La declaración del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha comparecido en calidad de testigo desde Bélgica por videoconferencia en el juicio al exconseller de Interior Miquel Buch, ha sido interrumpida por la ausencia de un traductor francés-catalán. Han sido las funcionarias de justicia belgas quienes han cortado la comparecencia de Puigdemont para reclamar la presencia de un intérprete, alegando la "necesidad", de acuerdo con el procedimiento judicial de ese país, de entender lo que estaba explicando. "Pero nosotros le entendemos perfectamente", replicó el presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, que finalmente se ha visto obligado a aplazar la declaración del expresident.
Antes de esta interrupción, Carles Puigdemont ha reconocido, en la misma línea que expusieron los investigadores el primer día de juicio, que tenía una estrecha relación con el sargento de Mossos Lluís Escolà, procesado por presuntamente ejercer como su escolta en el extranjero. "Además de un amigo", ha añadido el expresident, "es un patriota que me ha acompañado bastante tiempo".
Buch, contra las cuerdas
La fiscalía investiga si el exconseller de Interior Miquel Buch puso escolta al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cuando ya se encontraba fugado en Bélgica tras la aplicación del artículo 115. En concreto, la acusación pública sostiene que el exconseller nombró como asesor de su Consejería al sargento de Mossos d’Esquadra Lluís Escolà para que, en realidad, se ocupara de las tareas de vigilancia y protección del expresident en el exterior entre julio de 2018 y marzo de 2019, periodo en el que cobró más de 52.000 euros de las arcas públicas.
El primer día de juicio el intendente de Mossos d’Esquadra encargado de dirigir la investigación, Toni Rodríguez, aseguró que Escolà ayudó a Puigdemont en su huida y que lo hizo de espaldas al cuerpo policial autonómico, lo que generó una enorme “incomodidad”. Por este motivo fue investigado por la División de Asuntos Internos (DAI), expedientado y sancionado, siendo trasladado del Área de Escoltas a la comisaría de Martorell, un destino que nunca ocupó porque encadenó bajas médicas, libranzas y vacaciones.
La dudosa actividad de Escolà como asesor
Durante ese tiempo, Escolà viajó en diversas ocasiones a Bélgica, Alemania, islas Feroe y otros destinos acompañando como escolta a Carles Puigdemont, como él mismo reconoció en sus redes sociales. En julio de 2018, un mes después de que Buch nombrara a sus asesores de libre designación y ocupara todas las sillas menos una, se creó una plaza de experto en seguridad, que fue asignada a dedo a Escolà.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que Escolà no desempeñó las tareas de asesor. Se basa en que el sargento no pasó por la sede de la Consejería de Interior ni siquiera el día de su nombramiento, no tenía citas en su agenda y no consta ninguna actividad más allá de 14 informes “muy pobres” y de dudosa autoría, según los Mossos, remitidos por Interior. En lugar de ocuparse de estas tareas, Escolà habría estado acompañando a Puigdemont mientras cobraba del erario.
La postura de Escolà
Durante el juicio, la excúpula de la Consejería de Interior rompió una lanza a favor del que fue su conseller, asegurando que el nombramiento de Escolà no solo se hizo de la forma adecuada sino que el mosso acudió varias veces a la sede y que estaba operativo tanto presencialmente como por teléfono. El exdirector general de los Mossos d'Esquadra Andreu Joan Martínez, el exsecretario general de la Conselleria d'Interior Brauli Duart y el exjefe de gabinete de este departamento Pere Ferrer dijeron desconocer que Escolà hacía tareas de vigilancia en el exterior.
Sin embargo, en el juicio se han mostrado varias imágenes en las que se ve a Escolà en Bélgica, acompañando al expresident de la Generalitat, en una postura que los investigadores ven compatible con una “actitud de vigilancia”. En el otro extremo, los testigos de parte, entre los que figura la expareja de Escolà, han expresado que el mosso adopta esta posición en su vida cotidiana “por defecto, de forma intuitiva y sin pensar”, tras más de una década desarrollando tareas como escolta.
Seis años para Buch
Por estos hechos piden para Buch seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y para Escolà, que había sido jefe operativo de la unidad de escoltas de presidencia durante el mandato de Puigdemont, pide cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación como cooperador necesario.