extranjeras sigue siendo insuficiente. Es por ello que concluye que los retos y problemas que tiene el sistema educativo en España son estos y no otros".