Las municipalizaciones que siembran el caos en Vilanova i la Geltrú

El empeño del Ayuntamiento de Vilanova i la Getrú (Barcelona) por municipalizar servicios de la ciudadanía causa estragos. La decisión de traspasar la limpieza viaria, hasta ahora en manos de la empresa privada Valoriza, a la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú ha desatado una huelga indefinida en la brigada municipal.

El despido de 16 empleados del servicio, sumado al empeoramiento de las condiciones de trabajo, son los motivos esgrimidos por los sindicatos para una movilización que se suma a otros dos conflictos abiertos: la polémica por el contrato de la recogida de basuras puerta a puerta y la municipalización fallida de los cuidados de jardinería que ha derivado en una licitación cuestionada. Estas medidas han sido impulsadas por la concejal de medio ambiente Marta Jofra, una política díscola de la CUP que se negó a salir del gobierno de coalición con ERC. 

Precarización laboral

En el caso de la limpieza viaria, fuentes sindicales subrayan la precarización de la plantilla a raíz del cambio de titular. En concreto, citan la congelación salarial ordenada durante los próximos ocho años y la aplicación del convenio sectorial a los nuevos efectivos que, por tanto, cobrarán menos que los antiguos asalariados de Valoriza subrogados por la empresa pública de aguas.

"Cuando los trabajadores estaban empleados por Valoriza tenían mejores condiciones y sueldos que ahora bajo la empresa pública. Prometieron una mejora que no se ha cumplido", ha denunciado Jesús González, secretario general de la federación de hábitat de CCOO en el Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia y Garraf. Los barrenderos han iniciado una recogida de firmas y llevarán su caso ante la justicia.

Huelga de basuras en Vilanova i la Geltrú / JESÚS PRIETO

Al paro... y sin paro

Por otro lado, el consistorio no ha subrogado a toda la plantilla de Valoriza. De los 73 operarios contratados por la privada, la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú tan solo ha absorbido 57 trabajadores. Además, los 16 empleados que han visto extinguido su contrato de trabajo no percibirán el paro puesto que la comunicación remitida por Valoriza sostiene que han sido subrogados por el nuevo titular. Por tanto, administrativamente no han sido despedidos. Quedan de este modo en un limbo burocrático que les impide solicitar la prestación por desempleo.

El portavoz del grupo socialista en el municipio, Juan Luis Ruiz López, señala que el interventor ya "puso en duda la viabilidad económica de la operación", motivo por el cual el PSC no respaldó la medida.

Posición del consistorio

De hecho, un portavoz del propio consistorio incide en que el acuerdo de internalización se hizo sobre 57 empleados, aunque destaca un intento de diálogo frustrado con el comité de empresa para absorber a 65 empleados. En la diferencia de cifras está parte del actual conflicto laboral.

El mismo portavoz sostiene, a diferencia del regidor Ruiz López, que el interventor no consideró que fuese inviable la operación, "sino que hacía falta aumentar el presupuesto municipal para asumir una equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de Valoriza con los trabajadores del ayuntamiento". Por lo demás, Jofra ha asegurado que el nuevo servicio "comportará un cambio importante en la calidad de la limpieza de la ciudad y que con más mecanización y más vehículos se notará la mejora en la calle".

Otros fiascos

Pero Juan Francisco García Crespín, portavoz de servicios públicos de UGT, subraya que el equipo de gobierno local liderado por ERC aceptó una quita de empleados, de 73 a 57, planteada por el interventor precisamente para cuadrar los números y así salvar la municipalización.

Este empeño en pasar de un modelo de concesión de servicios a una internalización, cuya base es ideológica, se traslada a otras importantes actividades locales. En el caso del servicio de jardinería, los trabajadores ya han anunciado que impugnarán el concurso en vigor por no respetar la jornada laboral de 35 horas tal y como se prometió en 2019.

Suspensión de la recogida puerta a puerta

Por otro lado, la implantación de la recogida de basuras puerta a puerta fue suspendida cautelarmente en octubre del año pasado por el Tribunal Catalán de Contratos Públicos tras una intensa huelga de los trabajadores.

No lo frenó la pugna laboral, sino los problemas detectados en la tramitación del expediente. Precisamente, el trabajo de fiscalización que realiza este órgano de mediación que tiene voz y voto en toda la licitación pública de la comunidad.