Desde 2012 hasta hoy: la ley de amnistía abarca más de una década de 'procés'

Desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy. Ese es el periodo que abarca la proposición de ley presentada por el PSOE para amnistiar al movimiento independentista, tras pactarlo con Junts y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Así, se verán beneficiados por esa medida de gracia todos aquellos implicados en la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios sucedidos tras la sentencia de 2019.

Así consta en el texto que se registrará de forma inminente en el Congreso de los Diputados, en el que se propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

Los líderes del 'procés'

Más concretamente, la proposición de ley abarcaría a los líderes del procés, tanto a los que ya están condenados como a los que permanecen procesados en rebeldía y residentes en el extranjero. Así, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, el exconseller de Salud, Toni Comín, y el exconseller de Cultura, Lluís Puig, podrán regresar a Cataluña tras años fugados en Bruselas y Suiza.

Igualmente beneficiada resultaría la exconsejera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, procesada por desobediencia, aunque muy crítica con el pacto que Puigdemont ha alcanzado con el PSOE. Al igual que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en plena firma del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez ERC

Cabe recordar que todos ellos fueron indultados por el Gobierno de Sánchez, pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación, después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.

También afectaría a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart --condenados por desórdenes públicos tras la reforma--, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn --condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal--. Sin embargo, en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.

Tsunami Democràtic y los CDR, se libran

Por otro lado, también se perdonará a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista y que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

Los CDR, quemando banderas ante la Comandancia de Zona de la Guardia Civil en Barcelona EFE

También a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 1-O en otoño de 2019, quienes intentaron asaltar del aeropuerto de El Prat, cortar la frontera de la Jonquera o protagonizaron protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Via Laietana.

Tribunal de Cuentas

Por otro lado, la propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 exaltos cargos del Govern encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del referéndum ilegal y de la propaganda exterior del 1-O.

En esta causa, la fiscalía reclama 3,1 millones de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio tribunal, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Societat Civil Catalana (SCC), por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 exaltos cargos del Govern.