Menos presión fiscal y ayudas a las empresas, las exigencias del PSC a Aragonès

Reducción de la presión fiscal a las familias, aumento de las ayudas a las empresas o más inversión en la transición energética son algunas de las medidas que el PSC propone para hacer frente al alza de precios y que requieren de la aprobación de unos nuevos presupuestos de la Generalitat para 2023. Se trata de un paquete de iniciativas que los socialistas, liderados por Salvador Illa, quieren presentar al presidente, Pere Aragonès, en una próxima reunión.

Patronales, sindicatos, entidades sociales y partidos políticos coinciden en la necesidad de que se aprueben las cuentas de la Generalitat de 2023. Una prórroga, aseguran, impediría hacer frente a la actual situación de incertidumbre económica, alta inflación y carestía energética derivadas de la guerra en Ucrania. Aragonès, que ahora gobierna en solitario tras la salida de Junts per Catalunya (JxCat) del Govern, carece, hoy por hoy, de la mayoría parlamentaria suficiente para dar luz verde a unas nuevas cuentas.

Y aunque se resista a ello, porque Oriol Junqueras no desea tener al PSC como aliado, el republicano no tiene más remedio que intentarlo con los socialistas, quienes tienen muy bien definidas cuáles son las medidas que el Govern debería aplicar: el plan de choque contra el aumento de precios que Salvador Illa presentará en la reunión que mantenga con Aragonès.

“Este es un plan que evidentemente necesita de nuevos presupuestos y al que el jefe de la oposición se comprometió para incrementar la cobertura del anunciado por el president. Se lo hará llegar en la reunión que tengan próximamente”, explica a Crónica Global el portavoz adjunto de PSC-Units Raúl Moreno.

Deducción fiscal para hipotecas

En ese plan, que el gobierno alternativo del PSC ha aprobado y se une a otros proyectos sectoriales, se contempla una deducción fiscal de 100 euros para las familias con hipoteca en el tramo autonómico del IRPF --se calcula que hay 530.126 beneficiarios potenciales-- para ingresos inferiores a 30.000 euros --47.000 euros en declaraciones conjuntas--. Los socialistas también proponen una ayuda autonómica dirigida a familias con hipoteca, donde la suma de las rentas de las personas que convivan en el mismo domicilio obtenidas en 2022 sea inferior a los 14.000 euros brutos al año.

Foto de archivo de una manifestación contra la pobreza energética / EFE

En el ámbito empresarial, los socialistas proponen un incremento de la inversión en energías renovables y medidas de fomento con la finalidad de llegar a los objetivos marcados por Europa. “Es urgente que el Govern levante las barreras que impiden el despliegue de tecnologías asequibles, seguras y sostenibles, y agilice la transformación del modelo energético”, afirma el plan de choque del PSC.

Empresas y autónomos

Este partido también considera necesarias ayudas a empresas y autónomos más afectados. “Muchas empresas están teniendo problemas de liquidez y solvencia debido al aumento de los costes de la energía (gas, electricidad y petróleo), problemas de suministros y la obligación del retorno de los créditos ICO otorgados durante la pandemia”. En las conversaciones mantenidas por el PSC con las pymes catalanas de distintos sectores “se ha constatado que las dificultades son transversales”.

Por eso se propone “una convocatoria de ayudas directas y urgentes --cuantificadas en 300 millones--, priorizando aquellas empresas más afectadas en sus márgenes de beneficios por las variaciones en los costes de sus abastecimientos y por los precios de venta sus productos y servicios”. En cuanto al sector de la agricultura, la ganadería y pesca, los socialistas prevén medidas fiscales excepcionales. “Es necesario revisar la presión fiscal de las empresas del sector con el objetivo de reducirla, acordando exenciones, bonificaciones o moratorias en su aplicación mientras los efectos del conflicto sigan, prorrogando, por ejemplo, la bonificación vigente en las tasas de pesca”.

Bonificación del impuesto sobre emisiones

Además, se pide bonificar el 100% del impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades agroindustriales y ganaderas. “Teniendo en cuenta que la recaudación por este impuesto fue de 900.000 euros en 2020, y que las industrias agroalimentarias son una parte de los sujetos pasivos del impuesto, la incidencia en la recaudación del Gobierno será poco significativa y, sin embargo, el efecto en los productores puede ser importante”.

Las medidas que Illa presentará al president para hacer frente al aumento de precios están presupuestadas en 848 millones e incluyen la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un nuevo mapa de prestaciones sociales, el mantenimiento de incentivos al uso del transporte público o la creación de un fondo de contingencia para los ayuntamientos, así como “fortalecer el diálogo permanente entre las empresas, autónomos y familias, y el conjunto de agentes sociales. Es importante que ante la crisis que estamos sufriendo podamos monitorear las consecuencias económicas que están afectando a empresas, autónomos y las familias, para tomar las medidas más adecuadas en cada momento”, afirman los socialistas.