El libro de Puigdemont da argumentos al fiscal para asegurar que un mosso le hacía de escolta

La fiscalía mantiene la petición de cuatro años y medio de cárcel para Lluís Escolà, el sargento de Mossos d’Esquadra que presuntamente operó como escolta del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el extranjero tras su huida en octubre de 2017. Sostiene, además, que lo hizo con el beneplácito del exconseller de Interior, Miquel Buch -para el que pide seis años de cárcel- por designarlo como asesor, al otorgarle un cargo de confianza con el fin de ocultar su verdadero cometido: proteger al expresident fugado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el procés. 

El fiscal Pedro Ariche se basa en varias pruebas que, a su juicio, evidencian que Escolà fue escolta de Puigdemont en Bélgica. Aunque reconoce que el nombramiento del mosso como asesor de Interior es intachable, pues era una prerrogativa de Buch poder elegir a sus cargos de confianza, sostiene que fue una tapadera de Interior para poder designar al funcionario público para proteger al expresident en el exterior, un extremo que Buch ha negado.

De hecho, sostiene en fiscal, el servicio de seguridad que blinda al expresident “ha sido prestado y se sigue prestando por funcionarios, como Mossos d’Esquadra, Bomberos y Policías Locales, y se ha hecho, además, de forma visible. Nunca ha sido un secreto”.

Los vuelos lo delatan

“Aquí no estamos juzgando a Escolà por acompañar a Puigdemont en su huida a Bélgica, ni tampoco por las funciones de vigilancia entre noviembre de 2017 y julio de 2018, momento en el que se le nombra asesor”, ha aclarado Ariche. Es a partir de este nombramiento, insiste el fiscal, cuando Buch y Escolà podrían haber incurrido en delitos de malversación agravada y prevaricación. Se basa en que a partir de su designación como experto en seguridad Lluís Escolà hizo hasta 18 viajes fuera del Estado, todos ellos, sospecha la fiscalía, para proporcionar “la debida protección y custodia” en la casa de Waterloo del expresident de la Generalitat. 

Lo evidencian las comprobaciones efectuadas por los Mossos d’Esquadra, que recopilaron la información de los vuelos aportada por las compañías aéreas. De hecho, el intendente Toni Rodríguez precisó el primer día de juicio que “el número de vuelos que se hicieron constar en las diligencias beneficia a Escolà, pues por su nombre compuesto fue difícil para las compañías localizarlos todos”. En cualquier caso, se pasó al menos 103 días de los 224 que ocupó el cargo de confianza fuera de España. 

Ni una foto con Buch

Además, sostiene el ministerio público, el propio Puigdemont reconoció en su libro de memorias que tenía a su disposición un servicio de vigilancia para blindarlo a él y su domicilio en Bélgica. Un argumento que la defensa de Buch, la abogada Judit Gené, ha rebatido. “El libro no dice lo que menciona el ministerio fiscal. Lo que dice es ‘que si tengo servicio de escolta o no tengo servicio de escolta, en cualquier caso se cuidan mucho de no salir en las fotos’. Pues si se cuidaban tanto de no salir, seguro que el señor Escolà no era su escolta”, ha argumentado.

Donde sí se exponía Escolà, recuerda la fiscalía, era en su perfil de Twitter, donde se presentaba como escolta del expresident. Además de las múltiples fotos recuperadas en las que se ve al mosso junto a Puigdemont -pero ninguna junto al conseller Buch, a quien en teoría asesoraba- Ariche ha leído algunos de los mensajes que posteó, antes de borrar la cuenta cuando se enteró de que estaba siendo investigado. “Somos más de los que parece y lo cuidamos”, rezaba uno de los mensajes, en referencia a los escoltas, publicados por Escolà. “Felices fiestas, president. De parte de todos sus escoltas”, decía al cortejo de Puigdemont a la que añadió: “El cartero solo ha tenido que llamar una vez porque siempre estamos”.

Ni informes ni agenda

Ariche ha añadido que en las fotos publicadas por la prensa el mosso aparece en una actitud propia de un agente que está desempeñando labores de vigilancia. Un extremo que Escolà ha negado alegando que “no tenía las condiciones físicas para hacerlo” por una lesión de espalda. Sin embargo, el ministerio público sostiene que si hizo un viaje de 18 horas en coche hasta Bélgica, cogió numerosos vuelos y estuvo de pie en actitud de vigilancia, como acreditan las imágenes, sí estaba en condiciones de proteger al expresident. "Quizás no de un ataque físico, pero sí para garantizar su seguridad e impedir que lo increpasen o se le acercasen". 

Sobre los 14 informes supuestamente elaborados por Escolà cuando era asesor y que la Consejería de Interior entregó a los Mossos d’Esquadra durante la investigación para acreditar que desempeñaba tales funciones, Ariche alega que aunque hubiese hecho "mil", este no es el motivo de su enjuiciamiento, sino la malversación de fondos públicos por haber usado su cargo para escoltar a Puigdemont. En referencia a estos documentos, que los investigadores de la policía autonómica tildaron de “pobres” e “insustanciales”, Buch ha dicho que se trataba “de notas, no de informes”, llegando a alegar que no le gusta leer para justificar al mosso. 

En cualquier caso, Ariche considera cuando menos sospechoso que pese a ser asesor de Interior Escolà no tuviese una agenda con actividades y citas programadas. Tampoco un teléfono ni fichajes en la sede de Interior. El motivo, según el exconseller, es que sus asesores podían trabajar desde cualquier lugar siempre y cuando estuviesen localizables. “No acostumbro a preguntar las coordenadas”, respondió al ser preguntado si estaba al corriente de los viajes del sargento no solo a Bélgica, sino también a las Islas Feroe y otros destinos. 

Reprimenda del fiscal a Buch y Escolà

Durante la lectura del escrito final de acusación el fiscal ha afeado a Escolà que presumiera de proteger al expresident fugado en sus redes sociales. “Como sargento de Mossos d’Esquadra debe tener un comportamiento intachable y ejemplar en todo momento” le ha reprendido el representante del ministerio público. En relación a los tuits en los que se jactaba de ser su escolta, el fiscal ha argumentado “¿Podría un mosso alardear de que consume marihuana en sus redes sociales? No es un delito, pero hombre, si sus compañeros están luchando contra este fenómeno sería cuando menos extraño, anómalo y estaría fuera de lugar”.

“¿Se puede alardear entonces de prestar seguridad a una persona en rebeldía, sobre el que pesaba además una requisitoria del Tribunal Supremo?”, le ha espetado el fiscal, que ha denunciado que tanto el exconseller de Interior Buch como el sargento Escolà “han producido un grave daño reputacional al cuerpo de Mossos d’Esquadra”, y que este hecho debe ser tenido en cuenta por el tribunal a la hora de emitir una sentencia.

52.000 euros de despilfarro

Por estos hechos la fiscalía ha ratificado su petición de condenar al exconseller Miquel Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación  agravada y prevaricación. Para Escolà solicita cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación absoluta y 10 años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por los mismos delitos en calidad de cooperador. 

Además, el ministerio público calcula que los servicios de escolta del sargento en el extranjero tuvieron un coste que asciende a los 52.712 euros, que ahora reclama a los dos acusados en concepto de responsabilidad civil.