ERC se desmarca de Puigdemont, que compara España y Turquía

La estrategia de empañar la imagen de la Justicia española pasa por comparar a España con Turquía en cuanto al supuesto déficit de garantías democráticas. Junts per Catalunya, pilotados por Carles Puigdemont, usan y abusan de esa consigna y ahora la han hecho extensiva a la causa judicial de los procesados independentistas. No así ERC que, de momento, se mantiene al margen de es nueva vuelta de tuerca en la línea de confrontación de los neoconvergentes, que incluso han augurado un "Guantánamo español" para los presos.

Jordi Pina, abogado defensor de los diputados de Junts per Catalunya Jordi Sànchez. Jordi Turull y Josep Rull, explica en cuatro escritos dirigidos al Tribunal Constitucional, que con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo “que ya lleva un año pendiente de resolución”, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó la sentencia sobre el caso Dermitas contra Turquía.

Un dirigente prokurdo

Se trata de una resolución notificada el pasado día 20 en la que se consideran vulnerados los derechos políticos del exjefe del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas, en prisión provisional. El Tribunal de Estrasburgo considera vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos por “considerarse incompatible con los derechos políticos reconocidos en dicho precepto la decisión de mantener privado de libertad a un cargo parlamentario durante un prolongado período de tiempo sin fundamental por qué no se le somete a medidas cautelares menos gravosas que le permitan ejercer activamente su función representativa”.

Según el tribunal europeo, el mantenimiento de Dermitas en prisión durante dos campañas electorales seguidas supone “un intento por asfixiar el pluralismo y el debate político, fundamentales en una sociedad democrática, por lo que Turquía es requerida a ponerle inmediatamente en libertad”.

Considera el letrado que el caso de Dermitas es extrapolable a los procesados independentistas que, a diferencia del dirigente prokurdo, no cobran su salario de parlamentario.

En el caso de Jordi Sànchez, recuerda Jordi Pina, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó al Estado español a garantizar el ejercicio de sus derechos políticos.

La crisis entre JxCAT y ERC

De momento, ERC no contempla secundar esta estrategia de defensa. De hecho, los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, dejaron clara su posición, contraria a la de Junts per Catalunya, en un convulso Pleno parlamentario celebrado el principios de octubre y que estuvo a punto de provocar una crisis de gobierno. Los neoconvergentes decidieron en el último momento incumplir el acuerdo alcanzado con ERC y se negaron a nombrar un diputado sustituto que pudiera votar en nombre de los diputados procesados. Esta especie de delegación venía contemplada en la resolutoria dictada por del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la suspensión de los parlamentarios, consecuencia de la firmeza de los procesamientos. Llarena planteó esta posibilidad para no alterar las mayorías parlamentarias y a la espera de sentencia firme. Junqueras y Romeva acataron esa vía, no así Turull, Rull y Sànchez, que siguiendo las instrucciones de Puigdemont --fugado en Bélgica--, intentaron arrastrar a ERC a la desobediencia y negar la condición de suspendidos.

La crisis se cerró en falso tras una reunión entre el presidente Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès. Precisamente ayer trascendió que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, declaró el 3 de octubre, en una reunión de la Mesa de la cámara catalana, que Junqueras y Romeva "ya están suspendidos" como diputados de ERC, aunque se les permite delegar su voto en el presidente de su grupo parlamentario, Sergi Sabrià.