Nuevo intento de JxCat de arrastrar a ERC a la desobediencia

El ultimátum más breve de la historia política catalana ha logrado desviar la atención respecto al enésimo intento de Junts per Catalunya de arrastrar a ERC a la desobediencia. La resistencia de los neoconvergentes a designar sustituto para sus cuatro diputados procesados, tal como se acordó el martes en el Parlament, puede causar a los miembros de la Mesa serios problemas judiciales.

JxCat ya intentó atraer a los republicanos a la senda del desacato al pedir la inmunidad de Carles Puigdemont con la finalidad de que éste pudiera gobernar Cataluña desde su “exilio”, pero el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, se negó. Más recientemente, la Cámara catalana ha permanecido bloqueada durante meses debido al empeño de los neoconvergentes en incumplir la interlocutoria del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la suspensión de los seis diputados procesados. A saber: Puigdemont (fugado), Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

La falsa desobediencia

Parecía que el asunto había quedado resuelto el martes, con la votación en el pleno de un dictamen en el que se aprobaba la delegación de funciones de los procesados en sus compañeros de filas mientras dure la causa judicial. Una fórmula algo imaginativa que el propio magistrado ya apuntaba en su resolución, eso sí, endosando a la Mesa del Parlament la búsqueda de una fórmula que garantizara la mayorías parlamentarias. El acuerdo entre JxCat y ERC permitía escenificar una desobediencia a la justicia española, aunque en la práctica, los independentistas acataban sus órdenes.

Precisamente ayer, el Boletín Oficial del Parlament publicaba la resolución en la que, por un lado, la Cámara “rechaza la suspensión de derechos y deberes parlamentarios” de los seis diputados”, pero por otro –en la línea de Llarena--, aprueba que esos derechos “sean ejercidos por un miembro de su grupo parlamentaria” mientras “dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas”. PSC y PP no participaron en la votación. Ciudadanos tampoco y anuncia querella criminal contra la Mesa por permitir que se tramitara esta iniciativa.

Un nuevo órdago

Sin embargo, el núcleo duro de Torra, en un nuevo órdago contra sus socios de gobierno, anunció que no designaría a ningún sustituto. Así, mientras Junqueras y Romeva delegaban oficialmente sus funciones en el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, JxCat volvió a poner rumbo de colisión contra el Estado. La formación de Torra afirma ahora que sus cuatro diputados pueden seguir delegando el voto, como hacían hasta ahora, mientras que el presidente del Parlament advirtió de que si no designan sustitutos, los letrados de la Cámara no podrán contabilizar sus votos en el pleno y el bloque independentista perdería la mayoría, pasando de 69 a 65 escaños. Los republicanos saben que, de mantenerse esta actitud, los miembros de la Mesa podrían tener problemas judiciales por desacato a Llarena.

Esta nueva pugna entre los socios de Govern tuvo lugar después de que ERC se desmarcara de ese ultimátum con el que el presidente de la Generalitat quiso endurecer su discurso para reconciliarse con la CUP y con los CDR (comités de defensa de la república). Estos le habían abucheado el lunes, aniversario del 1-O, durante el intento de asalto al Parlament, evitado por agentes de los Mossos d’Esquadra víctimas de la improvisación y de la falta de efectivos.

Regreso a la moderación

La radicalidad de Torra duró tan poco como su propio ultimátum, consistente en exigir al presidente Pedro Sánchez que, antes de noviembre, ponga sobre la mesa una propuesta para ejercer el llamado derecho a la autodeterminación. Tras el rotundo “no” de la Moncloa, el mandatario catalán envió una carta a Sánchez en la que había eliminado toda referencia a plazos límite y a retiradas de apoyo en el Congreso. En esa línea de moderación, JxCat y ERC pactaron una propuesta de resolución que será votado hoy en la última sesión del Debate de Política General, en la que se defiende el diálogo como vía para ejercer ese derecho a la autodeterminación, pero sin fechas.