Así alertan de las trampas del Govern para promocionar la inmersión en el exterior
La denuncia de un profesor de la Northumbria University sobre el conflicto de intereses de articulistas vinculados a la Generalitat destapa los últimos intentos de internacionalizar el 'procés'
7 septiembre, 2022 00:00Cinco años después del gran desafío independentista, quedan algunos rescoldos procesistas. Sobre todo en lo que respecta a la llamada “internacionalización del conflicto”. Académicos vinculados al Govern han publicado durante este tiempo artículos en diferentes revistas científicas favorables a la causa independentista o a la inmersión lingüística. Lo han hecho incurriendo en un conflicto de intereses que el coordinador de Foro de Profesores, Carlos Conde, profesor de Historia en la Northumbria University (Reino Unido), denunció en una serie de cartas. Misivas a las que ha tenido acceso Crónica Global y que le han valido durísimas críticas por parte de medios secesionistas, que le acusan de querer censurar los escritos de los articulistas.
En las cartas, enviadas a lo largo de este año, no se solicita la retirada de los escritos, sino la inclusión de las vinculaciones de los autores con la Generalitat o con las entidades secesionistas que han apoyado el procés y su proyección internacional, como Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
La reacción de sectores del independentismo y de politólogos afines a los articulistas fue muy intensa y culminó por una denuncia de los eurodiputados de ERC Jordi Solé y Diana Riba, ante la Comisión Europea. Ambos secesionistas aludían a la “persecución académica por motivos ideológicos” contra “investigadores catalanes”.
Código ético
“El código ético --recuerdan desde Foro de Profesores, entidad transversal que agrupa a más de 400 académicos y profesores-- obliga a declarar estos conflictos para ayudar a los lectores a separar la ciencia de la ideología”.
Se preguntan: “Si tales afiliaciones no constituyeran ningún conflicto, como defienden los académicos y políticos oficialistas, ¿por qué no declararlas a los peritos y a los comités editoriales? ¿A un lector imparcial de un texto académico sobre secesionismo catalán podría llegar a interesarle el dato de que el autor trabajó directamente para Carles Puigdemont? ¿O que forma parte de una entidad dependiente de la Presidencia de la Generalitat? ¿Podría resultarle de interés saber que el autor de un estudio sobre política lingüística es parcial o incluso directamente responsable de dicha política?”. Foro de Profesores apoya las advertencias realizadas por su coordinador a diferentes revistas científicas.
Lengua y secesionismo
Por ejemplo, el pasado febrero, Carlos Conde se dirigió a los responsables de Party Politics tras la publicación de un artículo de Marc Sanjaume-Calvet y Elvira Riera-Gil sobre lengua y secesionismo. El profesor avisaba del sesgo ideológico que estos autores, pero sobre todo avisaba de que Sanjaume-Calvet es asesor del Institut d’Estudis d’Autogovern, “un organismo político subordinado al gabinete del presidente de la Generalitat de Cataluña, liderado por la secesionista Esquerra Republicana de Catalunya. Su titular es Pere Aragonès, un político independentista que primero saltó a la fama como parte de la campaña ‘España nos roba’”. Sanjaume es miembro de Òmnium, mientras que Riera-Gil “trabaja en los departamentos de Política Lingüística del Govern desde 1991”. Este artículo hace un balance favorable de las políticas lingüísticas de la Generalitat.
El editor de Political Studies respondió a las quejas del historiador sobre el perfil político de Tània Verge, consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, responsable de un artículo sobre políticas de género, asegurando que este trabajo “fue presentado, revisado y publicado antes de que la autora asumiera su cargo actual en la Generalitat, por lo que este caso no requiere nuestra atención adicional. El documento estuvo sujeto a nuestro riguroso proceso habitual de revisión”.
Conde responde que Verge fue asesora política de la Generalitat antes de su nombramiento como consellera, “y esto está ampliamente documentado”. También reprocha el intento de Verge de subestimar las iniciativas del Gobierno, mientras ensalza las de la Generalitat, a pesar de que “el Parlamento de España lidera a Europa en términos de igualdad de género".
Brutalidad policial
En la revista Ethnicities escribe Sergi Morales-Gàlvez, líder de ERC en El Prat del Llobregat y defensor de las políticas lingüísticas del Govern, y Daniel Cetrà. En Political Science Research and Methods, el artículo versa sobre la actuación policial en el referéndum del 1 de octubre de 2017 e incluye datos, avisa Conde a los responsables de la publicación, extraidos de www.catmemoria.cat, un sitio web de activistas secesionistas “que fue creado ad hoc para desacreditar a las instituciones de España” y “demostrar que la policía actuó con brutalidad". "Esta fuente no explica cómo se recopilaron o trataron los datos. No comparte ninguna información sobre ninguna de las personas involucradas en la recopilación de datos o la organización detrás de ella. Hay una falta total de transparencia”, indica.
Los autores afirman haber extraído datos sobre la “brutalidad policial” de un artículo inédito de Carmina Altesa Amils (Altesa 2017 en el artículo), “maestra de secundaria y activista independentista radical, muy activa en Twitter como @NiOblitNiPerdo3 por difundir información errónea y propaganda (principalmente sobre Cataluña, pero recientemente también a favor de Rusia)”.
En Nations and Nationalism vuelve a salir Elvira Riera-Gil, en este caso como autora de Derechos y deberes lingüísticos de los inmigrantes y la identidad nacional en Cataluña: entre la acomodación y la transformación. En la misma sección temática de la publicación se incluye otro artículo de Sergi Morales-Gálvez titulado ¿Hablar la(s) lengua(s) propia(s) es un derecho?. El autor “defiende que los inmigrantes sólo tienen derecho a utilizar su lengua en el ámbito privado, teniendo en cuenta fundamentalmente que los hablantes de castellano (la lengua mayoritaria de Cataluña) deben ser considerados inmigrantes a tal efecto”, denuncia Conde en su carta.