Carles Ramió guía a Cataluña en la reforma de la Generalitat: “La ciudadanía no debe notar que interactúa con la IA”

El informe de la reforma de la Generalitat es el proyecto más ambicioso que ha recibido en encargo Carles Ramió. ¿Por qué, si ya ha participado de otros procesos de reforma de la Administración? "Esta vez, el Govern va en serio", se congratula el presidente de la CETRA, la comisión de 68 expertos y 40 colaboradores puesta en marcha por el president Salvador Illa y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, al poco de llegar a Sant Jaume hace un año.

El catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra les entregó ayer su propuesta, en una presentación ampliamente esperada. 50 medidas --"que realmente son 84, pero las hemos agrupado en una cincuentena"-- que introducen la inteligencia artificial e importantes novedades en la burocracia para hacerla más fácil, proactiva y basada en la confianza, reconociendo el derecho al error de ciudadanos y funcionarios.

Las 50 medidas que transformarán la atención de la Generalitat: "Este gran transatlántico ya empieza a moverse"

Una transformación digital y presencial, con la apertura de 10 oficinas en todas las veguerías en 2027, cinco oficinas móviles el próximo año, y la ampliación del horario de atención del teléfono 012 a los fines de semana no festivos. También un lenguaje más sencillo, una dirección pública más profesional y la reducción en un 60% del tiempo de los procesos de selección de la Generalitat.

El 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, recibe de manos de Carles Ramió el informe con 50 propuestas del grupo de expertos por la reforma de la Administración de la Generalitat Gala Espín / CG

Y para que los catalanes empiecen a notar mejoras cuanto antes --cosa que Ramió eleva a la condición de "imprescindible"-- el equipo de Dalmau ha trabajado codo con codo con los expertos para empezar a aplicar un tercio de sus propuestas antes de siquiera recibir el informe.

La misión, sencilla y llanamente, es "hacer que el sistema funcione", en palabras del conseller Dalmau. En conversación con este medio, el presidente del comité de expertos, que ha participado en un centenar de reuniones en "10 meses intensísimos", comparte los secretos de un "camino que no es sencillo, ni rápido", según el president Illa, para lograr una Administración "menos burocrática y más humana".

Titánica tarea la suya…

¿Sabe cuándo fue la última reforma profunda que se hizo en España? No fue en democracia. Fue a finales de los años 50, se basó en los modelos norteamericanos y las comunidades autónomas han tendido a replicarlo. Así que tenemos un modelo que no se ha renovado en profundidad desde hace 75 años. Eso le añade complejidad.

¿Cuándo los servicios públicos de la Generalitat estarán reformados?

El Govern ha identificado 2.200 trámites, pero trabaja ya en 178 para racionalizarlos lo más rápidamente posible. Su compromiso es para mediados o primavera del año que viene, rebajar los tiempos un 40%, que es algo significativo aunque algunas instancias internas creen que pueden reducirlo un 60% de tiempo. Y a pesar de todo, serán tiempos excesivos, pero una mejora significativa.

Claramente, agilizar todos los trámites de golpe es imposible. Pero es absolutamente imprescindible que los ciudadanos noten ya mejoras en la calidad de la atención para tener mayor complicidad con ellos y legitimidad social.

Usted ha formado parte de comisiones de expertos anteriores que tenían precisamente la misma misión. ¿Cuál es la diferencia esta vez?

Intentos ha habido muchos. Intentos serios, muchos menos. Ahora estábamos en una situación casi desesperada. Y en el caso de la Generalitat de Cataluña sucede algo inédito: no se anuncia una reforma como una impostura, como en ocasiones anteriores en las que se anunció con todo tipo de aparato pirotécnico, pero luego el informe de los expertos acababa en un cajón.

Ahora hay un compromiso del Govern liderado por el president y por el conseller de la Presidencia, que se lo han tomado en serio. Anunciaron una reforma ya con contenido el 8 de octubre, cuando el gobierno se constituyó a mediados de agosto, lo que significa que ya tenían la propuesta trabajada de antes.

¿Los anteriores intentos de reforma no fueron serios?

El último en Cataluña fue en 2013, con Artur Mas; yo era vocal, no presidente, cargo que recayó en el profesor de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas. Fue una impostura, como el resto. En el Parlament, cuando se le preguntaba al Govern por la reforma que iba a implementar, su respuesta era “lo que digan los expertos”.

Hombre, eso no es así, porque nosotros asesoramos, no tenemos ninguna legitimidad para acometer una reforma, eso es tarea del gobierno. Nos pusieron una enorme presión política para, al final, no llegar a ningún lado, además de que se nos viera de manera ideológica.

Carles Ramió, presidente del grupo de expertos de la reforma de la Administración de la Generalitat, en la presentación de su informe Gala Espín / CG

¿Se dio cuenta a toro pasado o durante?

No, durante, durante. Ya lo veías.

Entonces, ¿por qué participó?

Porque si existe la mínima posibilidad, yo creo que hay que apostar. A mí me gusta decir que soy un templario, monje y guerrero a la vez, no solo teórico, sino que he ocupado muchos puestos de dirección en la universidad. He sido vicerrector 15 años, antes decano, he dirigido la Escola de l’Administració Pública de Catalunya, etcétera. Hablo desde la experiencia práctica y también desde el carácter teórico.

Así que cuando te dicen, “oye, vamos a intentarlo”, tú debes dar un paso adelante. Y lo daba con toda la ilusión, pero sabiendo que, seguramente, no iría en serio. Esta vez, en cambio, hay indicios de que realmente va en serio, de que es muy prioritario, y esto me ha generado hasta un cierto miedo escénico.

También ha participado en tres grupos de expertos de la Administración General del Estado, incluso en el que se ha ocupado de la reforma actual. ¿La AGE se lo está tomando en serio?

Con la AGE yo me ilusioné mucho hace cosa de un año y medio, cuando nombraron a José Luis Escrivá ministro de Transformación Digital y Función Pública, dos ámbitos muy afortunados. Él no tiene afiliación política, por lo que se le conoce por ir por libre. Quien lidera una reforma se juega la cabeza, porque se enfrenta a muchas resistencias y problemas, incluso fracasos, y políticamente se le puede amortizar muy rápido; pero esto a él no le importaba.

También tenía una secretaria de Estado, Clara Mapelli, enormemente potente, con una visión muy crítica y ambiciosa en sus propuestas...

Pero Escrivá ya no está en el Gobierno, sino en el Banco de España.

Y Mapelli tampoco. Fue cesada hace dos semanas por Óscar López, un ministro potente pero, digamos, convencional: exdirector del gabinete del presidente, en la refriega política como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, peleándose con Isabel Díaz Ayuso… Esto hace que no le salga a cuenta liderar un proceso de reforma. La fuerza e interés político que se percibe en Cataluña, en la AGE no se percibe desde que Escrivá dejó el ministerio.

¿Entonces?

Los expertos presentamos el informe a finales de julio, con elementos realmente relevantes. La AGE conseguirá actualizar la Administración pública (mejorar trámites, tecnología, una mayor calidad normativa, simplificación del lenguaje administrativo…), pero una simple actualización no basta para una reforma profunda, que implica cambiar las bases conceptuales.

Uno, conseguir una dirección pública profesional con una menor politización de los cargos directivos profesionales; dos, una reorganización de los empleados públicos; tres, unas estructuras mucho más flexibles y menos densas que puedan atender a nuevas necesidades y retos inéditos como una DANA; y cuatro, gobernar los datos, datos de calidad que alimenten la inteligencia artificial.

¿La reforma de la AGE se quedará a medio camino?

La AGE solo está atendiendo al primero de los motores que he mencionado y se olvida de los otros tres. El cambio será superficial, hará mejoras técnicas importantes, pero no las reformas sustantivas.

Cuando se habla de una Administración pública eficiente y digital, siempre aparece Estonia. De hecho, el conseller Dalmau estuvo allí hace dos semanas para cerrar una alianza con el gobierno estonio...

Lo que sorprende es que es un país muy reciente, que hace solo 34 años que consiguió la independencia y venía de una situación social, económica e institucional paupérrima. Estonia ahora aparece en el número dos de los ránkings sobre Administración digital, pero ojo, que España está en el puesto 17, es decir, tampoco estamos tan mal, ¿eh?

¿Cataluña puede ser la Estonia del sur de Europa?

Su truco es que es un país muy, muy pequeño y tiene más fácil ser flexible...

Carles Ramió presenta el lunes 3 de noviembre al 'president' Illa y al 'conseller' Dalmau el informe de su comité de 68 expertos con 50 paquetes de medidas para transformar la Generalitat SIMÓN SÁNCHEZ Barcelona

1,3 millones de habitantes tiene.

...y en la Generalitat trabajan 260.000 personas; esto es como mover un transatlántico, una maniobra enormemente lenta. Esas referencias me disgustan porque nosotros no tenemos nada que ver con Estonia. Pero puede ser una buena referencia a nivel tecnológico, también en su modelo educativo, que apostó mucho por la tecnología y por la colaboración público-privada.

De acuerdo. Cataluña no puede ser la Estonia del sur de Europa, pero ¿puede acercársele?

La ambición del Govern es tener una de las mejores Administraciones públicas del mundo. Y tener la ambición de llegar a la Luna es bueno para poder llegar lo más lejos posible, ¿no? No tenemos una mala Administración pública, pero ha quedado muy anticuada.

También hay que tener en cuenta que Estonia es un Estado con competencias plenas. Nosotros en algunos casos nos encontramos con límites porque no podemos cambiar la legislación española.

¿Las competencias compartidas con el Estado son una complicación en la reforma de la Generalitat? En empleo, existe el ejemplo del SOC y el SEPE.

Si usted aporta una documentación, no se la tienen que solicitar nunca más porque la Administración pública ya la posee, ya sea la Generalitat o el Estado. Existe la interoperatividad y se pueden transferir documentos. La tecnología ya permite no pedir constantemente los mismos datos a los ciudadanos, eso es de cajón.

Pero además, se debe resolver de forma proactiva y anticipada la mayor parte de un trámite nuevo.

¿Un ejemplo?

Que avise de nuevas subvenciones: “Oiga, por su perfil creemos que le puede interesar, aquí tiene la solicitud”. O que usted pida una subvención y, como la Administración ya sabe de su situación, reciba un formulario rellenado al 90% para que usted únicamente ponga la información nueva o la que ha cambiado.

Como la renta, ¿no?

Exactamente. Esto ya sucede con la Agencia Tributaria, y no es de recibo que la Administración sea totalmente proactiva para cobrar, pero no para ayudar a la ciudadanía. Esto lo hacen ya las empresas privadas y la Administración pública no debe ser distinta. Tenemos que incorporar rápidamente esta tecnología, mejorar la gestión de la información y superar todos estos nudos internos para dar mayor confort y simplicidad a la ciudadanía.

Mire lo rápida que es la Administración para reclamar una multa…

Pues lo mismo tiene que suceder con el resto de trámites. Aunque debo advertir de que siempre va a haber burocracia. A estas comisiones se les llama “de desburocratización”, pero yo soy un gran defensor de la burocracia, que es como el colesterol: existe el bueno y el malo, y si erradicamos todo el colesterol, nos vamos a morir. Pues si erradicamos toda la burocracia de la Administración pública, la vamos a matar institucionalmente.

Hay una burocracia mala, pero también otra imprescindible, que es la que nos da seguridad jurídica para crecer económicamente y tener bienestar, así como un trato igualitario entre ciudadanos y operadores socioeconómicos. Siempre habrá algo de burocracia y habrá más lentitud que en una empresa privada.

¿Cómo notará la ciudadanía la inteligencia artificial? ¿Tendrá un asistente virtual al que hacerle consultas y que éste le diga qué trámite es el que le interesa, que le acompañe durante el mismo…?

Podría ser eso, pero no es lo más sustantivo. Lo más sustantivo es que el usuario no note que interactúa con inteligencia artificial, que su impacto sea silencioso. Ésta nos permitirá automatizar todos los trámites, cosa que es revolucionaria, porque la burocracia, al ser tan complicada, no funciona, porque los operadores no paramos de equivocarnos. Pero es muy fácil sustituirla con algoritmos bien diseñados que hagan directamente ellos muchos de estos trámites burocráticos.

Con pocos recursos, podremos incrementar la productividad, y adaptarnos a crecimientos demográficos.

Precisamente, en la recién inaugurada Cataluña de los ocho millones, ustedes ya hablan de prepararse para la Cataluña del 2040. ¿Qué pasará entonces?

Nos ha atropellado la demografía. Cuando construimos nuestro modelo de Administración pública a mediados de los años 80, el horizonte era que España llegara a los 40 millones de habitantes y Cataluña, a los seis y algo. Pues ahora somos 49 y algo más y en Cataluña, de golpe, ocho millones, además de que el envejecimiento de la población ya tensa algunos servicios.

No tiene sentido hacer una reforma para atender a ocho millones de habitantes, sino que nos tenemos que preparar para atender a los que habrá en el 2040. El Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es el mejor centro de toda España, hace el vaticinio de que seremos nueve millones, así que, la debemos transformar para atender a nueve millones y no a ocho.

Carles Ramió recibe a Crónica Global en la planta noble de la Escola de l'Administració Pública de Catalunya, de la que fue director SIMÓN SÁNCHEZ Barcelona

Otro elemento revolucionario es el reconocimiento del derecho al error.

Fue la primera propuesta que llegó, del equipo jurídico que lidera José Luis Ponce; se la presentamos al Govern y le encantó. Debemos tratar al ciudadano con mayores dosis de confianza, porque tenemos procesos tan complicados técnica y digitalmente que es normal cometer errores, y no por ello deben decaer sus derechos. Se le debe reconocer el error, siempre y cuando no sea malintencionado.

Esto también beneficiará a las empresas y pequeños autónomos, e incluso a los propios empleados públicos, que por la telaraña normativa y responsabilidades civiles y penales están, sencillamente, asustados, tienen miedo a firmar. Eso les hace conservadores, lo que en Italia se le conoce como “Administración defensiva”: como lo más seguro es no hacer nada, paralizan el trámite y eso genera enormes problemas. Que no tengan miedo a actuar: si lo hacen de buena fe, ellos también tienen derecho al error.

Previsiblemente, el Parlament va a prohibir por ley la cita previa obligatoria. ¿Aún existe?

La cita previa no va a desaparecer, porque es algo que aporta confort al ciudadano. Porque sabe que, si tiene cita previa, en principio no va a tener que esperar, y además será cuando le va bien. Pero la obligatoriedad de la cita previa es una auténtica barbaridad, porque el ciudadano no la conseguía cuando le interesaba.

Ésta fue una pésima idea posCovid, cuando salió esta bestia reaccionaria que tiene la Administración pública, que es ordenar a los ciudadanos que se le acerquen cuando a ella le conviene, por lo que no les satisface sus necesidades básicas.

Tiene un punto abusivo, ¿no?

Sin duda. Casi todas las Administraciones públicas ya no exigen la cita previa; en Cataluña, el anterior Govern ya lo propuso, y el actual le ha cogido el guante. No atender a ningún ciudadano era algo terrorífico, lo expulsaba e incluso era incómodo para los funcionarios y empleados públicos. 

¿Si el Govern aplica las 50 propuestas que ha elaborado usted junto al resto de 67 expertos y una cuarentena de colaboradores, logrará tener una de las mejores Administraciones del mundo?

En ese tipo de debates de las mejores del mundo, nunca me verá entrar. Podemos decir que tendría una buena Administración al servicio de los ciudadanos.