Los presupuestos del Govern congelan por quinto año la Renta Garantizada de Ciudadanía

Se trata del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), un baremo con el que se calcula la Renta Garantizada y otras prestaciones como las becas comedor y las ayudas de acceso a la vivienda. Desde su instauración hace diez años, este índice se ha mantenido en los 569 euros con un reparto anual de 14 pagas para los beneficiarios individuales. En el caso de la RGC, la cantidad se eleva a 664 euros ya que se distribuye en 12 pagas.

Una ayuda devaluada

Los efectos de esta congelación son palpables. Sin una revalorización del IRSC, la cuantía de la Renta Garantizada en 2022 tendrá el mismo valor que cuando entró en vigor en 2017. "Este hecho es muy grave ya que devalúa el acceso a la transferencia. Para percibir la Renta Garantizada, se debe demostrar durante dos meses que los ingresos son inferiores a 664 euros, pero con la evolución de los salarios durante la última década se complica el acceso para muchas personas", explica Diosdado Toledano, portavoz de la comisión promotora de esta prestación contra la pobreza severa.

Los datos de la propia Consejería de Derechos Sociales así lo atestiguan. Entre enero y septiembre de 2021, solo el 36% de las nuevas solicitudes presentadas cumplían los requisitos de la normativa. La primera causa de desestimación fue la superación del umbral de ingresos fijado por ley. Los presupuestos diseñados por el consejero Jaume Giró no han solventado esta situación. Ello pese a que una moción aprobada en febrero de 2020 instó a reflejar los cambios del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre el marcador.

El Banco de Alimentos de Barcelona, cuyo trabajo ha incrementado al crecer el riesgo de pobreza o exclusión social / EP

Promesas incumplidas

Como recuerda Toledano, "esta obligación hubiese comportado un incremento sobre el IPC acumulado durante la última década cercano al 15%". En su lugar, cuando el Govern aprobó los presupuestos de 2020 pasó de este mandato parlamentario. Se decantó por adecuar el IRSC a las alzas del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), su homólogo a nivel nacional para la concesión de ayudas.

Pero este criterio, introducido en la disposición adicional 17 de las cuentas de 2020, tampoco se cumplió. "En ese caso debería de haberse subido el IPREM el 7,5%, que correspondería a un 5% de los presupuestos generales del Estado del año pasado más otro 2,5% anunciado posteriormente por el Gobierno", explica el activista. 

Tareas pendientes

La última vuelta de tuerca ha llegado con el proyecto de ley que se dio a conocer el pasado martes. Los presupuestos del próximo ejercicio reproducen la misma previsión de actualización en base al IPREM en la misma disposición. "Cuando se estableció por ley en 2006 el IRSC, tras un acuerdo entre los agentes sociales y las fuerzas políticas, se estableció que debía actualizarse. Esta promesa se ha incumplido", sentencia Toledano.

La experiencia de gobierno lleva a algunos agentes sociales a desconfiar del aumento previsto en los presupuestos. Máxime, cuando todavía debe complementarse el cobro de la Renta Garantizada con el del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es lo que señala Enriqueta Durán, secretaria de políticas sociales de UGT en Cataluña. "Bienvenidas estas aportaciones económicas, pero con la Renta Garantizada y el ingreso mínimo vital todavía estamos sin armonizar las dos rentas. Con referencia a la RGC en estos momentos creemos que hay que incorporar más colectivos en situación de vulnerabilidad que hoy no están contemplados y se deberían incluir y cambiar o flexibilizar algunos de los requisitos", declara.

Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña y en el conjunto del país / EP

Récord en pobreza

Una falta de diligencia que ha redundado en unos niveles récord de pobreza en Cataluña. Tal y como publicó este medio, la comunidad presenta las peores cifras de los últimos diez años, con un importante aumento en el año previo al Covid [como se muestra en el gráfico superior]. Así lo demuestra también el indicador AROPE que monitoriza el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual ésta aumentó 2,7 puntos en la región hasta alcanzar el 26,3% en 2020.

Otro dato demoledor. Según el Idescat, aproximadamente medio millón de catalanes sufren carestías severas que los sitúan al borde de la pobreza. Pero a su vez, la comisión de seguimiento de la Renta Garantizada reconoce que 169.570 ciudadanos perciben actualmente la transferencia. Es decir, solo el 30% de la población más necesitada en Cataluña accede a la medida concebida para paliar su situación. Un baño de realidad para las aspiraciones de los presupuestos sociales del Govern.