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Elsa Artadi, diputada y portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya

Elsa Artadi participó en los preparativos del 1-O

Un informe de la Guardia Civil señala a la portavoz parlamentaria de JxCat entre los organizadores del referéndum secesionista ilegal

15.02.2018 21:31 h.
6 min

Los últimos informes de la Guardia Civil remitidos al Supremo afirman que la portavoz de Junts pel Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, participó en los preparativos del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre, una convocatoria que fue ideada con "tácticas propias de la delincuencia organizada".

La participación de Artadi --entonces directora general de Coordinación Interdepartamental del Departamento de Presidencia-- en el referéndum se extrae de las llamadas intervenidas a Josep María Jové, hombre de confianza de Oriol Junqueras, pieza clave del proceso soberanista considerado el "cerebro" de la logística del 1-O.

Gestión de las leyes de desconexión

En uno de esos pinchazos, Artadi llamó a Jové a las once y media de la noche del 6 de septiembre de 2017, mientras se votaban los decretos de las leyes de desconexión en el Parlament. El motivo fue conocer con qué fecha publicaban el decreto de convocatoria del referéndum y Jové le dijo que estaban preparados para enviar las cartas a los ayuntamientos, con fecha del día 6, por lo que debía publicarse ese mismo día.

Tres minutos después, en otra llamada Artadi comunicó a Jové que el decreto se publicaría alrededor de una hora después, pero con fecha del día 6.

Contactos con Salvadó

La Guardia Civil también ha encontrado rastro de la participación de Artadi en el proceso en una llamada suya al que fuera secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, en la que hablan de la creación de la Hacienda catalana.

Los informes concluyen que los tres principales responsables de la organización del referéndum fueron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, pero "el cerebro de la logística" fue Jové. Él recibía órdenes y despachaba asuntos directamente con Oriol Junqueras y también con Marta Rovira, quien debe declarar la próxima semana ante Llarena y quien, a juicio de la Guardia Civil, tuvo un papel fundamental en el proceso.

"Delincuencia organizada"

Por otra parte, acusa en a los líderes y principales responsables independentistas de Cataluña de actuar con "tácticas propias de la delincuencia organizada" amparadas en el "secretismo" y en un "lenguaje convenido propio", que demuestra "cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación". Menciona que la hoja de ruta que manejaba la cúpula independentista "no fue fruto del azar" sino que estaba "suficientemente planificada" con pasos, etapas y objetivos.

Todo ello bajo una estrategia marcada por "unas precauciones en sus comunicaciones propias del comportamiento de la delincuencia organizada" con "mensajes de Telegram con autodestrucción en cuestión de segundos", "correos electrónicos con borrado casi inmediato y "diálogos prácticamente surrealistas donde hablan de esto, eso o aquel".

Los Mossos, al servicio del 'procés'

El informe dedica un apartado a los Mossos d'Esquadra y acusa a los dirigentes políticos y policiales del cuerpo, entre ellos el exdirector Pere Soler y el exmayor Josep Lluís Trapero, de proteger a responsables y líderes soberanistas que estaban siendo investigados con labores de "contravigilancia".

"Parece meridiano que la Generalitat utiliza a su propia policía autonómica más para funciones de seguridad y protección de sus miembros, aun cuando estos realizan acciones que pueden infringir la ley que para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales", afirma el documento. La Guardia Civil acusa a los Mossos de "blindar a los miembros del Govern" y de desarrollar una estrategia con "una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso secesionista".

Apoyo a la huida de Puigdemont

En uno de los informes, refleja una serie de noticias de prensa sobre la huida de Puigdemont a Bélgica y concluye que revelan la protección que le dieron hasta el punto de sospechar que "es cuanto menos dudoso" que esos policías actuaran a título personal sin el apoyo de la Consejería de Interior.

Y también analiza el dinero gastado en el proceso soberanista y concluye que la Generalitat catalana habría pagado alrededor de 1 millón de euros a la empresa de transportes Unipost para enviar cartas a los miembros de las mesas electorales y para tarjetas censales del referéndum ilegal del 1-O. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido personarse en la causa que se instruye en el Supremo como acusación por la posible malversación de caudales públicos en la que habrían incurrido los dirigentes del proceso independentista.

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