La primera crisis de Anna Simó como consejera de Educación llega al Parlament
- Los partidos de la oposición aprovecharán el pleno de esta semana para apretar las tuercas al gobierno en minoría de Pere Aragonès
- La consejera también comparecerá en la comisión de Educación de la Cámara catalana a petición del PSC el próximo lunes 18 de diciembre
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Los pésimos resultados que Cataluña ha obtenido en el informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) han supuesto la primera crisis de la consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó (ERC), desde que está en el cargo que antes ocupaba el polémico Josep Gonzàlez-Cambray.
Su gestión no ha sido buena. Primero, dejó en manos del secretario de Políticas Educativas, Ignasi Garcia Plata, y del director general de Innovación, Digitalización y Currículum, Joan Cuevas, el dar unas explicaciones que no agradaron a nadie por "racistas". Y es que excusaron los malos resultados a una supuesta "sobrerrepresentación" del alumnado migrante de cuarto de la ESO, el curso examinado en las pruebas de matemáticas, ciencias y comprensión lectora.
Tras echársele encima toda la comunidad educativa, la conselleria cambió su versión asegurando que, tras contactar con los especialistas que elaboran el informe, “se han podido descartar todas las dudas sobre la representatividad de la muestra respecto a la realidad social”. Unas palabras que supusieron un perdón a medias, ya que mantuvo la postura acerca de que los malos resultados académicos están relacionados con los “recién llegados”.
La 'consellera', de puente
La valentía de la consellera ante este problema ha brillado por su ausencia. La presión mediática y política han sido las que le han obligado, días más tarde, a ofrecer una rueda de prensa en la que ha tirado del mantra independentista de culpar de todo a España. Considera que han sido los bandazos educativos de las leyes estatales los que han provocado esos pésimos resultados en la autonomía: "No tenemos que ir dando golpes de timón, la educación no necesita cambios constantes", aseguró la republicana el lunes.
Sin hacer una pizca de autocrítica, Simó dijo que propondrá un paquete de 10 medidas en el Parlament para mejorar el sistema educativo. Entre ellas, un pacto por unas "políticas educativas resilientes en mínimo dos legislaturas más", impulsar la educación inclusiva, la universalidad del 0-3 y fomentar la educación a tiempo completo.
También dijo que habrá cambios en el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Csase) a partir de enero para convertirlo en una agencia de evaluación y prospectiva. Asimismo, se propone mejorar la formación de los docentes; otorgar más dotación a los planes de acogida; reducir el abandono escolar temprano y llegar al objetivo europeo del 10%; y "focalizar" en la mejora de los resultados en comprensión lectora, capacidad escrita y ámbito matemático, con tutorías al alumnado que lo necesite.
Pero todas ellas son iniciativas "insuficientes y poco concretas" para unos sindicatos que se quejan de que las explicaciones llegan "tarde y mal", y que reclaman además el cese de Plata y Cuevas por sus declaraciones "racistas".
Un voto de confianza
Hasta ahora, Anna Simó contaba con un voto de confianza de la comunidad educativa tras el cese de Cambray, un conseller que pasó a la historia por sus constantes rifirrafes con sindicatos y profesionales del mundo de la educación.
Así pues, el margen de mejora de la capacidad de diálogo y gestión de la conselleria con Simó al frente era amplio, pero esta crisis ha demostrado que "solo han cambiado el nombre del consejero, no las políticas". Y es que éstas son "igual de erráticas y desaconsejables para el buen futuro" de la comunidad educativa que las de Cambray, dicen las mismas voces.
Comisión de Educación
Por su parte, los partidos de la oposición se han puesto manos a la obra para que este problema se incluya en la agenda parlamentaria. Así, el 18 de diciembre Anna Simó tendrá que comparecer en la comisión de Educación a petición del PSC. Una comparecencia que, si bien estaba solicitada antes de que salieran los resultados del informe que sitúan a Cataluña a la altura de países como Vietnam y Turquía, sin duda será aprovechada por los socialistas para que el Govern rinda cuentas sobre esta crisis.
Tanto es así que ya el lunes, la portavoz del PSC, Elia Tortolero, lamentó que Cataluña haya estado "10 años perdiendo el tiempo" y mostró su disposición de ayudar. Para ello, insistió al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoque una mesa de partidos catalanes para llegar a soluciones acordadas en materia educativa, pero también en otros problemas como la sequía o renovables.
Aragonès, más débil
Los comunes se han sumado a esa petición de comparecencia y han reclamado también la de García Plata por sus "excusas vergonzosas" y la posterior rectificación. En Ciudadanos, la diputada Anna Grau no descarta pedir la dimisión de la consellera por la interpretación de los resultados. Aun así, cree que el problema no es una persona, sino "de todo un sistema y de mucho tiempo de impunidad", expresó en una entrevista en Aquí Parlem de RTVE.
Las mismas formaciones aprovecharán la sesión de control del pleno del Parlament --que tendrá lugar esta misma semana- para apretar las tuercas al Govern. De este modo, el president tendrá que encarar las críticas de una oposición que le recriminará su incapacidad para afrontar problemas sistémicos como el bajo nivel de los niños catalanes y la escasez de agua que sufre Cataluña tras años de inacción.
Todo ello en su peor momento político, con las encuestas augurando una victoria de los socialistas en las próximas elecciones autonómicas, una frágil minoría parlamentaria tras su divorcio -primero con la CUP y luego con Junts- y el resurgir de los posconvergentes en el Congreso, donde Carles Puigdemont acapara todas las miradas a cuenta de la ley de amnistía.