El mosso que escoltaba a Puigdemont justifica su labor como asesor con informes “insustanciales”

Lluís Escolà, el sargento de Mossos d’Esquadra procesado por presuntamente haber prestado seguridad al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el extranjero mientras cobraba como asesor de la Consejería de Interior, justificó su trabajo con 14 informes “insustanciales, pobres y llenos de errores”, según la policía autonómica. 

Así lo expuso durante la primera sesión del juicio en la sección 2 de la Audiencia Provincial de Barcelona el intendente del cuerpo autonómico al frente de la investigación, que recordó que desde la Consejería de Interior, encabezada en aquel momento por el conseller Miquel Buch -procesado también en esta causa- se aportaron 14 informes que se atribuyen a Escolà. Algunos de ellos, precisó, fueron presentados en fechas en las que el sargento ni siquiera se encontraba en España.

La actividad en redes sociales, clave en el proceso

¿Cómo lo saben? Porque el acusado era “muy prolífico” en redes sociales, en las que su actividad se agudizó tras ser nombrado asesor. En sus perfiles él mismo se presentaba como escolta en activo del expresident y compartía imágenes de los lugares en los que se encontraba.

Además, los Mossos apuntalaron esta información con los datos aportados por las compañías aéreas sobre sus vuelos y con los artículos y fotos publicadas en prensa. 

Sin conclusiones ni base científica

El miércoles también declaró en calidad de testigo un subinspector de Mossos d’Esquadra, que añadió que no se pudo recopilar más documentación que acreditara su labor como asesor más allá de estos 14 informes, entregados en papel, un formato que “no permite ningún tipo de trazabilidad”. Los investigadores no pudieron rastrear el origen de estos informes, ni tampoco el momento real en el que se efectuaron las entregas. 

Sólo dos de ellos fueron remitidos por correo electrónico, uno de los cuales incluía en su pie la firma del Jefe de Gabinete del conseller Buch en aquel momento, pero no la de Lluís Escolà. Además, este segundo testigo ha descrito los informes como “copias de artículos y publicaciones de internet, sin base científica” y que carecían de conclusiones.

No existen fichajes en la sede de Interior

La fiscalía considera que la plaza de asesor creada por la Consejería de Interior en julio de 2018, tras la detención de Puigdemont en Alemania, fue hecha a medida para que el mosso pudiera proteger al expresident, con quien mantenía una estrecha relación, en el extranjero. El Ministerio Público se apoya en que, tras su designación como asesor, nunca fichó en el Palauet.

Así lo ha acreditado también el intendente de Mossos d’Esquadra, que señaló que Escolà ni siquiera acudió a su nombramiento porque se encontraba en el extranjero desempeñando servicios de protección para Puigdemont. Los investigadores tampoco pudieron constatar que tuviera una agenda, ni citas en el desempeño de su trabajo. Tampoco que enviara correos electrónicos, que tuviera contacto con órganos de otros países o que se logueara en el sistema. De hecho, durante los tres primeros meses como escolta, Escolà no tuvo ni ordenador ni teléfono.

Encajaba en el puesto

A preguntas de Isabel Elbal, defensa del mosso procesado, el intendente reconoció que en el marco de la investigación no se pudo comprobar que el resto de asesores ficharan en la sede de la Consejería de Interior y que tampoco se conoce cuánto tardaron en darles a ellos las herramientas necesarias para trabajar. Por eso, ha precisado, no hay “elementos para descartar” que Escolà cumpliese con sus funciones como asesor mientras viajaba. Lo que sí ha quedado acreditado es que, al menos la mitad del tiempo que ocupó el puesto, estuvo en el extranjero. 

En la vista también declaró en calidad de testigo Pilar Sorribas, la entonces directora general de Función Pública de la Generalitat. Precisó que, tras revisar varios técnicos la propuesta de Interior para Escolà, “no hubo objeciones”. Además, añadió que la plaza no fue creada ex profeso para él, sino que ya existía “pero se tenía que definir”. Ha defendido que tampoco supuso un aumento de presupuesto porque, para habilitarla, se suprimieron dos plazas vacantes de funcionarios y nunca se sobrepasó el límite de personal eventual permitido para cada departamento.

La novena silla

A preguntas de Judit Gené, defensa de Buch, Sorribas precisó que un asesor, cargo que desempeñaba Escolà, no puede ocuparse de tareas que correspondan a un funcionario, como hacer informes técnicos. Esto encajaría en lo declarado por los agentes, que precisaron que los 14 informes eran poco precisos y no especializados. 

Aún así, la fiscalía trata de probar que la plaza que ocupó Escolà fue creada a su medida. Se basa en que, tras la constitución del Govern el 1 de junio de 2018, el conseller Miquel Buch nombró a cinco asesores eventuales en su Consejería, para añadir otros tres más en fecha del 13 de junio. En total, nombró a ocho asesores, pero dejó una novena silla vacía, que no se ocupó hasta el 18 de julio -un mes después- con el nombramiento del mosso.

Se incorporó el mismo día de su nombramiento

Hasta ese momento, como la novena silla -que pertenecía a Presidencia, pero que estaba cedida a Interior- se había quedado vacía, Presidencia acordó retirarla. La Consejería de Buch pidió recuperarla y en fecha del 20 de julio de 2018 se anunció la contratación de un experto en Sistemas de Seguridad: el sargento Lluìs Escolà.

Cabe destacar que en aquel momento el sargento se encontraba expedientado por la División de Asuntos Internos (DAI), después de una investigación que concluyó que asistió a Puigdemont en su huida a espaldas del cuerpo policial autonómico, motivo por el que fue trasladado a la comisaría de Martorell. Sin embargo, nunca acudió a su puesto de trabajo porque encadenó vacaciones, libranzas, días moscosos y bajas médicas. En la fecha de su nombramiento como asesor solicitó el alta médica. 

Piden seis años para Buch

La fiscalía sospecha que este cargo, de libre designación, fue una argucia de Interior para que Escolà pudiese seguir actuando como escolta de Puigdemont en el extranjero, después de que del Ministerio de Interior se negara a que los Mossos d'Esquadra lo protegieran. 

Por estos hechos solicita condenar a Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y para Escolà, que había sido jefe operativo de la unidad de escoltas de presidencia durante el mandato de Puigdemont, pide cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación como cooperador necesario.