El Supremo confirma la inhabilitación del 'exconseller' Bernat Solé por el 1-O

Confirmado. El exconseller de la Generalitat Bernat Solé (ERC) deberá estar un año sin ejercer cargo público. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de inhabilitación especial y la multa de 16.800 euros por desobediencia grave contra el extitular de Acción Exterior por facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Agramunt (Lleida) cuando este era alcalde del municipio.

Los magistrados han desestimado todos los motivos del recurso de casación presentado por Solé contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó por esos hechos en enero del 2021. De este modo, la sala sostiene que Solé desoyó la orden del Tribunal Constitucional (TC) de impedir el referéndum de independencia del 2017 y que participó de forma "activa y decidida en el desarrollo y buen fin" de esa consulta, asumiendo "responsabilidades logísticas" durante la jornada de votación.

"Se negó" a impedir el referéndum

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, Solé recibió la notificación oficial para que impidiese la consulta en Agramunt. Sin embargo, desarrolló una activa participación en la promoción, la organización y la celebración de ese referéndum. En concreto, añade, dictó un decreto de alcaldía en el que puso a disposición de la Generalitat el local utilizado habitualmente en los procesos electorales del pueblo y cedió un espacio municipal para un acto promocional del 1-O, en el que participó como orador.

De este modo, "consumó" la desobediencia desde el momento en el que "se negó abiertamente a dar cumplimiento a un mandato del Tribunal Constitucional, emitido dentro del ámbito de sus competencias y revestido de las formalidades legales", en referencia a la orden de impedir el referéndum.

"Riesgo" de reincidir

Asimismo, el Supremo defiende la duración de la inhabilitación --por la que protestó Solé-- en que si accede a otro cargo público se corre el "riesgo de posibilitar que se reiterara en esa conducta delictiva".

Por último, "el condenado, además de aprovechar su condición de alcalde para la comisión del delito, se valió de la de diputado del Parlament para incidir en tal comisión", concluye. Solé fue nombrado consejero de la Generalitat en marzo del 2020 y ejerció como tal hasta mayo del 2021.