Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
El 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, visitando la escuela de Canet de Mar donde una familia pide ejecutar la sentencia del 25% de castellano / EFE

Canet, último episodio de acoso nacionalista en escuelas de Cataluña

Familias de Mataró y Balaguer ya sufrieron campañas de hostigamiento por reclamar el 25% de clases en castellano, algo que guardias civiles también denunciaron con sus hijos a raíz del 1-O

13 min

El rechazo a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijan que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano en el sistema educativo catalán ha vuelto a poner sobre la mesa la presión, cuando no el abierto acoso, al que desde el nacionalismo se ha sometido a algunas familias que no están conformes con la inmersión lingüística obligatoria monolingüe en catalán. El caso de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, donde unos padres y un menor están siendo víctimas estos días de una campaña de hostigamiento que alcanza a las redes sociales, tuvo otros precedentes similares en el pasado. Y no sólo en asuntos relacionados con la inmersión, sino también con otros como el referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017, por ejemplo.

Lo ocurrido en los últimos días en Canet recuerda a otros hechos similares vividos en el pasado: virulentas campañas en redes de usuarios que instan a hacer el vacío al niño y a la familia; pintadas a las puertas del colegio exigiendo la inmersión monolingüe en catalán; grupos de padres nacionalistas organizando movilizaciones en contra del bilingüismo; y destacados mandatarios secesionistas apoyando a esos padres que protestan, al tiempo que lamentan que "por sólo una familia", en un aula en concreto se tengan que dar más horas en castellano. El partidismo de los dirigentes de la propia Generalitat en este caso está siendo clamoroso: su conseller de Educación, Josep González Cambray (ERC), se presentó ayer por ejemplo en dicha escuela, donde dio su apoyo a los partidarios de la inmersión monolingüe, calificó de "ataque intolerable" la sentencia judicial, y se negó a responder en castellano a los medios. Sobre el acoso a la familia que reclama el bilingüismo, comentó que "condenamos cualquier tipo de violencia y de amenaza a la convivencia". Algo a pesar de lo cual esta tarde está prevista a las puertas del colegio una manifestación nacionalista contra el 25% de castellano.

La justicia ha dado la razón a un centenar de familias

Hasta hace un par de semanas, cuando la inadmisión del Tribunal Supremo de un recurso de la Generalitat ratificó la obligatoriedad de impartir al menos ese 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán, unas 80 familias habían conseguido ya, de forma individual, que el TSJC atendiera su derecho a que las clases de sus hijos fueran bilingües. Una vía judicial a la que se ven obligados a acudir debido al férreo rechazo de la Generalitat a flexibilizar la inmersión monolingüe en catalán.

Pero esos éxitos judiciales, logrados desde 2005, no siempre han tenido un buen final, dadas las consecuencias que sufrieron los niños y sus padres por el hostigamiento secesionista.

Asedio independentista en Mataró

Uno de estos casos se produjo en mayo de 2015, cuando cientos de personas se concentraron a las puertas de la Escuela Pia Santa Anna de Mataró (Barcelona) para exigir el desacato a una sentencia que ordenaba impartir ese 25% de clases en castellano en un aula. Entre los participantes en dicho acto, convocado por Som Escola --plataforma nacionalista que ahora ha organizado otra manifestación el próximo 18 de diciembre en Barcelona--, figuraron, además de profesores y miembros de la Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA), dirigentes políticos y concejales de CiU, ERC, la CUP e ICV.

Concentración a las puertas de la Escuela Pia Santa Anna de Mataró para reclamar el desacato a la sentencia que ordena impartir un 25% del horario lectivo en castellano en dos clases
Concentración a las puertas de la Escuela Pia Santa Anna de Mataró en 2015 para reclamar el desacato a la sentencia sobre el 25% de castellano

Paralelamente en las redes sociales se pusieron en marcha campañas contra la sentencia. Y en algunos de los mensajes --como ahora ocurre en Canet-- también se alentaba a "arrinconar" a los niños de la familia que recurrió a la justicia. Al final, y debido a la presión, ésta acabó optando tiempo después por llevar a sus hijos a un centro privado.

Balaguer: boicot al negocio familiar y cambio de colegio

Ese mismo año se produjo otro episodio similar, ya al inicio del curso 2015/16, cuando el AMPA de la escuela Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) convocó otra manifestación y una recogida de firmas frente al centro en contra de la petición de una familia que había conseguido, vía judicial, el 25% de castellano en la clase de sus hijos. La concentración contó con medio millar de asistentes en una población que cuenta con unos 16.000 vecinos. Entre ellos, representantes locales de CiU, ERC, la CUP y el PSC.

Debido al acoso y la presión que sufrieron, los padres en cuestión acabaron renunciando días después a la aplicación del bilingüismo para sus hijos y, posteriormente, los cambiaron de escuela a otro municipio. La campaña de hostigamiento nacionalista afectó incluso a su negocio familiar, que finalmente tuvieron que vender debido al llamamiento al boicot que les hicieron en el pueblo. La madre llevó el caso a fiscalía, pero su denuncia fue archivada. Y, en declaraciones a los medios, explicó incluso cómo algunos pequeños, alentados por los padres, le hacían el vacío a sus hijos.

balaguer
Protestas contra el 25% de castellano en una escuela de Balaguer, en 2015

La gravedad de lo ocurrido propició incluso que, a raíz de una denuncia de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), el Síndic de Greuges instara a la Generalitat a tomar medidas para asegurar "la protección de los derechos de todos los alumnos" y el respeto al "pluralismo". Asimismo, le emplazó a abrir un expediente informativo para aclarar si el colegio o la Consejería de Enseñanza facilitaron la información que permitió identificar a los niños. Y afeó que la escuela no se quedara al margen de las protestas. Por aquellas fechas, el Parlament rechazó dos propuestas de resolución de Ciudadanos y PP para condenar el caso.

Agresión en clase tras pintar una bandera de España

Ya en 2019, los padres de una alumna de 10 años del colegio La Font de l'Alba de Terrassa (Barcelona) presentaron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por una presunta agresión de una profesora a su hija. La familia acusó a la docente de haber atacado a la menor después de haber pintado una bandera de España y la frase ¡viva España! en un álbum escolar. Según su versión, la profesora le gritó "banderas no", le rompió el dibujo y, tras increparla, zarandearla y humillarla ante sus compañeros, la sacó de clase. La niña ya no regresó al colegio en los últimos días de curso. El entorno de la profesora, por su parte, admitió que sacó a la niña de clase, pero sin violencia, y por negarse a hacer una tarea.

El pasado 28 de septiembre, un juez de Terrassa admitió la agresión a la menor, pero lo consideró un hecho puntual en un momento de tensión. De este modo confirmaba un auto del 17 de marzo, cuando la justicia desestimó un delito de odio al entender que la actuación de la profesora fue "espontánea", sin motivaciones ideológicas y sin "ánimo de lesionarla ni humillar" a la niña, aun admitiendo la agresión y un posible "delito leve por lesiones". Los hechos serán valorados en un próximo juicio.

La menor y sus hermanas, al igual que en los casos anteriores, acabaron trasladándose de colegio.

Señalamiento a hijos de guardias civiles tras el 1-O

Otro caso que acabó llegando a los juzgados --sin consecuencias-- fueron las denuncias contra varios profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que fueron investigados por un presunto delito de odio y contra la integridad moral de los alumnos, al ser acusados de menospreciar a estudiantes hijos de guardias civiles de esa localidad días después del referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017. El juez, que ya había archivado otras cinco denuncias similares sobre este asunto, concluyó a mediados de 2019 que no existían indicios suficientes para mantener la causa abierta.

El caso, ya archivado, se originó después de la celebración del 1-O, cuando varias familias acusaron a nueve docentes de haber despreciado en clase a hijos de guardias civiles.

IES Palau de Sant Andreu de la Barca, el centro donde la profesora habría humillado a hijos de guardias civiles / 324
IES Palau de Sant Andreu de la Barca / 324

En su escrito de abril de 2018, la fiscalía exponía el contexto de "profunda hostilidad" que en esas fechas padecieron las Fuerzas de Seguridad del Estado desde el independentismo. Entre los hechos denunciados, figuraban presuntos comentarios de estos docentes durante las clases en las que había alumnos hijos de agentes, como por ejemplo que la Policía Nacional y la Guardia Civil "son unos animales y unos bestias que sólo saben dar palos".

"Si no te gusta, ahí tienes la puerta"

Según las denuncias, algunos profesores interrumpieron las clases exigiendo a los alumnos que bajaran al patio a manifestarse en un acto de protesta contra la violencia atribuida a la Policía y la Guardia Civil, e incluso "para defender la independencia". A otro docente se le acusó de haber preguntado en el aula "quiénes son hijos de Guardias Civiles". Y en otra de las clases, una profesora profirió comentarios como "¿estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?, haciendo llorar con ello a un niño de 12 años.

El fiscal detallaba también que una de las denunciadas instó a acudir a la protesta en el patio y, ante la queja de una alumna que le dijo que ella estaba allí para estudiar y no para hacer política, le respondió que "eso es lo que hay, si no te gusta, ahí tienes la puerta". Tras el revuelo originado, varios de estos profesores pidieron el traslado de centro.

Otro caso similar tras el 1-O fue el de familias de guardias civiles que denunciaron a ocho profesores de La Seu d'Urgell (Lleida) por haber incitado, presuntamente, a otros alumnos a intimidar y humillar a un estudiante hijo de un agente. La Audiencia de Lleida no vio relevancia penal y también archivó la causa.