¿De qué depende que Anna Gabriel comparezca ante el Supremo?

Primero fue Mireia Boya. La exdiputada de la CUP declaró ante el juez Pablo Llarena y ante la Fiscalía como imputada por rebelión.

El ministerio público la considera miembro de los llamados “comités estratégicos por la independencia”, que la Guardia Civil sitúa en el centro de las decisiones políticas que se tomaron para montar el referéndum ilegal del 1-O. Antes de la consulta, Boya estuvo entre los bastidores del procés, pero tuvo poca capacidad de decisión. Llarena la interrogó y dejó en libertad con cargos pero sin medida cautelar alguna.

Marta Rovira, implicada

Después le tocó el turno a la dirigente de ERC Marta Rovira. La Guardia Civil la sitúa al frente de uno de los ejes del soberanismo insurrecto.

Los informes policiales se refieren a ella como “organizadora de reuniones” en las que se discutió, por ejemplo, cuál debía de ser la estrategia a seguir para el recuento de votos en el extranjero. Rovira, según la Fiscalía, jugó un papel activo, próximo o parecido al jugado por Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los Jordis. ¿Cuál ha sido la decisión del juez Pablo Llarena tras el interrogatorio? Prisión eludible con una fianza de 60.000 euros.

Voz y voto de Gabriel

Anna Gabriel, arropada por sus amigos antisistema suizos y con el apoyo de un joven abogado experto en la defensa de derechos humanos y colectivos, observa los acontecimientos y aguarda expectante a lo que Llarena vaya a decir respecto al expresidente Artur Mas. Mas, como Rovira y a diferencia de Boya, tuvo voz y voto en las decisiones estratégicas previas al 1-O, según la Guardia Civil.

Gabriel estuvo en esas reuniones del comité estratégico, no firmó ningún documento pero su voz se dejó oír. Así queda descrito en las notas que incautó la policía del despacho de Jové, exnúmero dos del departamento de Economía que dirigía Oriol Junqueras.

Mala estrategia

Gabriel ya sabe cómo se las gasta el Supremo y cuál es la doctrina: mayor capacidad de influencia, mayor respuesta penal.

Gabriel está en Suiza a verlas venir, sabiendo que ella no firmó nada comprometedor pero que la Guardia Civil la cataloga como “miembro activo del procés” y que, además, “lideró la línea de apoyo a la desobediencia más radical respecto a las leyes del Estado”. Gabriel sabe, porque así se lo deben de haber dicho sus asesores, que a Llarena no le gusta los que desobedecen al Estado. Y ahí estriba el debate para la dirigente de la CUP: se inmola en el extranjero ganándose, sin necesidad de juicio, una segura condena cuando caiga en manos del Supremo o por, el contrario, vuelve a España, comparece ante Pablo Llarena y espera a que los ángeles se pongan de su lado.