Cuatro entidades avisan de que eliminar el castellano como lengua vehicular es inconstitucional

Los presidentes de las entidades constitucionalistas catalanas Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana y S’ha Acabat! han enviado un escrito a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en el que advierten de que eliminar el castellano como lengua vehicular es inconstitucional y reclaman que se reconozca el derecho lingüístico de los alumnos a ser escolarizados en español en todo el sistema educativo. 

Coincidiendo con el Pleno que se celebra en el Congreso, donde se ha abordado la reforma pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC, las cuatro entidades han hecho llegar sus posturas a los partidos en un escrito en el que piden que la Ley Orgánica de Educación mantenga el carácter del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo español y que las otras lenguas cooficiales mantengan la misma condición en las Comunidades Autónomas. 

Cooficialidad lingüística

También reclaman que se reconozca el derecho lingüístico de los alumnos a ser escolarizados en castellano en todo el sistema educativo español y que la ley acomode su texto a los principios que ha establecido el Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística.

Tambien instan a desarrollar el concepto de lengua vehicular y de aprendizaje y, a tal efecto, se establezca la proporción mínima de castellano para los modelos de conjunción lingüística.

Los firmantes proclaman que "el español es lengua propia de todos los españoles", sin que "el reconocimiento de la oficialidad del resto de lenguas españoles prive al español de su carácter de lengua común".

Escrito registrado en el Congreso

En el escrito presentado esta mañana en el registro de la Cámara Baja, Ana Losada (AEB), José Domingo (Impulso Ciudadano), Fernando Sánchez Costa (SCC) y Julia Moreno (SHA) advierten de que "ese anómalo modelo que se trata de justificar en una Ley Básica como es la Ley Orgánica de Educación está viciado de inconstitucionalidad" y que "las Cortes Generales están siendo instrumentalizadas para aprobar un anómalo modelo educativo que pretende amparar prácticas inconstitucionales". Por ello "invitamos a los diputados a que no caigan en las tropelías normativas que han diseñado los que quieren restringir derechos lingüísticos y legislar en contra de la pluralidad en vez de amparar la diversidad lingüística".

La normativa que se quiere aprobar "limita las competencias de la Administración del Estado en la regulación del castellano como lengua oficial para tratar de hacer exclusiva la competencia de la Administración educativa autonómica".

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