El asesinato de Núria L., cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un preso y la manera como está gestionando este posible crimen machista el Departamento de Justícia ha impactado de lleno en la línea de flotación del Govern en las últimas semanas de la legislatura y, por lo tanto, en los primeros compases de la campaña electoral.
El trágico suceso del pasado jueves ha colmado el vaso de la paciencia de los funcionarios de prisiones, que desde entonces protestan en miles, bloquean las cárceles y exigen responsabilidades a la consellera Gemma Ubasart. Sin éxito. Más bien al contrario: a las peticiones de dimisión, la ex secretaria general de Podemos en Cataluña responde con un aviso a los trabajadores de que tomará represalias si siguen sin acudir a sus puestos, pues considera que realizan una huelga encubierta.
La consejería que nadie quiere
El presidente catalán, Pere Aragonès (ERC), se vio obligado a remodelar el Govern cuando Junts decidió romper la coalición y salir del Ejecutivo, a finales del 2022. En ese momento, el republicano ideó un equipo lo más amplio y transversal posible para lograr una estabilidad que no le daba la aritmética (33 diputados), con personas de distintas sensibilidades, figuras de la antigua Convergència, pero también del PSC y de los comuns, caso de Ubasart, que se presenta como especialista en “la gestión de conflictos”.
Aragonès le dio a Ubasart la consejería que nadie quiere, y en un momento ya convulso en las prisiones, pues los funcionarios hace tiempo que reclaman más recursos, más manos y más protección ante la escalada de violencia en las penitenciarías, con un aumento de agresiones recibidas por parte de los presos. Y ella eligió como escudero a Amand Calderó, que había dimitido un año antes de su cargo en servicios penitenciarios, donde llevaba desde 2015. Tres muertes en las cárceles en 10 días fueron su puntilla. Pero volvió.
Nadie dimite
La dupla Ubasart-Calderó, sin embargo, no solo no ha logrado mejorar la situación de las cárceles, sino que se enfrenta a la peor crisis recordada de los centros penitenciarios. El asesinato de Núria L. ha encendido la mecha de los funcionarios, ha provocado una situación en las cárceles de consecuencias inimaginables (miles de presos confinados y mal atendidos) y, a la par, está poniendo en apuros al Govern en los primeros compases de la campaña electoral. Y Justícia responde con cierta soberbia.
Los funcionarios quieren decisiones, y estas pasan por la dimisión de Ubasart o, por lo menos, por la salida del número dos, el citado Calderó. De lo contrario, no tienen intención alguna de sentarse a hablar con la consejería. Pero a esas peticiones ha respondido la consellera con dos ruedas de prensa (el pasado viernes y este lunes) al lado de su mano derecha, con declaraciones en las que se negaba a dar un paso al lado porque “sería lo más fácil, pero no lo más acertado” y con críticas y amenazas de sanción a los funcionarios. Por el contrario, su gran medida es ahora reforzar la seguridad en las cocinas de las cárceles.
Malestar en el Govern
En estas circunstancias, cada minuto que pasa el conflicto crece, pues Ubasart se ha enrocado y no se avista ninguna solución, por más que ahora enumere una serie de medidas correctoras que para los sindicatos llegan demasiado tarde. Incluso el Govern, aunque dentro del Consell Executiu ya hay cierto malestar con la gestión de la consellera por el conflicto que se ha generado y por cómo puede repercutir en las urnas, le ha echado un capote en público y ha defendido la “solvencia contrastadísima” de Calderó.
Y es que, más allá de cómo puedan reaccionar en los próximos días los miles de presos que se encuentran aislados ante la situación de excepcionalidad de las cárceles, lo cierto es que la indignación del personal penitenciario se asemeja y se suma a la de otros colectivos como el de los docentes o los sanitarios, que llevan años expresando su malestar por su saturación y sus malas condiciones de trabajo. Una mala gestión que se traduce en hechos como, por ejemplo, los pésimos resultados de Cataluña en el informe educativo PISA, o las listas de espera en los hospitales, donde la región también está a la cola de España.
A falta de independencia... "gestión"
Demasiados frentes para un Govern de ERC que, a falta de secesión, trata de presumir de "gestión" tras años en los que los dirigentes de la Generalitat (republicanos, sí, pero también Junts) han priorizado la independencia a los problemas reales de la ciudadanía.
Por lo tanto, la crisis de las cárceles, aunque se veía venir según los funcionarios, le estalla a la Generalitat en el peor momento, en vísperas de las elecciones y con una delicada situación en las encuestas, que indican que podrían caer al tercer lugar, por detrás de PSC y Junts.
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