“La Consejería de Justicia se la lleva siempre el perdedor de las elecciones catalanas: cuando gana ERC recae en Junts y cuando gana Junts acaba en manos de ERC”. Así lo asegura Fernando Carrera, secretario general de agrupación de personal de prisiones de CCOO. En los últimos comicios, recuerda, cuando Aragonès se alzó como president de la Generalitat de Cataluña, esta cartera fue otorgada a Lourdes Ciuró (Junts) y la consejería sólo volvió a ERC cuando los neoconvergentes abandonaron el Gobierno.
“Sin embargo, Gemma Ubasart fue secretaria general de Podemos en Cataluña, por lo que tampoco tiene un gran peso político dentro de su partido”, subraya. Este hecho, sostienen los sindicatos, se ha visto reflejado en una incapacidad para solucionar las tareas pendientes de este sector, que atraviesa una grave crisis después del asesinato de una trabajadora a manos de un preso el jueves.
"La peor gestión" que se recuerda
Desde los sindicatos CCOO y Csif recuerdan que Cataluña irá a elecciones, una vez más, con las tareas sin hacer en las prisiones catalanas. Denuncian una notable falta de personal, que en los últimos años no se ha repuesto. “Nos faltan más de 400 funcionarios”, sostiene Carrera.
Protesta de los funcionarios de prisiones ante Mas d'Enric tras el asesinato de una compañera el jueves
Asimismo, señalan que las políticas penitenciarias adoptadas en los últimos tiempos enfocadas a la socialización y a la resocialización son “equivocadas” por el desconocimiento por parte de los políticos de las prisiones, que aglutinan a presos cada vez más peligrosos.
“Necesitamos a gente técnica, no política”, sostiene Alberto Gómez, responsable de Prisiones de Csif en Cataluña: “No necesitamos a ideólogos como Gemma Ubasart en un momento en el que las cárceles se han convertido en un medio hostil y violento en las que los presos actúan con total impunidad”.
En manos de Amand Calderó
Así las cosas, sostienen que la gestión de la republicana actualmente en el cargo es “la peor” que recuerdan, en comparación a sus antecesoras. La falta de conocimiento sobre la materia, apuntan, ha llevado a la consellera a nombrar a un “valido” en materia penitenciaria: Amand Calderó.
De hecho, recuerdan que Ubasart lo rescató después de que este se viese forzado a dimitir en 2021 tras dos semanas de caos en las cárceles por una agresión sexual a una funcionaria de Quatre Camins, la muerte accidental de un preso y dos suicidios.
El problema de la salud mental
Otro de los problemas que arrastran es que en algunas de las principales prisiones catalanas los módulos psiquiátricos permanecen cerrados por falta de medios, como el de Puig de les Basses (Girona). De este modo, internos con patologías psiquiátricas conviven en módulos ordinarios mezclados con el resto de la población reclusa.
Desde Csif aseguran que “la ausencia de inversión en unidades de salud mental por parte del Departamento de Justicia y el Instituto Catalán de la Salud es evidente” y que tiene consecuencias para los trabajadores.
Además, consideran que “se debería retomar la administración diluida de la medicación a presos especialmente peligrosos para blindar la seguridad del centro, ya que se evitaría el tráfico de estas sustancias y favorecería que la medicación la tomara quien realmente la necesita”.
Piden la dimisión de Ubasart
Con este escenario y tras registrar el primer asesinato en el país de una funcionaria en su puesto de trabajo, los sindicatos se han cuadrado y piden la salida inmediata de la consellera Gemma Ubasart. “Es la gestión más negligente de los últimos años”, sostiene Gómez, que afea a Ubasart que sólo se haya reunido en una ocasión con Csif desde que tomó posesión de su cargo. “Vive de espaldas al colectivo. Ni nos ha respetado ni nos ha escuchado. No tiene empatía ni sensibilidad”, sentencia.
La 'consellera' de Justícia de la Generalitat de Cataluña, Gemma Ubasart y el secretario de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, Amand Calderó
Confían en que, haya o no un cambio de color en el hemiciclo catalán el próximo mayo, el Govern se tome en serio al sector. Piden que tome las riendas un responsable que pelee por revertir esta “desatención”. Pero, anuncian, se enfrentará a numerosos retos. El principal, coinciden Carrera y Gómez, es la “desafección” de los funcionarios. “El colectivo está completamente desencantado, está muy formado y es muy profesional, pero se ha vuelto muy escéptico. Ya no nos sirven las palabras, sólo los hechos”, sostiene Gómez.
"Políticas de escaparate"
Además de ganarse a la plantilla, esperan que se destinen los suficientes recursos no sólo para el sistema penitenciario, sino también para el judicial, y que se formalice la incorporación de los más de 400 funcionarios que se han ido jubilando en los últimos años y que no han sido reemplazados.
Sólo así podrán lograr otra de las peticiones históricas del sector: la jubilación anticipada. En definitiva, esperan que el nuevo responsable adopte medidas realistas y que, a diferencia de Gemma Ubasart, anteponga la seguridad de los trabajadores y de los propios presos a las “políticas de escaparate”.