Dice la ministra de Educación, Pilar Alegría, que el Gobierno no va a instar a la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% del horario lectivo de las escuelas en castellano, a pesar de que el plazo para su cumplimiento ha vencido hace días.

Dice la señora Alegría que no es asunto suyo y que es el TSJC el que ha de responder al recurso del Govern. Ese en el que considera que con la iniciativa para reformar la ley de política lingüística sin concretar porcentajes ya vale.

Las entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña están que trinan. No me extraña. Por supuesto que es asunto del Gobierno instar a la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC. De hecho, el Gobierno es quien más legitimado está para ello, pues fue él, a través de la Abogacía del Estado, quien inició –en tiempos del Ejecutivo del PP– el proceso que culminó con el dictamen que ahora se niega a acatar la Generalitat.

Alegría va camino de convertirse en una de las peores ministras de Educación de la historia de España. Y eso que la competencia para hacerse con ese honor es considerable. Pero es que, pese a los pocos meses que lleva en el cargo, la aragonesa empieza a acumular demasiados menosprecios hacia los catalanes no nacionalistas, a los que deja tirados cada vez con más frecuencia.

En octubre pasado, por ejemplo, la ministra calló de forma sorprendente cuando la Alta Inspección Educativa en Cataluña dijo que no podía hacer nada pese a los informes de la AEB que demostraban el sesgo nacionalista de los libros de texto utilizados por los escolares.

Cerrar los ojos ante pruebas documentales tan evidentes del adoctrinamiento nacionalista en las escuelas catalanas la convertía en cómplice de la manipulación, pero algunos la exculpaban entonces porque el Gobierno necesitaba el apoyo de los secesionistas para aprobar los presupuestos.

Hoy, sin embargo, las cuentas públicas ya están aprobadas, y Alegría vuelve a dejar en la estacada a los padres que defienden una educación bilingüe para sus hijos.

Pero los nacionalistas no deberían hacerse demasiadas ilusiones. La sentencia del 25% se aplicará, les guste o no. La inacción del Gobierno solo servirá para retrasar su ejecución. Y ya veremos si eso es así, pues 1.643 familias ya han solicitado al TSJC que aplique la sentencia cuanto antes.

Y de hecho, ya se está aplicando en el casi medio centenar de colegios en los que la propia Generalitat admite haber acatado sentencias en las que les obligaba a impartir el 25% del horario lectivo en español.

En concreto, y según datos que ha filtrado el Govern en los últimos días, durante la etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat, con Irene Rigau como consejera de Enseñanza, 14 centros se vieron obligados a adaptar sus proyectos lingüísticos para hacerlos bilingües. Con Puigdemont, seis colegios asumieron el 25% en castellano (cinco con Meritxell Ruiz y uno con Clara Ponsatí al frente de la consejería). Durante la aplicación del 155, dos colegios se adaptaron a la legalidad. Con Torra (y Bargalló como consejero) 12 escuelas aplicaron el 25% en español. Tras su destitución (con Aragonès como presidente interino y Bargalló como consejero) una escuela acató otra sentencia sobre bilingüismo. Y con Pere Aragonès como presidente autonómico y Josep Gonzàlez-Cambray como consejero de Educación, nueve colegios han aplicado sentencias que ordenaban impartir el 25% en castellano.

Así las cosas, por mucho que se ponga de perfil la ministra Alegría, el bilingüismo se abrirá paso en la educación catalana más pronto que tarde. Y su indolencia y displicencia ante los atropellos que sufren los catalanes castellanohablantes solo servirá para que su nombre se sume a la lista de la ignominia de todos aquellos que le hicieron el caldo gordo a los nacionalistas a cambio de un cochino puñado de votos.