Badia pone firmes a los okupas de Gràcia tras cuatro años de impunidad

Es lo que denuncian los mismos okupas del autodenominado Casal Popular Tres Lliris, un centro okupado situado en la antigua comisaría de la Policía Nacional de plaza Lesseps que fue tomado a la fuerza por los antisistema en 2015, y que el equipo de Badia les cedió en alquiler amable dos años después, en 2017.

“Nos quiere multar con 20.000 euros”

De 2017 a 2021, durante cuatro interminables años, largos sobre todo para los vecinos de la zona, los okupas han controlado un activo que es propiedad del Instituto Municipal de Vivienda (Imhab, por sus siglas en catalán). Badia, como concejal de Gràcia, permitió las actividades sociales en el inmueble tomado a cambio del pago de este alquiler simbólico.

Las actividades sociales incluyeron fiestas durante la pandemia, cuando la actividad de restauración y hostelería estaba restringida. Como consecuencia de aquellas celebraciones, el Ayuntamiento de Barcelona reclama 20.000 euros a los squatters.

Denuncia a la fiscalía por ruidos

Pero es que la casa okupa de Gràcia tiene historia. Los vecinos del lugar denunciaron a los allanadores y la tolerancia municipal hacia ellos ante la fiscalía, como explicó este medio. Alertaron de los continuos e insoportables ruidos, lo que quebrantaba, alegaban, su derecho al descanso.

El ministerio público, no obstante, archivó las diligencias al no apreciar indicios delictivos.

¿Pagaron el alquiler?

Durante los cuatro años en los que rigió el contrato entre intrusos y distrito de Gràcia, los okupas tenían que abonar el arrendamiento, que estaba fuera del mercado. ¿Lo pagaron? El PP preguntó en comisión municipal el pasado mandato, sin obtener respuesta.

Crónica Global lo volvió a preguntar en mayo de este año. En aquel momento, según el gobierno municipal, “el pago del canon [que abonaban supuestamente los okupas] estaba al corriente”.

Expediente de cierre a ritmo desesperante

Pero es que había otro frente abierto. El equipo de Ada Colau, que en el distrito de Gràcia capitanea Eloi Badia, incoó un expediente de cese de actividad al casal de la antigua comisaría de Lesseps en noviembre de 2020. El procedimiento estaba motivado porque los allanadores jamás se habían molestado en tramitar una licencia de actividad.

Si el ayuntamiento quería cesar la actividad, obró a muy lento ritmo. En mayo de 2021, el expediente “seguía la tramitación correspondiente tras la imposición de un recurso [por parte de los okupas]”, explicó el gobierno municipal a este medio. La orden de cierre estaba, según el equipo de Badia, “en curso según los plazos que corresponden”.

A las puertas de las fiestas de Gràcia

Negro sobre blanco, el Ayuntamiento de Barcelona toleró la okupación de un preciado activo municipal --Colau siempre alerta de la falta de solares para vivienda social en la Ciudad Condal--, pactó la reforma del edificio con dinero público, firmó su cesión y el pago de un canon simbólico y permitió que no hubiera licencia de actividad durante cuatro largos años.

Ahora, tras estos ejercicios, el consistorio multa y reclama el edificio a los squatters. Puede ser tarde para Eloi Badia, pues las fiestas de Gràcia de agosto, cuando los intrusos siempre hacen su aparición con juergas alternativas, puede constituir un momento delicado para atajar una barra libre que dura desde 2017.