Alex Ramos, presidente de Societat Civil Catalana Barcelona
Sociedad Civil Catalana, tras el aval a la amnistía: "Está hecha a medida de condenados y prófugos"
La plataforma asegura en un mensaje en redes sociales que la ley “pisotea el principio de igualdad entre los españoles"
Alejandro Fernández (PP) también se suma a las críticas y lamenta que el presidente del Tribunal Constitucional está "al servicio" de Pedro Sánchez
El aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía ha provocado una oleada de reacciones entre los sectores contrarios a la norma. El alto tribunal ha respaldado este jueves la constitucionalidad de la ley con seis votos a favor del bloque progresista frente a los cuatro votos en contra del sector conservador, cuyos magistrados han anunciado que anexarán a la sentencia los votos particulares en los que fijan su discrepancia con la decisión.
Tras conocerse el fallo, la entidad Sociedad Civil Catalana ha calificado la ley de amnistía como una norma “hecha a medida de condenados y prófugos”. También en un mensaje publicado en redes sociales, la plataforma ha denunciado que el aval del TC “pisotea el principio de igualdad entre los españoles. Borrar delitos y otorgar privilegios con fines políticos ya es constitucional".
Alex Ramos, presidente de SCC Barcelona
Al servicio de Sánchez
También ha criticado la resolución judicial el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Ha expresado su malestar con dureza a través de las redes sociales. Fernández ha acusado directamente al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de actuar al servicio de Pedro Sánchez.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los demás magistrados en un Pleno
"A diferencia de otros, nosotros no quemamos contenedores cuando una sentencia no nos gusta, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde-Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas", ha afirmado.
Por su parte, en una atención a los medios, Vox ha señalado que el Constitucional "es una delegación" del PSOE y que "ha rubricado el pacto de Sánchez con el separatismo". El líder del partido de extrema derecha en Cataluña, Ignacio Garriga, ha tachado el aval a la amnistía de "el mayor acto de corrupción política de manos de un tribunal". "Hoy los españoles ven como la igualdad ha saltado por los aires y como la independencia judicial ha pasado a la historia", ha manifestado.
El bloque conservador clama contra la amnistía
La sentencia supone un espaldarazo judicial a una de las normas clave de la legislatura del presidente del Gobierno pactada con las formaciones independentistas a cambio de su apoyo a la investidura. Sin embargo, lejos de zanjar el debate, el fallo ha reactivado las críticas de la oposición y de los sectores que consideran que la amnistía rompe con los principios básicos del Estado de derecho.
El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández
Uno de los magistrados conversadores más duros ha sido Enrique Arnaldo, quien en su voto particular afirma no compartir “ninguno de los argumentos ni, por supuesto, el fallo” de la sentencia. A su juicio, el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados del PP “debió ser estimado en su integridad, declarando la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la ley".
Sede del Tribunal Constitucional EUROPA PRESS
Arnaldo califica la sentencia de "errada, además de errática", e "incapaz de corregir los excesos" y "la arbitrariedad del legislador, cuya obra se ampara por este tribunal mediante el recurso al torpe maquiavelismo del fin justificador de los medios, por más que se haya acreditado que estos suponen una flagrante violación de la Constitución".
En la misma línea se ha expresado el también magistrado conservador César Tolosa. Ha denunciado que la sentencia se ha producido en el marco de un procedimiento que considera ilegal, debido a la exclusión del magistrado José María Macías. Además, ha cuestionado duramente la filtración previa de la sentencia a los medios, lo que —según él— compromete la credibilidad del tribunal al mostrar una decisión aparentemente prefabricada, más que fruto de una deliberación colegiada genuina.
Responde a "acuerdos políticos"
En su opinión, la ley de amnistía no tiene una finalidad constitucional legítima y responde, en cambio, a acuerdos políticos para asegurar la investidura del presidente del Gobierno, lo que califica como una autoamnistía arbitraria y sin justificación real.
Por su parte, el magistrado Ricardo Enríquez comparte estas críticas en otro voto particular. Aunque no apoyó inicialmente consultar al TJUE por razones de procedimiento, respalda los argumentos de Tolosa sobre la necesidad de hacerlo. Advierte que, al no respetar el principio de primacía del derecho europeo, el Tribunal Constitucional queda excluido del sistema judicial de la Unión Europea, socavando el necesario diálogo entre los tribunales nacionales y europeos.
