La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon
Los 'exconsellers' Vergés (ERC) y Argimon (Junts) serán juzgados en 2026 por el retraso en vacunar a policías en Cataluña
Fiscalía sostiene que los acusados eran "plenamente conscientes" de que "estaban discriminando" a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus"
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La exconsellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés (ERC), y tres cargos de su departamento -entre ellos, su sucesor Josep Maria Argimon (Junts)-, serán juzgados a partir del 29 de junio de 2026 en la Audiencia de Barcelona por el retraso en la vacunación contra el Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Fiscalía reclama 12 años de inhabilitación para los cuatro dirigentes.
Así lo ha acordado la Audiencia en una diligencia, en la que establece que dicho juicio por prevaricación se celebrará del 29 de junio al 15 de julio del año que viene.
En concreto, Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Vergés; para su número dos, Marc Ramentol; para el en aquel momento exdirector general del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon -que en mayo de 2021 la sustituyó al frente de la conselleria-; y para el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS), Adrià Comella, por haber "discriminado" a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña al retrasar el proceso de su vacunación contra el coronavirus.
En el caso de Vergés, el ministerio fiscal la acusa de haber acordado "paralizar" en marzo de 2021 el proceso de vacunación de los agentes estatales -algo que no ocurrió en el caso de los Mossos d'Esquadra-, de forma conjunta con su equipo.
"Discriminación"
Fiscalía sostiene que los acusados eran "plenamente conscientes" de que, al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".
El sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL, que se querellaron contra Vergés y su equipo, afirman en un comunicado que la apertura del juicio oral demuestra que el retraso en la vacunación "no se trató de un simple error administrativo ni de una cuestión logística, sino de una decisión política intencionada que puso en riesgo la salud de cientos de policías y guardias civiles por motivos ideológicos".
"Este juicio oral no sólo juzgará unos hechos concretos, sino que pondrá en evidencia una forma de actuar política que ha marginado sistemáticamente a los servidores públicos del Estado en Cataluña", añaden ambos sindicatos.
