Plataforma per la Llengua entra en campaña electoral planteando sus exigencias lingüísticas a los partidos afines. La entidad privada ultranacionalista, subvencionada por la Generalitat y otras administraciones de la autonomía, reclama imponer el catalán en todos los ámbitos de la región, entre ellos, al sector económico. Incluyendo en el mismo a las empresas extranjeras ubicadas en Cataluña, salones feriales y eventos internacionales como sería el caso Mobile World Congress (MWC) o la Copa América de Vela.

Así lo establecen algunos de los 25 puntos de su programa, con el que pretenden presionar a los partidos proclives a su causa, nacionalistas y secesionistas.

Comercio y consumo

Así, en su apartado de "Comercio y Consumo", Plataforma per la Llengua plantea "realizar una campaña informativa" para que dichas empresas -"especialmente las que reciben financiación pública"- sean "escrupulosas en el uso del catalán en su actividad". Y asegurar "que los grandes acontecimientos del ámbito socioeconómico (MWC, Copa América, etc) tengan como lengua oficial el catalán (si hace falta, entre otras lenguas)".

La entidad ultranacionalista también sugiere en este apartado "generar una campaña de incentivos y convenios con grandes empresas para desarrollar planes internos" de lo que llama "normalización lingüística". Y "mejoras tangibles en el etiquetado de los productos y la prestación de servicios en catalán".

Rechazo al 25% de castellano en las escuelas

Las "25 acciones por el catalán" de la entidad subvencionada por el Govern -tan sólo en los Presupuestos de 2023, aprobados por ERC con el apoyo del PSC y de En Comú Podem- le concedieron 516.000 euros de las arcas públicas- afectan también a otros ámbitos como la "Educación", la "Sanidad", la "Justicia", la "Cultura y Audiovisual" y lo que considera "integración social".

En lo relativo al sistema educativo, Plataforma per la Llengua -célebre en los últimos años por espiar la lengua que hablan los niños en los patios de las escuelas de Cataluña- exige mantener la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta desde la época de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat. Y, según su terminología, "generar una estrategia conjunta entre comunidad educativa, entidades y Govern para hacer frente a la ofensiva judicial contra la escuela en catalán", aludiendo de este modo a las sentencias judiciales firmes que obligan a impartir al menos un 25% de clases también en castellano, lengua cooficial de Cataluña, y propia de gran parte de su ciudadanía.

En el ámbito universitario, su pretensión de arrinconar el español y otras lenguas en las aulas aspira a que "se cumpla el 80% de docencia en catalán".

Exigencia de certificados lingüísticos a todos los sanitaris y otros trabajadores

En la Sanidad, los espías del catalán exigen que todo el personal sanitario tenga lo que llama "plena capacitación lingüística", ya sean profesionales fijos o interinos, a los que exige presentar un "certificado de nivel" de catalán. E instaurar un protocolo de lo que denomina "prevención y tratamiento de las discriminaciones por razón de lengua" (sic) para dar, según sus palabras, "seguridad y una respuesta adecuada a los pacientes".

La entidad ultranacionalista, por último, exige a "las instituciones catalanas" que "presionen" para que "el Estado español" pase a ser lo que denomina "una democracia lingüística". Para lo cual pone como ejemplo a países como Suiza, Bélgica o Canadá, que se caracterizan por los regímenes homogéneos y monolingües de sus regiones. Y "eliminar la imposición exclusiva del conocimiento del catalán" e imponer barreras de entrada como sería la de "garantizar un requisito efectivo de conocimiento del catalán para los trabajadores públicos estatales".

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