Colau desoye a los padres y pondrá el albergue de toxicómanos junto a una escuela de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona no se planteó en ningún momento reubicar la instalación de un albergue para medio centenar de personas sin hogar adictas al alcohol y las drogas a apenas diez metros de la escuela de educación infantil y primaria Mas Casanovas del barrio del Baix Guinardó. El consistorio barcelonés ha desoído las demandas de los familiares y vecinos de este centro educativo --que reclamaban buscar otro espacio alternativo más alejado de este colegio considerado de Alta Complejidad-- al no apreciar ningún inconveniente en que un equipamiento de estas características se traslade a ese lugar: el Hotel Aristol, en el chaflán de las calles Cartagena y Mas Casanovas. Un recinto que, a diferencia del actual --el albergue de la Fundación Pere Tarrés de la calle Numancia--, no dispone de un espacio exterior privado a su alrededor para uso y disfrute de sus residentes.

La elección del emplazamiento, realizada por la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) --única entidad que se presentó al concurso de licitación, y que ya gestiona el albergue en su actual sede provisional desde que se creó en Les Corts hace un año y medio-- ha sido el punto espinoso del acuerdo pues, más allá de la petición de reubicar el centro por parte de vecinos del Guinardó y de la Asociación de Padres y Madres de la escuela Mas Casanovas (AFA), las partes implicadas también admiten haber tenido problemas para cerrar el acuerdo con los propietarios y gestores del hotel, a pesar de que el contrato --de un año prorrogable a otro más-- entró en vigor 1 de enero.

Desavenencias y firma de arras con el contrato ya en vigor

Así lo ha reconocido la concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, este martes en la presentación del traslado del albergue, al ser preguntada sobre el hecho de que el gerente del Hotel Aristol denunciara en prensa la primera semana de enero que a él no le constaba ningún acuerdo, y que, aún estando cerrado por la pandemia, seguía teniendo su licencia hotelera en vigor: "Las arras se firmaron con el inquilino y el propietario la semana pasada, por tanto, adelante, ese era un tema que se tenía que acabar de cerrar, y ya está cerrado", ha explicado la concejal de los comuns, sin aclarar si ello ha supuesto algún sobrecoste. El contrato, firmado por ABD y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) --presidida por Tarafa--, tiene fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2022.

Àngels Guiteras, gerente de ABD, ha dado algunos detalles más, como adjudicataria del contrato, sobre dichas diferencias con los gestores y propietarios del hotel: "Había una reserva y un contrato de arras firmado. Eso es porque en este tipo de servicios, a parte de un contrato de alquiler, tienes que hacer una compraventa del traspaso de lo que sería la actividad, la licencia del mismo establecimiento. Es un contrato de arras que firma ABD con quien tiene la gestión en esos momentos. Es un tema privado, nosotros nos hemos encargado de buscar un local adecuado para poder hacer una propuesta en un concurso al cual nos hemos presentado, que se ajustara a la normativa que pedía la licitación del Ayuntamiento de Barcelona".

Al ser preguntadas sobre si en algún momento en los últimos días se temió por el traslado del albergue al Hotel Aristol, Tarafa ha asegurado haberse sentido tranquila y convencida de que la negociación entre el propietario y ABD "una vez adjudicado por concurso, se cumpliría". Guiteras, por su parte, ha reconocido que, "a raíz de algunas noticias, la propiedad pidió ciertas aclaraciones y hemos tenido que explicar mucho mejor quiénes somos y qué hacemos".

Quejas de los familiares de alumnos

Tarafa, por otra parte, ha asegurado haber mantenido máxima transparencia y diálogo con las partes implicadas --algo que los familiares de alumnos de la escuela Mas Casanovas niegan, pues aseguran haber tenido conocimiento de la instalación del albergue de forma casual a mediados de diciembre--, y ha considerado "lógico" que "ante una situación de un equipamiento como este surgen inquietudes y angustias". "Este proceso hay que llevarlo con diálogo y escucha", ha añadido. En este sentido, los padres y madres de la AFA del Mas Casanovas aseguran que su primera y hasta ahora única reunión con responsables municipales en el Distrito se celebró el 23 de diciembre, y tras reclamar ellos información.

Pancarta de protesta a las puertas de la escuela Mas Casanovas de Barcelona / CG

Otra de las quejas de la AFA ha sido la ausencia de un plan de valoración de por qué se ha considerado idóneo poner la nueva sede del albergue para toxicómanos sin hogar junto a una escuela, ni de un plan de análisis de riesgos para la infancia. "Se está en el proceso de elaboración de un plan de trabajo, donde los diferentes agentes han hecho aportaciones, y otros lo están haciendo. Ya se verá cómo se acaba de definir el plan de trabajo, siempre alrededor de que la ubicación es la que ya está definida", ha manifestado. Tarafa asegura que han habido reuniones con "vecinos, familias y la comunidad educativa", y sostiene que se creará una comisión se seguimiento "con todos los implicados".

"No hay riesgo"

La concejal de Salud, por otra parte, cree que el hecho de que una ordenanza municipal de 2016 impidiera ubicar centros de consumo de canabis a menos de 100 metros de las escuelas no guarda ningún paralelismo con la apertura ahora de un albergue para toxicómanos a apenas 10 metros, como ocurrirá ahora: "Esa regulación de distancias se ha hecho sólo cuando esos equipamientos provocaban riesgos ambientales para niños y niñas. Aquí no se puede dar en ningún caso esta casuística porque este es un centro residencial donde sólo pueden entrar las personas que residen, y es su hogar, donde tienen un acompañamiento. Los riesgos ambientales no existen. Cuando han existido en los clubs canábicos o salas de juego, hemos dado pasos valientes. Aquí ese riesgo no existe", ha insistido.

En este sentido, sin embargo, el propio plan de prevención del espacio público sobre el cual se trabaja en el Distrito de Horta-Guinardó prevé situaciones como el "posible impacto de pernoctas" de otras personas que, atraídas por el efecto llamada, no puedan residir en el centro y permanezcan en sus alrededores, o propuestas como la retirada de bancos o el refuerzo de educadores a las horas de entrada y salida del alumnado, así como un seguimiento por parte de la Guardia Urbana y de los propios trabajadores del albergue, entre otras.

Posibles situaciones de consumo en la calle

Sobre este particular, y al hilo de que en ese mismo documento se contempla que la ASPB pueda destinar "educadores de intervención en el espacio público para drogodependencias si en el entorno se detectan situaciones de consumo", la directora de Promoción de Salut Pública de la ASPB, Maribel Pasarín, ha apuntado que eso ya se ha hecho en Les Corts y en otros distritos, pues se evalúan "qué recursos son necesarios o pueden ser necesarios en algún momento".

La responsable de Salud Pública barcelonesa, por otra parte, ha apuntado que este y otros planes como el de valoración del entorno "se están haciendo. No es que se haga a posteriori, al equipamiento aún le falta un tiempo para estar allí, con lo cual tenemos tiempo suficiente para conocernos. Antes de que se hiciera la adjudicación no podíamos empezar. Tenemos ahora el tiempo de trabajo, en Horta Guinardó, para poder hacer una buena implantación de recursos", ha sostenido.

Por su parte, el director del área de Drogas de ABD, Josep Rovira, ha afirmado que "no hay riesgos" y que en Les Corts "ha habido una convivencia perfecta estos dos años". "Hay que dar seguridad a los vecinos que sienten temores. Todo este sistema de aterrizaje no implica que haya riesgos, ningún tipo de problemas ni conflicto, todo es resoluble. Que la gente esté tranquila. Los temores son respetables pero no demostrables", ha manifestado, a pesar de las quejas expuestas por algunos vecinos de Les Corts en los últimos meses tanto en prensa como en Audiencias Públicas de dicho Distrito.

Buenos resultados para los residentes

Desde su apertura en la Fundació Pere Tarrés hace año y medio, este albergue para personas sin hogar con adicciones al alcohol y las drogas ha atendido a más de 200 personas y "ha demostrado su utilidad para mejorar la salud y reducir el consumo de drogas de las personas residentes". En tres meses, las personas atendidas con alcoholismo han reducido su consumo entre un 50 y un 70% y las personas dependientes de drogas ilícitas lo han disminuido entre un 30 y un 45%, según han explicado los responsables de ABD. Una treintena de las personas atendidas han conseguido avanzar en su proceso de autonomía y ya están residiendo fuera del centro.

El equipamiento actualmente tiene capacidad para 50 personas y dispone de programas de atención social y sanitaria, incluyendo la reducción de daños por el consumo de sustancias --como la prevención del síndrome de abstinencia y la sobredosis-- con espacios de consumo supervisado.