Anticorrupción investigará a Ada Colau

La Fiscalía Anticorrupción centraliza las pesquisas del procedimiento judicial en el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está citada como investigada por cinco presuntos delitos. La delegación especial del Ministerio Público en Madrid estudia si debe ser parte en la causa contra la primera edil derivada de las subvenciones municipales a entidades que estarían próximas a las tesis de su partido, Barcelona en Comú, como Observatori Desc o Enginyeria sense Fronteres (ESF). 

Así se explica desde la Fiscalía Provincial de Barcelona a preguntas de este medio. Esta sede del Ministerio Público pilotó otra investigación anterior por una causa análoga en que también se ponía la lupa en la forma en que se otorgaron las ayudas públicas. Las diligencias se abrieron tras una querella presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución. Acabaron archivadas. Ahora, el dosier Colau se remite a Anticorrupción, un documento en el que se incluye asimismo la investigación que se sigue en el juzgado de Instrucción número 21 de la capital catalana, por si hubiera mimbres para acusar a la munícipe. Todo ello, sin que presuponga de ningún modo su culpabilidad. 

Dejar espacio al fiscal

El movimiento de la delegación de Barcelona de enviar la causa a Madrid es habitual, aunque tiene cierta enjundia. Se parte de la base de que la Fiscalía es una institución jerárquica que trabaja de forma coordinada en todo el país. Por ello, fuentes jurídicas recuerdan que alejar las causas de un territorio determinado suele tener otros objetivos. El más habitual es el evitar "la contaminación" de las pesquisas por el entorno inmediato, destacan los mismos interlocutores. 

Sea como fuere, y en favor de la defensa de la alcaldesa de Barcelona, existe un precedente: el de una investigación anterior de la Fiscalía Provincial de Barcelona que terminó en archivo. No se apreciaron indicios de delito en las ayudas municipales que recibieron Desc, ESF o Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), todas ellas afines a las políticas que se impulsan desde el Gobierno local que pilota, precisamente, Colau. 

Un juez que colaboró en la investigación del 1-O

Las partes se verán frente al juez Ignacio Sánchez García-Porrero, el magistrado titular de la sala de Primera Instancia número 21. El togado colaboró en la macroinvestigación sobre el procés independentista en Cataluña como apoyo de la sala número 13. Los juristas lo consideran como un magistrado "duro" y manifiestan que así queda claro en el auto de imputación de la alcaldesa de Barcelona. 

El trabajo previo, el archivo de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía provincial, será examinado por la de Anticorrupción para cerciorarse de si hay algún indicio nuevo de presunta conducta delictiva por parte del equipo de gobierno de la capital catalana. Se espera una decisión antes del verano. Previo a ello, la alcaldesa deberá declarar en condición de investigada el próximo 4 de marzo a las 10:30 horas de la mañana. Será en la Ciudad de la Justicia. 

Una foto que arruina (parte de) la precampaña

Esta citación, precisamente, nutre la otra parte mollar de los problemas judiciales de Ada Colau. Fuentes de la oposición municipal han recordado a Crónica Global que la noticia aterriza directamente sobre la precampaña que está haciendo la primera edil. "Se muestra mucho en la calle", recuerdan. En este contexto llega la investigación del juzgado 21 y las diligencias de Fiscalía. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un pleno extraordinario telemático del pasado septiembre / EUROPA PRESS

El caso arruinaría parte de los esfuerzos del equipo de la política y exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de muscular su figura en 2022, año preelectoral. Sus rivales políticos indican que el proceso judicial al que debe hacer frente afecta a la precampaña prevista para la primera mitad del año. Consideran que hasta que las acusaciones no se disipen, la imagen pública de la alcaldesa quedará afectada. 

La clave: las inhibiciones

Otras fuentes jurídicas consultadas han expresado dudas sobre la viabilidad a largo plazo del procedimiento judicial contra la jefa de corporación del segundo mayor ayuntamiento de España. La mayor irregularidad que los mismos interlocutores detectan al conceder subvenciones sin concurso a las entidades afectadas podría haber sido no abstenerse en la comisión de gobierno que les dio luz verde por la vinculación política entre BComú y las organizaciones, tal y como indicó este medio. 

Pero, si hubiera algún tipo de delito en ello, sería administrativo y no penal, añaden las mismas voces. Podría colisionar con el código ético del Ayuntamiento de Barcelona, pero no sería censurable en los tribunales. De hecho, la causa contra Colau genera, sobre todo, daño político. Ello es así porque la dirigente común firmó un código ético extremadamente garantista que fija destituciones y dimisiones en caso de imputación judicial. Y no lo cumplirá, como detalló Metrópoli Abierta. 

El Tribunal de Cuentas, abierto

Precisamente, responder y limitar al daño político, es lo que intentó ayer BComú al asegurar que era víctima del lawfare o guerra judicial contra el gobierno de Barcelona. Los comunes citaron diez denuncias previas "que terminaron archivadas". Lo que soslayaron es que una de ellas continúa abierta en el campo administrativo: la que investiga al ayuntamiento por subvenciones a asociaciones cercanas para remunicipalizar el agua. La conduce el Tribunal de Cuentas. 

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presidenta del AMB y líder de los comunes, con Eloi Badia, concejal en la Ciudad Condal y vicepresidente del Área / CG

También en el campo político, Colau y su gabinete pagan una gestión con demasiada manga ancha con las subvenciones. El Ejecutivo local no solo riega a Desc, ESF y APE por convenio sin concurso --algo que, de hecho, comenzó con Xavier Trias (CiU)--, sino que premia a estas entidades en otras convocatorias. Ello ha provocado que las beneficiadas engrosen patrimonio, como Desc, o disparen ingresos, como ESF. En la primera trabajaron Colau y otros exediles antes de entrar en política. En la segunda, Eloi Badia, actual edil de Emergencia Climática.