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Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en un banco del Tribunal Supremo / EP

Las defensas no logran derribar el férreo muro de la Policía Nacional

Nuevo rifirrafe entre el juez Marchena y los abogados, que suben el tono ante el presidente del tribunal, por las preguntas dirigidas a los testigos

11.04.2019 19:19 h.
8 min

Los intentos han sido vanos. Las defensas de los 12 acusados en el juicio del procés han tropezado este jueves con el férreo muro levantado por los agentes de la Policía Nacional que continúan compareciendo como testigos por su intervención en el 1-O. Tampoco el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha ablandado ante la estrategia desplegada por algunos de los abogados para derribar el discurso de los agentes, interrumpiendo sin ambages las preguntas que consideraba impertinentes y las que podían conducir a suposiciones estériles.

Uno de los desencuentros más elocuentes de la sesión se ha producido en el momento en que Benet Salellas, letrado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, interpelaba a uno de los efectivos: “¿Eligieron actuar en la Escola Verd de Girona porque es allí donde iban las hijas del presidente Puigdemont?” Mientras el testigo aseguraba desconocer este hecho, el magistrado intervenía sin titubeos: “¿Cómo va a saber si eso estaba relacionado? Interrogue, no le exija conjeturas”, ha instado al letrado.

Los excesos de Pina con Marchena

Ha sido tan sólo uno de los rifirrafes protagonizados por defensas y el propio Marchena, que una vez más se ha visto impelido a terciar en los interrogatorios. “Dice que agredieron a uno de sus compañeros. ¿Vio cómo ocurrió?”, le ha inquirido a otro de los inspectores Jordi Pina, representante jurídico de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez. “Yo no lo vi. Me lo dijo él y hay un parte”, le ha contestado tajante el testigo. Sin embargo, ante la insistencia del abogado, el magistrado no ha tardado en amonestarle: “Está sobrepasando el límite de lo que es el interrogatorio”.

Sin embargo, la mayor pugna entre ambos ha tenido lugar después de que Pina preguntara a otro de los efectivos si vio un vídeo en el que dos agentes aparecerían agrediendo a uno de los votantes. “No vamos a discutir sobre un hecho que escapa a la capacidad de enjuiciamiento de esta sala. Todo eso a este tribunal, más allá de lamentar enormemente el incidente, no le incumbe. Estamos perdiendo el tiempo”, ha aseverado Marchena. Pina le ha rebatido: “El Ministerio Fiscal introdujo este hecho en su escrito de acusación. Está errando”, ha reprochado dirigiéndose al presidente.

Le llamaban torturador

Rull, sentado detrás de su abogado, no cesaba de hacer gestos de aprobación a los alegatos de su letrado. “No”, ha espetado el magistrado: “Cuando declaro la impertinencia de una pregunta no me puede decir que estoy errando. No vamos a perder ni un minuto más en un hecho que escapa al conocimiento del tribunal”.

Quien en varias ocasiones ha buscado arrancar de los testigos una descripción del comportamiento de los ciudadanos que acudieron a votar alejada de cualquier viso de violencia, el letrado del exvicepresidente Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, se ha topado con unos policías poco congraciados con la tesis pacifista de los acusados. “¿Cantaban los concentrados os acompañamos, somos educados?”, ha inquirido el abogado. “No, yo lo que recuerdo es que me llamaban torturador”, ha recibido el letrado por toda respuesta.

Las defensas, cuesta abajo

Ha sido una jornada, la trigésima, que ha comenzado marcada por la decisión del Tribunal Supremo de denegar la excarcelación de los cinco líderes independentistas acusados que concurren como candidatos en los próximos comicios electorales y que se encuentran en prisión provisional en el marco de la causa del 1-O. A partir de ese momento, la vista oral se ha encaminado cuesta abajo para los procesados, principalmente en lo referido al presunto clima de hostilidad que se produjo durante la celebración del referéndum --que contrasta con los postulados de los procesados-- así como, sobre todo, respecto al papel que jugaron los agentes de los Mossos d'Esquadra a lo largo de ese día.

La actuación de la policía autonómica ha sido duramente cuestionada de nuevo en una sesión en la que también se han producido acusaciones contra miembros del cuerpo de Bomberos, lo que ha generado la sorpresa de quien en ese instante se encontraba interrogando, el fiscal Fidel Cadena. Estaba declarando el décimo testigo del día, un agente de la Policía Judicial destinado a uno de los centros de votación de Girona. “Había una cadena de bomberos con sus uniformes y sus cascos”, ha relatado acerca de la resistencia con la que se toparon a las afueras del local. “¿Una cadena de bomberos?”, ha preguntado el fiscal visiblemente extrañado. “Sí, unidos por los brazos, y detrás de ellos mucha más gente. Tuvimos que acceder al centro por una entrada lateral”.

Incautación fuera de tiempo

Otro de los aspectos más significativos que presenciaron los agentes durante el 1-O ha sido detallado por varios instructores encargados de las actas de las intervenciones en los distritos Horta-Guinardó, Sant Andreu y Nou Barris. Uno de los inspectores ha narrado cómo vieron a varios mossos trasladando urnas en sus vehículos hasta la comisaría de Nou Barris, una vez finalizada la consulta, lo que ha considerado que “no tenía mucho sentido” puesto que la incautación debía haberse llevado a cabo durante el operativo desplegado para impedir la celebración del referéndum.  

Ha sido otra de las notas que reforzarían los alegatos de la Fiscalía respecto a la inacción de los agentes de la policía autonómica durante el 1-O, tesis hasta ahora rebatida por varios de los mossos que han comparecido ante el tribunal así como por parte de guardias civiles que aseguraron que su actuación no habría sido posible sin el auxilio de aquellos. Un relato que, sin embargo, también se distancia de la estrategia pacifista de las defensas: tanto uno como otro cuerpo, alineados en sus versiones, dejaron patentes los episodios de hostilidad ciudadana a los que tuvieron que hacer frente y sirvieron en bandeja los ingredientes del presunto delito de rebelión que los fiscales atribuyen a seis de los procesados.

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